Damián Burgueño, abogado y escribano de Marcelo Balcedo, fue condenado por un delito continuado de lavado de activos en varias modalidades: por impedir “la determinación real de la naturaleza, el origen, el destino, el movimiento o la propiedad reales” de bienes y por asistir a agentes de actividades delictivas. Se dispuso una pena de dos años y ocho meses de penitenciaría, pero no va a ir a la cárcel, va a cumplirlos en un régimen de libertad vigilada. Se debe presentar una vez por semana en la seccional de su barrio.
También se dispuso el decomiso de tres motos de agua y un jet sky y su tráiler, o en su defecto, el decomiso por el equivalente o el pago de una multa de idéntico valor. Todo se va a poner a disposición de la Junta Nacional de Drogas, tal como establece la ley. Sobre el ahora condenado ya pesaba una medida cautelar de embargo genérico por 150.000 dólares.
La Fiscalía Departamental de Maldonado de 2º Turno, a cargo de la fiscal Jessica Pereira, investigó el caso. El juicio oral se llevó adelante entre mayo y setiembre.
Según informó Fiscalía durante el alegato de clausura, este organismo planteó que, “con su accionar, el acusado impidió la determinación real de la naturaleza, origen y propiedad de los bienes de una pareja de nacionalidad argentina, que se encuentra actualmente condenada en Uruguay por los delitos de lavado de activos, asistencia al lavado, contrabando y tráfico de armas”.
“Dicha pareja había hecho circular dinero de origen ilícito a través de distintas sociedades anónimas, así como a través de personas allegadas a ellos, quienes actuaban en calidad de testaferros”, señalaron. Para esto, “la pareja había recurrido a una serie de sociedades comerciales pantalla, que eran representadas por un tercero, para adquirir bienes muebles o inmuebles, pero siempre de alto valor comercial, contando, en la mayoría de los casos, con la asistencia del condenado en esta causa”.
Según Fiscalía, “la ingeniería societaria montada a tales efectos suponía que el condenado comprara sociedades anónimas, por orden de uno de los integrantes de la pareja argentina, convirtiéndose ya fuera en director o presidente del directorio de esas empresas”.
Entre 2011 y 2016, mediante esta modalidad, adquirieron diversos bienes inmuebles en el departamento de Maldonado por aproximadamente cinco millones de dólares. “Esto fue a través de compraventas o a través de la compra de derechos hereditarios”, explicaron.
Además, “la misma modalidad fue utilizada también para adquirir bienes muebles, contando con un patrimonio en vehículos automotores, camiones y cuatriciclos, así como maquinaria agrícola, que asciende a la suma aproximada de 1.900.000 dólares”.
Para la Fiscalía, “vale destacar que todas las sociedades que adquirieron los bienes mencionados carecían absolutamente de ingresos, pese a lo cual se hicieron de bienes muebles e inmuebles por varios millones de dólares”.
Aunque la defensa de Burgueño pidió que sea absuelto, se determinó que “las actividades desarrolladas por el condenado excedieron el asesoramiento de un abogado, convirtiéndolo en un real administrador”. “Las mismas incluyeron, por ejemplo, efectuar transacciones a nombre y por cuenta de terceros, pagar sueldos a empleados, ser director de empresas, poner facturas de servicios a su nombre o con su domicilio, ser contacto para distintos proveedores, realizar grandes pagos de dinero y prestar su nombre para figurar en empresas carentes absolutamente de ingresos, pero que adquirían cuantiosos bienes muebles e inmuebles”, detallaron.
Se concluyó que, de esta forma, “quedó plenamente probada la participación del condenado en los delitos que se le atribuyen, y que este estaba en pleno conocimiento de la ilicitud de los fondos con los que operaba”.