Las últimas semanas han sido de anuncios para el Ministerio del Interior (MI). Primero, se hicieron públicas las cifras de delitos, en las que se constató un aumento de 25,2% en los homicidios durante 2022, en comparación con 2021; luego, el ministro Luis Alberto Heber anunció un plan, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que consiste en poner a personas que hayan estado privadas de libertad como “intermediarios” en conflictos territoriales o con grupos delictivos por tener “un nivel de comunicación y léxico diferente” al que puede tener la Policía.
El plan, sostuvo Heber en su momento, ha sido probado “con éxito” en distintas partes del mundo y se financiará con dos millones de dólares de los diez que aportará el BID; sin embargo, desde varias tiendas se despertaron críticas no sólo al contenido, sino a la forma del anuncio.
Entre los críticos se encuentra Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI y uno de los referentes del Frente Amplio en temas de seguridad, quien este viernes en el programa Doble click, de FM DelSol, sostuvo que el plan es “antipolicía”, puesto que “para resolver los homicidios confía en exdelincuentes” y no “en los profesionales de la seguridad”, lo que según Leal “ha desmoralizado a la Policía”, contrario a “ese respaldo que decían hacer”.
“Nadie consultó a la Policía, ni a los sindicatos policiales, ni a los mandos, sobre esta idea”, sostuvo, y recordó que el director nacional de Policía, Diego Fernández, envió un audio a distintos jefes para que no se hablara del tema, según Leal, “para evitar mayor confusión con un anuncio que se hace en un programa de televisión a la mañana, luego de el día anterior haber presentado los datos oficiales”.
La forma en la que se hizo el anuncio es justamente algo en lo que el exjerarca insistió, no sólo por el hecho de que la Policía se entere “por televisión de una cosa de ese tipo”, sino por tratarse de “un planteo tan confuso que ha ido por partes, pero cada vez que se aclara, oscurece”.
“Hay una perplejidad enorme porque además de no confiar en la Policía, desmoraliza y en parte los denigran con un argumento de que es que la Policía la que no entiende el léxico de la delincuencia”, añadió.
En relación al contenido y la metodología del plan, Leal entendió que “no es un plan adecuado para lo que se pretende”, porque “hay algunas claves a tener en cuenta”. La primera de ellas, dijo, es que “con los sicarios y con los narcos no se negocia”.
Asimismo, Leal matizó el impacto de las experiencias internacionales con este tipo de planes; señaló que “funcionó en Estados Unidos en un contexto determinado en Chicago”, pero “cuando eso se trajo a algunos lugares en América Latina, donde la base del conflicto era el narcotráfico, no funcionó”.
El exdirector también recordó que se espera que el plan comience “a implementarse en 2024, porque no está firmado con el BID y ni siquiera hay un proyecto todavía”, y criticó que se vayan “anunciando propuestas sucesivas”, como el plan para reducir los homicidios que el ministro presentó durante una sesión secreta en el Parlamento, del que “todo el mundo duda si existe o no”, según Leal. También criticó que se hiciera el anuncio de un nuevo proyecto “sin evaluar ese plan, sin señalar cuáles son los problemas que tuvo, sin hacer ajustes, sin cambiar a los responsables que lo ejecutaron”.
Al mismo tiempo, Leal criticó que no se sepa “si es una idea o es un plan del gobierno de coalición, porque de los partidos de la coalición ninguno respalda esto” y “todo el mundo pone peros”.
Las críticas de Leal se dieron en un tono parecido la noche pasada, en el programa Lado B de TV Ciudad, y uno de los fragmentos subidos a Twitter fue citado por su sucesor, Santiago González, que tildó a Leal de “mariscal de la inseguridad” y criticó que dé “lecciones de seguridad”.
“Quienes entregaron un caos de homicidios, rapiñas y hurtos, son los que nos van a salvar”, ironizó el jerarca, que agregó: “No combatieron a los narcos y a los sicarios les hicieron libros”, en referencia al libro publicado por Leal, que recoge casos de sicariato en Uruguay, mientras que “a la policía los acusaron de abusadores durante la LUC [ley de urgente consideración]”.