La Policía Federal brasileña incautó el celular del alcalde de Aceguá, Diego Almeida, en el marco de la operación Cold Trail, una investigación sobre lavado de activos en la frontera con Uruguay por la que se investiga a cambistas y comerciantes por operaciones de lavado y el envío ilegal de remesas al exterior de Brasil.
“Me encontraba en una reunión en la Prefectura del lado brasileño, y después de haber terminado, cuando íbamos saliendo, unos agentes de la Policía Federal me pidieron el teléfono celular y lo entregué”, manifestó el alcalde en declaraciones a la Voz de Melo. Almeida dijo que no fue detenido en ningún momento y que una vez que entregó el celular le informaron que era por la investigación sobre lavado.
“Si hubiera sido conmigo, me habrían llevado. No fui detenido ni tampoco declaré”, agregó Almeida, y dijo que antes de pedirle el teléfono le pidieron que se identificara. Almeida, que tiene congelada su cuenta bancaria en Brasil, niega su participación en la organización.
“Yo puedo estar siendo investigado. Estuve trabajando como cambista, informal, me quedaba en la línea divisoria y tenía mis clientes”, afirmó.
La operación fue iniciada en 2023 y acumula 254 millones de reales congelados en cuentas.
Según supo la diaria, desde hace varios días la Policía Federal brasileña viene realizando operativos del lado brasileño de la localidad de Aceguá, buscando información sobre la organización. Según señalaron varias fuentes locales, es habitual que en esos operativos la Policía Federal revise pertenencias, vehículos e incaute celulares.
El último comunicado de la Policía Federal de Bagé sobre la operación Cold Trail data del 9 de setiembre y plantea que el objetivo es “un grupo criminal que mantenía una estructura financiera clandestina establecida en Aceguá”. A principios de ese mes se realizaron diez allanamientos, siempre del lado brasileño, en los municipios de Bagé y Aceguá.
Ese operativo culminó con ocho personas con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, como cierre de fronteras y presentación ante la comisaría. Además, se dispuso embargos contra 13 vehículos y nueve propiedades. Las personas investigadas podrían enfrentarse a cargos por operar una institución financiera sin autorización, evasión de divisas, lavado de dinero y crimen organizado.
