La decisión de Estados Unidos de declarar como terroristas a las dos principales organizaciones criminales de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), podría impactar en el mapa criminal uruguayo y en las estrategias de su persecución, según expertos consultados por la diaria.
Si bien el PCC no tiene el control del crimen organizado en Uruguay ni dentro ni fuera de las cárceles, como ocurre, por ejemplo, en Paraguay o Bolivia, sí tiene una creciente presencia a través de asociaciones con bandas criminales uruguayas y ha puesto su firma en algunas acciones criminales en Uruguay en los últimos años. Además, mantiene una incidencia permanente en el norte del país, a través de bandas aliadas, principalmente Os Manos, que es la mayor organización criminal brasileña instalada en la frontera de Santa do Livramento, junto con otras de menor tamaño, como Primeiro Comando da Fronteira, que opera en Chui.
Uno de los aspectos clave de la evolución del PCC en Uruguay es qué va a pasar con la organización de Sebastián Marset y cómo se está reestructurando la ruta de la cocaína entre Bolivia y Europa, dado que un punto desencadenante de la incidencia del PCC en Uruguay y su expansión más allá de la frontera fue la alianza con Marset y, a través de ella, con otras organizaciones uruguayas aliadas, como la de Luis Fernández Albín o Los Suárez.
Pese a que el PCC surge en la cárcel paulista de Taubaté y desde 1993 se ha expandido en la región en base al control de las cárceles y alianzas con grupos locales como base operativa del crimen organizado, en las cárceles uruguayas no se constata esa realidad. Las investigaciones sobre algunos incidentes del crimen organizado que buscaron impactar en el ámbito carcelario –como los atentados contra el Instituto Nacional de Rehabilitación en diciembre de 2024 y en noviembre de 2025, o la huelga de hambre de varias personas privadas de libertad para reclamar mejoras en las condiciones de reclusión de Fernández Albín– no tuvieron su origen en el PCC y respondieron a movimientos de las organizaciones locales.
Si bien las organizaciones locales mantienen su autonomía, las fuentes consultadas coinciden en marcar la necesidad de no subestimar la acción del PCC en nuestro país. Un informe divulgado en junio de 2025 por la Justicia brasileña detectó 94 personas privadas de libertad en el sistema carcelario uruguayo que pertenecen a la organización brasileña, siendo Uruguay el cuarto país fuera de Brasil con mayor cantidad de integrantes del PCC, luego de Paraguay, Venezuela y Bolivia.
Algunas acciones del PCC en Uruguay
Una de las acciones con mayor impacto del PCC en Uruguay fue el intento de robo a través de un túnel a la sucursal del BBVA en Ciudad Vieja, descubierto en febrero de este año, que había sido advertido por la inteligencia brasileña en diciembre. Si bien en un principio la investigación apuntó a un golpe que utilizó a miembros del PCC, pero que era liderado por un uruguayo fuera de la organización, el avance de la investigación logró determinar que es el PCC el que organizó el golpe.
Entre los imputados por ese crimen, perpetrado por brasileños, paraguayos y uruguayos, se encuentra el integrante del PCC Eduardo Félix Farias, condenado por el asalto de un banco en San Pablo en 1996 y contra el Banco do Brasil en 2001. Otro de los integrantes del PCC con un vasto historial criminal que fueron imputados por el incidente, y que se encuentra cumpliendo prisión preventiva en nuestro país, es Raimundo de Souza Pereira, de 61 años, que fue condenado por el intento de robo al banco Banrisul, en Porto Alegre, en 2006, por el asalto al Banco Central de Fortaleza en agosto de 2005 y por la construcción de un túnel de dos kilómetros de largo en 2017 en Barra da Funda, en San Pablo, que tenía como objetivo una sede judicial.
Otra actividad directa del PCC en Uruguay fue un caso de tráfico de armas, a mediados de 2021. Concretamente, fusiles semiautomáticos AR15 que fueron ingresados por Rivera y viajaron por tierra hasta Casabó, donde fueron detectados en manos de un grupo criminal que opera en la zona.
En marzo de 2023, 18 integrantes del grupo Os Manos fueron condenados por narcotráfico, tras los operativos Dardo Venenoso y Pernambuco, que se realizaron en Artigas, Rivera y Tacuarembó. “Si bien acá Rivera es la puerta de entrada, ahora ya se están trasladando. Hubo casos en Tacuarembó, y nos decían los oficiales que en Artigas y Bella Unión ya es mucho más frecuente la actividad delictiva; ha habido homicidios”, señaló entonces la fiscal Alejandra Domínguez.
Un mes después, la Policía uruguaya detuvo a 11 miembros del grupo Os Manos, en un operativo que abarcó 12 allanamientos en las ciudades de Rivera, Minas de Corrales y Tacuarembó, en otra investigación por narcotráfico en el norte del país.
Posibles cambios en la investigación, la cooperación internacional y la incidencia de los grupos criminales
Fuentes consultadas por la diaria señalaron que, si bien el ingreso del PCC y el Comando Vermelho a la lista de organizaciones terroristas no tiene por sí mismo efectos sobre la operativa y la investigación policial, sí puede modificar desde el punto de vista estratégico el combate a esas organizaciones en Uruguay. Una de las claves es qué impacto va a tener en Brasil está decisión de Estados Unidos y cómo juega eso en Uruguay en términos de cooperación jurídica internacional. Además, Uruguay por sí mismo tiene obligaciones asumidas vinculadas al combate al terrorismo que esta declaración pone en juego, por lo que cambia el marco jurídico del combate a las organizaciones.
En diálogo con la diaria, el sociólogo especializado en crimen organizado Gabriel Tenenbaum planteó que la decisión de Estados Unidos era “previsible”, dado que desde hace tiempo viene presionando para integrar como organizaciones terroristas a organizaciones criminales dedicadas al mercado de las drogas ilegalizadas. Además, señaló que se da en un contexto de elecciones en Brasil con una afinidad entre el gobierno de Donald Trump y el candidato opositor Flávio Bolsonaro.
A su vez, recordó que cuando ocurrieron las matanzas en manos del Estado en los complejos Alemão y Penha, en octubre de 2025, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, del ala bolsonarista, presentó el hecho como un abatimiento de terroristas. “Estamos ante un nuevo paradigma de seguridad hemisférica en relación con el crimen organizado”, señaló, pero advirtió que el paradigma del narcoterrorismo es parte de un proceso que lleva años.
En cuanto a las consecuencias para Uruguay, Tenenbaum subrayó que estamos ante un modelo que desconoce el espacio jurisdiccional de las naciones, lo que problematiza los estados nacionales y su autonomía. “Hay que ver cómo se plantean las relaciones con Estados Unidos. Hay un elemento a tener en cuenta, y es que la CIA viene tomando mayor protagonismo en todo esto. Hace un par de semanas la CIA estuvo realizando operaciones en el norte de México y, oficialmente, el gobierno mexicano lo desconocía”, señaló, y subrayó la prevalencia de la CIA sobre la DEA en la actual estrategia de relacionamiento.
“Mi preocupación pasa por cómo se va a relacionar Uruguay con la CIA, si la CIA va a realizar operaciones encubiertas en Uruguay”, expresó, y señaló que en Uruguay, si bien se han detectado integrantes uruguayos y brasileños del PCC, la organización no opera como tal, más allá de los vínculos con las facciones que operan en Rio Grande do Sul y el norte del país. “Si están operando todos estos elementos en nuestro territorio, Uruguay va a tener que pararse frente a eso de una manera probablemente distinta, al menos en términos publicitarios, porque no quiere decir que Uruguay no haga nada hoy, pero puede ser que se tenga que parar distinto, al menos en relación con Estados Unidos”, señaló.
Por otra parte, Tenenbaum sostuvo que hay que esperar cómo se van a mover el PCC y el Comando Vermelho en este esquema, y recordó que desde hace décadas Uruguay, principalmente Montevideo y Punta del Este, ha sido un buen refugio para traficantes de droga y estafadores. “Hay que estar atentos a cómo van a reaccionar los líderes de estas organizaciones criminales y las facciones que son subsidiarias, porque van a moverse; pueden venir a Uruguay o utilizar el sistema financiero para mover recursos”, agregó.
Tenenbaum dijo que las organizaciones, como unidades económicas, se vinculan de muchas formas; algunas son tercerizaciones de servicios, otras son subsidiarias, que “utilizan la marca” pero tienen cierta independencia en determinados territorios, y otras funcionan de forma más centralizada.
En cuanto a la incidencia y la organización del PCC en las cárceles uruguayas, Tenenbaum señaló que uno de los puntos es la capacidad de la cárcel para incapacitar la comunicación para la operativa del exterior y la posibilidad de organizarse, pero marcó diferencias culturales que hacen menos probable una fuerte identificación con las organizaciones criminales. “No creo que se encuentren esas adhesiones tan fuertes, porque para eso necesitás una conciencia individual suprimida o bastante anulada, con mucha devoción por esa conciencia colectiva que te la da el grupo delictivo, y nosotros no tenemos grupos delictivos con una cultura tan fuerte de lo que significa pertenecer a ese grupo”, expresó.
