Gonzalo Larrosa fue director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) entre marzo de 2017 y noviembre de 2018. Fue cesado tras aportar información falsa sobre la muerte de un preso: dijo que había muerto en una riña entre personas privadas de libertad cuando en realidad había sido asesinado por un policía. Tras su cese, fue trasladado sin ningún cargo a la Jefatura de Policía de Salto. Cuando comenzó la actual gestión de gobierno, fue nombrado director del Centro de Comando Unificado. Ocho meses después pasó a ser el jefe de Policía de Flores, cargo al que renunció el miércoles 22 de marzo.
Larrosa ascendió a comisario general en este período y estuvo involucrado en un video que se viralizó, en el cual se ve a su hijo menor de edad junto a otro niño y otro adolescente practicando con armas de fuego en el polígono de la Guardia Republicana con una instructora. Si bien esto es ilegal, pues la normativa no lo permite, el Ministerio del Interior no inició ninguna investigación por el hecho.
Su nombre resonó públicamente días antes de su renuncia, porque a través de una resolución firmada por Larrosa, cuando era director del INR se resolvió que el narcotraficante Gerardo González Valencia fuera recluido en la sede de la Guardia Republicana y la gestión se mantuviera a cargo de Cárcel Central. En este marco, mediante orden judicial de la jueza Beatriz Larrieu, se autorizó que tuviera visitas conyugales un año antes de que el narcotraficante italiano Rocco Morabito fuera detenido. El INR definió que las visitas fueran en su unidad de origen: Cárcel Central. Tiempo después de la fuga el fiscal Ricardo Lackner, en ese momento a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos y ahora a cargo de la Unidad de Cibercriminalidad de Fiscalía, abrió una causa que investiga una posible asociación entre estas visitas conyugales y la fuga de Morabito, ya que se presume que al menos dos veces se cruzaron en Cárcel Central.
Sin embargo, desde el Ministerio del Interior descartaron que su renuncia tuviera que ver con estos hechos y señalaron que fue tras admitir que accedía a pedidos de traslados de presos de la diputada del Frente Amplio Susana Pereyra, quien era pareja del fallecido exministro del Interior Eduardo Bonomi. Desde la cartera afirmaron que renunció “para no interferir en una investigación administrativa que se encuentra en curso en el Ministerio vinculada a chats que el entonces director del INR recibió entre marzo de 2017 y noviembre de 2018 por parte de personas ajenas a esta Secretaría de Estado”. Según informó El País, Pereyra negó la información y “pidió que se investigue”.
Para hacer un traslado en cárceles, el trámite debe pasar por la Junta de Traslados, que evalúa condiciones jurídicas (pena), técnicas (evaluación situacional de la persona) y operativas (riesgo de fuga, sanciones, conflictos, etcétera). Si bien las Juntas de Traslados dependen de la subdirección técnica del INR, están a cargo finalmente del director del INR.
La declaración de Larrosa y los chats
Larrosa fue interrogado por José Azambuya, director de la Policía Nacional, el 3 de marzo. En este marco, tras consultarle si durante su gestión al frente del INR recibió “pedidos irregulares” de traslados de personas privadas de libertad, respondió afirmativamente e indicó que fueron de Pereyra. Larrosa entregó voluntariamente su celular, donde mostró los chats con la diputada del Frente Amplio. “Hubo más, pero yo los borré”, señaló Larrosa.
Según informó Santo y seña, los chats, a los que accedió la diaria, fueron certificados por un escribano, y hubo al menos tres pedidos, que fueron mostrados. El primero fue el 31 de julio de 2018, de un hombre que estaba preso por cuatro delitos de rapiña. Pereyra compartió los datos de esta persona y de su madre, y agregó: “Capaz que se puede realojar en otro módulo, no sé cómo viene la mano”. A lo Larrosa contestó: “Lo que se pueda hacer lo hacemos. Tengo que ver bien el caso concreto, que no arriesgue la vida del muchacho. Lo analizamos con la madre mañana mirando todas las posibilidades. Le aviso cuando termine la reunión con ella”. Pereyra agregó como dato: “Dice que no quiso sumarse a la huelga”. A lo que el exdirector del INR respondió: “Antes de juntarme con la madre, me voy munir de toda la información de la situación del hijo y luego con ella vemos el abanico de posibilidades”. “Si, claro. Es eso”, contestó la diputada. Según se consignó en el programa, el hombre estaba preso en el Comcar y tenía 13 sanciones en esa cárcel, entre ellas por encontrarle cortes, por golpes a otras personas privadas de libertad y por negarse a reintegrarse a su celda.
En otra de las conversaciones, el 16 de octubre de 2018, Pereyra reenvió un mensaje con datos de una persona privada de libertad que estaba preso por un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa y porte de armas de fuego. Junto a los datos, escribió: “Estimado, me hacen esta solicitud que te reenvío. Es hijo de policía y parece que le faltan dos meses para la libertad. Como siempre sujeto a la información que ustedes manejen que siempre es más completa que la que brinda la familia”. Según indicó la diputada en un mensaje reenviado, “en los módulos 3, 5 y 11 lo quieren picar” y “en el 4 y 6 estuvo bien”. En ese momento estaba en el módulo 8. En este caso, no tenía sanciones. “Lo hago ver el caso mañana e informo. Saludos”, respondió Larrosa, y, al otro día, mandó otro mensaje: “Buen día, Susana. Se entrevistaron con el muchacho y pidió para ir al módulo cuatro. Hoy se pasa para ese módulo”, dando por concretado el pedido que le realizaron.
El tercer pedido fue el 28 de noviembre de 2018, en el que reenvió datos de una persona privada de libertad que estaba imputada por homicidio en grado de tentativa y tenía entre sus antecedentes un delito continuado de tráfico de estupefacientes. “Estimado, podrás hacer algo con esta persona, según me dicen va a estar poco tiempo y la familia no querría que fuera al Comcar”, afirmó Pereyra. Larrosa respondió: “Hola, veo su situación y te hago una devolución. Saludos”. El hombre finalmente no fue al Comcar y estuvo privado de libertad en la Unidad 24 Pense, cárcel de Soriano. Cuatro meses después salió en libertad.
Santo y seña informó que este hombre integraba la barra brava de Peñarol y, en base a una nota de El Observador que citaron en la que se describía la estructura de la hinchada, era el líder de una de las tres facciones de la barra brava de este cuadro.
Dos días después del último pedido, terminó la gestión de Larrosa al frente del INR, tras ser cesado por mentir sobre el homicidio de un preso en el Penal de Libertad.