La embarcación San Lorenzo Maersk, de bandera danesa, salió del puerto de Montevideo el 21 de noviembre a las 18.22, cargada de contenedores. Luego hizo escalas en los puertos brasileños de Rio Grande, Paranagua y Santos, y finalmente llegó al puerto de Amberes, en Bélgica, el 27 de diciembre a las 13.31, hora local.
Uno de los contenedores, con el número TRHU-2754689 y una carga de 5.230 kilos, había entrado a la Terminal Cuenca del Plata (TCP) el 17 de noviembre, procedente de Zonamerica y luego de pasar por los controles de Aduanas. Dentro del contenedor había 22.320 unidades de budines y alfajores de la marca Portezuelo, más de 1.000 botellas de vermut y 2,16 toneladas de cocaína.
El contenedor, que había obtenido el canal verde, pasó por el escáner del acceso norte del puerto pero no se detectó el cargamento ilegal, según informó este viernes El Observador y confirmó la diaria.
Los escáneres de Bélgica sí detectaron la carga de cocaína un mes después, cuando el contenedor ya había sido descargado en el puerto de Amberes. La noticia de la incautación llegó a Uruguay por una notificación en la Oficina Regional de Enlace de Inteligencia (RILO) de la Dirección Nacional de Aduanas. En simultáneo, el medio belga The Brussels Times publicó que el cargamento con 2,16 toneladas de cocaína había sido detectado en un contenedor con mercadería que había salido del puerto de Montevideo.
Incautación de cocaína en el puerto de Amberes, Bélgica.
Foto: Finanzas FPS
A partir de ese momento, se sumaron a la investigación funcionarios de la Brigada de Narcóticos y de la División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (Divin). A nivel judicial, el caso lo tomó la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano, subrogante de la doctora Mónica Ferrero, que asumió en la Fiscalía de Corte por la licencia médica de Juan Gómez. Romano estuvo al frente de la investigación durante los diez días que duró la feria y el caso ahora lo tiene la fiscal Stella Llorente.
El miércoles 3 enero, funcionarios de la división Fiscalización de la Dirección de Aduanas -que depende del área de control de riesgo- realizaron inspecciones sorpresivas en algunas de las empresas que a esa altura ya estaban siendo investigadas por la fiscal Romano, que llegó a dar directivas con el objetivo de recabar pruebas.
Los procedimientos de los aduaneros, que actuaron a partir de una resolución administrativa, generaron “sorpresa y malestar” entre los funcionarios de la brigada antidrogas y de la DIVIN que empezaron a ejecutar acciones a pedido de la fiscal Romano. “Se cortaron solos y en estos casos es fundamental que haya coordinación desde el principio, para no alertar a presuntos responsables”, detalló una de las fuentes consultadas por la diaria.
Otros nombres de la operativa
Las primeras averiguaciones lograron determinar que la empresa Liderking Sociedad Anónima figuraba como remitente de la carga, y la contraparte europea a la que había que notificar el arribo al puerto de Amberes es EFF Logistic BV, una compañía logística con sede en la ciudad de Breda (Países Bajos).
La operación logística estuvo a cargo de Dositar Sociedad Anónima, que figura con una dirección en la calle Mateo Cabral, en la zona de la Unión. Durante la investigación también se constató que los budines y alfajores Portezuelo se habían comprado en el supermercado Tienda Inglesa. Tanto Zonamerica como Tienda Inglesa ya han estado en contacto con los investigadores, según informaron a la diaria fuentes vinculadas al caso.
Por otra parte, según surge de los documentos, la empresa transportista que llevó el contenedor desde Zonamerica hasta el puerto de Montevideo fue Transpi Limitada, ubicada en la zona de Sayago.
La mercadería ingresó fraccionada a la zona franca el 13 de noviembre y un día después se hizo la declaración de tránsito desde Zonamerica al puerto de Montevideo. El traslado hasta el puerto se hizo finalmente el 17 de noviembre; una hipótesis de los investigadores es que el contenedor podría haberse “contaminado” en ese período de tres días.
La empresa precintadora fue Edelar Sociedad Anónima (razón social de Blocktracker), que hace unos meses estuvo en el centro de la polémica a raíz de un pedido de informes que hicieron senadores de la oposición por su llamativa expansión en el mercado.
Ante una consulta de la diaria, desde Terminal Cuenca del Plata, perteneciente en un 80% a la empresa belga Katoen Natie y 20% a la Administración Nacional de Puertos, se respondió que los controles de los contenedores que ingresan a la terminal dependen exclusivamente de Aduanas.