El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, fue invitado por la Junta Departamental de Maldonado (JDM) a una reunión, que se celebró este jueves a la tarde, para dar continuidad a la visita de una delegación de legisladores del departamento a ese país, en el marco del seminario “Política, democracia y turismo”, que se desarrolló en diciembre de 2022 y que tendrá su segunda edición en mayo, esta vez en Uruguay, anunció Ulloa en rueda de prensa.
En el encuentro participaron el presidente de la JDM, Darwin Correa, el edil nacionalista Nelson Echeto, la secretaria de Correa, Alejandra Scasso, las edilas frenteamplistas Beatriz Jaurena y Adriana Costa, así como el diputado por Maldonado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, y el diputado por el Frente Amplio (FA), Eduardo Antonini.
El jerarca salvadoreño contó que hizo una exposición sobre el modelo de seguridad que llevó a El Salvador a pasar de ser unos de los países más violentos, con “una tasa de homicidios de dos dígitos diarios”, a no registrar asesinatos en 200 días, “gracias al plan de control territorial que impulsa el presidente [Nayib] Bukele”.
Se trata de un modelo de seguridad de control territorial, ejecutado en siete etapas y que se basa en una “confrontación frontal con las maras y las pandillas”, dijo Ulloa, y agregó: “El presidente de hecho lo llamó 'la guerra contra las pandillas', haciendo uso de lo que el derecho internacional humanitario reconoce como el judge ad bellum, o sea, el derecho del Estado para defender a la población, porque en El Salvador las pandillas tenían controlado más del 30% del territorio nacional, tenían secuestradas a las comunidades y tenían de rodillas al Estado”.
La cuarta y quinta etapa implicó la creación de los “cercos”, que como resultado tuvo el encarcelamiento de “61.000 pandilleros”. Tras el decreto de régimen de excepción por parte del Ejecutivo con el apoyo del Legislativo, que rige desde marzo de 2022 y que se ha prorrogado, se produjo un récord de demandas de habeas corpus. Según publicó el portal salvadoreño El Faro, las denuncias por detención arbitraria o violación a la integridad de un detenido duplicaron el promedio histórico de los últimos 27 años: llegaron a 1.000, mientras que desde 1995 se habían contabilizado 457.
Organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistría Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas han denunciado las violaciones a los derechos humanos tras la política de seguridad llevada adelante por el gobierno de Bukele.
Según Amnistía Internacional, en el marco del régimen de excepción, “las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas, miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos”. Por su parte, en noviembre, la CIDH manifestó su “preocupación por la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias, y el incumplimiento de las garantías judiciales; por lo que llama al Estado a implementar acciones de seguridad ciudadana que garanticen los derechos y libertades”.
Féliz Ulloa dijo que se detectaron “células” de la mara Salvatrucha en la región
Ulloa advirtió que, ante la implementación del plan de seguridad en El Salvador, el crimen organizado está “buscando desplazarse” y, entre las zonas elegidas, está el sur del continente. “Ya tenemos reportes de algunas células de la MS, la llamada [Mara] Salvatrucha, que se ha instalado en el norte de Chile; y otros países también del sur están siendo ya objeto del desplazamiento”, señaló Ulloa. “Por eso, lo venimos a prevenir, a ponernos a disposición”, manifestó, y agregó que “no hay que esperar a que lleguen y se instalen porque, una vez instaladas, es como el cáncer”.
En diálogo con la diaria, Cal evaluó la reunión como “muy positiva” y señaló que “El Salvador tiene mucho para aportar en el combate al crimen organizado”. El diputado indicó que Ulloa se encontraba en la región debido a la VII Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y que el país ha manifestado “buenas intenciones” a Uruguay “que no podemos desaprovechar”.
En esa línea, mencionó el conocimiento y la “buena gestión” del país en materia de ciberseguridad, un asunto que al legislador le preocupa especialmente. Cal, responsable del proyecto de tipificación de ciberdelitos en el Parlamento, consideró que “hay que trabajar en conjunto con ellos el tema de la ciberseguridad”, ya que “mucho de ese dinero termina volcándose a las criptomonedas” en Uruguay.
Por otra parte, indicó que Uruguay tiene que estar “atento”, particularmente, Punta del Este, al desplazamiento del narcotráfico hacia el sur, dado que “no todos los maras tienen el mismo tipo de apariencia delictiva” y pueden ingresar bajo el nombre de empresas y lavar activos. Para Cal, si bien Uruguay “ha mantenido una línea” en el combate al lavado, hay un “faltante” en la legislación en cuanto a la financiación de los partidos y el enriquecimiento ilícito.
Consultado sobre el cuestionamiento de las organizaciones de derechos humanos a la política de seguridad de El Salvador, el cabildante destacó que, aunque “podemos discrepar o no con los métodos”, “hay que ver lo que era El Salvador antes de que asumiera este gobierno”. Destacó que no se han registrado homicidios en más de 200 días y que, si bien “no todo es color de rosa”, es importante “reconocer la gestión” del gobierno salvadoreño.
El diputado Antonini, en tanto, aclaró que la participación del FA en el encuentro fue de carácter puramente “protocolar e institucional”. “Corresponde institucionalmente, es un país con el que mantenemos relaciones diplomáticas, es un país latinoamericano. En ese marco fue que asistimos, no quiere decir que compartamos la política específica que lleva adelante el presidente Bukele, donde ha sido cuestionado por muchos organismos de derechos humanos”, indicó.
El frenteamplista planteó que, aunque se puede tomar como “insumo” lo expresado por Ulloa en cuanto al combate al crimen organizado, “es inaplicable” en Uruguay, debido a que la realidad de ambos países es “totalmente diferente”.
“Yo escuchaba ahora al intendente [Enrique] Antía y algunos otros miembros de la coalición hablar loas y que vamos a aprender para combatir el narcotráfico. Yo lo resumo muy fácil: para combatir con eficiencia el narcotráfico, lo que tenemos que hacer primero es cambiar el ministro del Interior que tenemos”, disparó.
Sobre el posible desplazamiento de los grupos criminales hacia la región, como mencionó Ulloa, indicó: “No entraría en hipótesis tenebrosas de que se va a correr y las maras salvadoreñas van a venir a Uruguay, no son hipótesis de recibo”. “No digo que no hay riesgos, digo que estamos hablando de cuestiones hipotéticas y a mí no me gusta hablar de cuestiones hipotéticas, hablo de realidades: la realidad de El Salvador no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de Uruguay”, expresó.
Reunión entre Ulloa y Antía
Tras la reunión con los legisladores, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, recibió a Ulloa en la comuna. Según explicó el intendente, en la reunión no hablaron sobre la seguridad. “Ellos hablaron con el presidente Lacalle, porque sin duda el tema de El Salvador en materia de seguridad está teniendo un cambio muy fuerte, cuando era un país dominado por el narco con las maras. Era un tema impresionante y han encarado con mucha firmeza y ha mejorado los índices de control de seguridad”.
En cambio, durante la reunión, hubo varios “puntos de encuentro” respecto de la colaboración entre ambos países en el turismo, la cultura y, especialmente, las políticas para la prevención del consumo de drogas, dijo Antía. En ese sentido, el intendente recordó que está comenzando a “encarar” el plan piloto para la prevención y el tratamiento de adicciones, coordinado por el exdiputado Darío Pérez.
El vicepresidente de El Salvador dijo que le enviará los lineamientos del proyecto CUBO (Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades), que se aplica en ese país con el apoyo de la Unión Europea, y que ya se puso en contacto con la Secretaría de Tejido Social, que lleva adelante el programa, para ofrecer apoyo a la administración departamental.
“Ellos tienen un plan muy interesante ya avanzado, a raíz del apoyo de la Unión Europea, y, como el tema de la droga le ha pegado más fuerte a ellos, en forma anticipada, nosotros vamos a intercambiar experiencias para equivocarnos menos. En ese sentido, nos planteamos una agenda de trabajo, que yo la voy a compartir con Miguel Plá y Darío Pérez”, dijo Antía.