Un domingo de noviembre, en el marco de la visita en la cárcel de Canelones, una mujer de 26 años –que nunca había estado presa– fue detenida en la revisoría por intentar ingresar 48 gramos de marihuana, que llevaba escondidos en su vagina, para una persona privada de libertad, que está presa por agravio a la autoridad policial y que le había ofrecido 1.000 pesos por hacerlo. Lo conoció por Facebook, generaron un vínculo afectivo y él le pidió que le ingrese la marihuana.
La Fiscalía de Canelones de 1er Turno, a cargo de la fiscal Andrea Mastroianni, investiga el caso. Al día siguiente de ser detenida, la mujer fue formalizada como autora penalmente responsable de un delito de suministro de sustancia estupefaciente especialmente agravado en grado de tentativa. Se dispuso su prisión preventiva en la Unidad 5 Femenino, cárcel de mujeres de Montevideo. Seis meses después, la fiscal presentó la acusación.
La fiscal considera que no se trató de un acto preparatorio sino de un delito en grado de tentativa, porque la mujer “había comenzado la ejecución del delito y por una causa independiente a su voluntad no logró consumarlo”. Como agravante, se basó en la modificación que introdujo la ley de urgente consideración (LUC) al artículo 36 de la Ley 14.294 (ley de estupefacientes), que aumentó las penas por intentar ingresar droga a una cárcel, que pueden ir de cuatro a 15 años de prisión, e hizo que este delito sea inexcarcelable, por lo que no es posible recurrir a un régimen de libertad vigilada o libertad a prueba. Por eso, la Fiscalía presentó la acusación y pidió que la mujer sea condenada a cinco años y medio de prisión por suministro de sustancia estupefaciente especialmente agravado en grado de tentativa. La condena será resuelta en un juicio oral.
La defensa en este caso está a cargo de Virginia Clavijo, en representación de la Defensoría Pública, que asume la defensa de la mayoría de las mujeres que son detenidas por este delito, que suelen tener un perfil de múltiples vulnerabilidades.
Su abogada contó la situación a la diaria: “Intentó ingresar y allí fue detenida. Hoy por hoy está cumpliendo prisión preventiva como medida cautelar”. Planteó que la fiscalía interviniente solicitó en su acusación una pena de cinco años y seis meses para una conducta que tiene un mínimo de cuatro años. “Esta chica es primaria, no tiene antecedentes”, destacó.
Clavijo afirmó que “hoy por hoy tenemos una cantidad de mujeres que están conviviendo en prisión preventiva por intentar ingresar drogas a una cárcel”. “Son situaciones vulnerables, a son veces jefas de hogar, a veces sin ningún tipo de recurso, que contactan a una persona a través de una red social, se enamoran, le piden que le ingresen las sustancias, lo hacen. En un estado de necesidad a veces llegan a recibir dinero porque no tienen cómo subsistir económicamente”, explicó.
Según la abogada, a partir de la LUC, “la normativa que tenemos no prevé otra pena que no fuera de penitenciaría y la pena es muy elevada porque el mínimo son cuatro años”. “En este caso, la fiscal pide cinco años y seis meses de penitenciaría para una primaria, que no tiene antecedentes y que intentó ingresar menos de 50 gramos de marihuana”, subrayó.
El impacto de la LUC
El agravante establecido por la LUC fue uno de los artículos más polémicos que estuvieron en debate. Fueron varios los actores políticos que se comprometieron a debatir su modificación, algo que continúa pendiente.
Mientras se debatía en torno al referéndum de 135 artículos de la LUC, la Defensoría Pública alertó ante una “ola de ingresos” de mujeres a las cárceles. La población de mujeres privadas de libertad aumentó drásticamente en este período de gobierno, con 30% de aumento anual, comparado con el 9% de aumento en el caso de los varones. La mitad de las mujeres que están presas fueron procesadas por delitos asociados a estupefacientes.
95% de quienes caen presas por intentar ingresar drogas a las cárceles son mujeres, por el simple hecho de que la mayoría de las visitas en las cárceles son mujeres. Desde la Defensoría Pública también resaltaron que “la mayoría de estas mujeres son presionadas, amenazadas y vulneradas para que les lleven la sustancia a sus parejas o hijos o familiares” o, como en este caso, a cambio de pequeñas sumas de dinero. Remarcaban que la desinformación acerca de las penas que se aplican en estos casos era determinante para estas mujeres.
Hace un año y medio, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, pidió un informe a Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, para analizar esta realidad. Senadores y diputados de varios partidos mostraron apertura para debatir la modificación de esta legislación ante el impacto que generó.
Tres propuestas en debate para modificar la LUC
Hay tres proyectos diferentes para modificar este artículo de la LUC. Uno lo envió el Ministerio del Interior ante la explosión que significó el ingreso masivo de mujeres a las cárceles y la baja capacidad para fortalecer la gestión carcelaria de esta población; otro lo presentó la senadora del Partido Colorado Carmen Sanguinetti; y el tercero fue promovido por el Frente Amplio.
La propuesta del Ministerio del Interior no plantea la derogación de este artículo, sino el agregado de un bis. El proyecto, que tiene un artículo único, indica que cuando se intente ingresar estupefacientes a las cárceles y las personas sean detectadas en la revisoría, por ende no logren su cometido, la conducta sea considerada un acto preparatorio y no un delito consumado o en grado de tentativa. En estos casos la pena puede bajar a un tercio o a la mitad de la establecida por la ley, y desde el Ministerio del Interior se solicita que el mínimo sea de 16 meses de prisión.
El proyecto de Sanguinetti propone eliminar la palabra “cárceles” del artículo 36 y plantea que “el intento de ingreso de sustancias estupefacientes a establecimientos carcelarios” sea considerado un “acto preparatorio de suministro”, que tenga una pena de uno a cinco años de prisión. También se refiere a analizar las circunstancias de cada caso para aplicar las medidas cautelares y que la prisión preventiva no sea la única medida posible.
El proyecto del Frente Amplio plantea que no hayapenas tasadas yque el juez tenga capacidad para tener “una razonable ponderación de la gravedad de la conducta”.Se plantea que la prisión preventiva no sea obligatoria y que se pueda redimir pena por estudio y trabajo en estos casos, algo que también prohibió la LUC.
También establece que se considere un atenuante el ingreso de cannabis a las cárceles cuando sea para consumo personal, algo que ya está regulado en el afuera por la Ley 19.172. A su vez, este proyecto propone que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis sea responsable de reglamentar el acceso de cannabis psicoactivo para el consumo personal de las personas privadas de libertad.
Defensoras públicas piden respuestas urgentes ante esta realidad
La defensora pública María Noel Rodríguez, quien ha criticado en varias oportunidades esta normativa y alertado sobre el perjuicio en las trayectorias de vida de estas mujeres, opinó en su cuenta de Twitter sobre este caso. Cuestionó que la Fiscalía haya pedido cinco años y medio de prisión para una mujer de contexto vulnerable por intentar ingresar menos de 50 gramos de marihuana a una cárcel.
“Como si no fuera lo suficientemente gravosa la mínima de cuatro años, a esa fiscalía le pintó elevarla a cinco años y medio porque, claro, el juicio es más caro”, escribió en la red social.
Rodríguez lamentó esta situación y llamó a que los fiscales se informen al respecto: “Cada día que mis compañeros, a lo largo y ancho del país, me hacen llegar estas acusaciones absurdas, es un día triste. Parecería que la sensibilidad y empatía no llega a todos lados. Parecería que las fiscalías del interior no sólo desconocen el trabajo que realizan en la capital los fiscales que tienen especialización en la materia, sino que tampoco se estresan en estudiar y leer los proyectos de ley que hay en la vuelta, en donde todos ellos establecen que el intento de ingreso de droga a la cárcel es un acto preparatorio, no una tentativa”.
También criticó el accionar asociado a lograr estas condenas para darle celeridad a la resolución de estos casos: “Lamento que el apuro por sacarse los casos rapidito de arriba vaya en contra de estas imputadas que están a la espera de que el sistema legislativo todo se ponga de acuerdo y de una buena vez ponga fin a este atropello”. “¿Cuántas más van a caer? ¿Siguen dándole largas al asunto?”, cuestionó.
Para la abogada, “hay que solucionar” la modificación de este artículo de la LUC. “Hay voluntad y respaldo político; sería fantástico que dejaran los egos de lado y empatizaran con estas mujeres que día tras día son presas de acusaciones absurdas como esta”, señaló, y reiteró que “hoy una vez más es un día triste”.
Virginia de los Santos, también defensora pública que ha estado al frente de varios de estos casos, destacó la vulnerabilidad de estas mujeres y lanzó una serie de cuestionamientos a la Fiscalía y a la acusación presentada: “¿Cuán necesitada tiene que estar una persona para llevar en su cuerpo marihuana para entregar a un recluso en una cárcel por 1.000 pesos? ¿Qué tan peligrosa es para estar en prisión preventiva aguardando un juicio? ¿Es merecedora de la pena de cinco años y medio como pide la Fiscalía?”.