Tras recibir los aportes del Consejo Europeo, la cancillería y la Fiscalía General de la Nación, los legisladores de la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología analizan avanzar en tres proyectos complementarios sobre ciberseguridad: uno que tipifique los nuevos delitos, otro relacionado a los procedimientos operativos en la investigación penal y otro que establezca los parámetros para la cooperación internacional.

En la última sesión de la comisión fue recibida una delegación del Consejo Europeo encabezada por Alexander Seger, jefe de la División de Cibercrimen del Consejo Europeo, para analizar la legislación nacional y particularmente el proyecto de tipificación de ciberdelitos presentado por Sebastián Cal -de Cabildo Abierto (CA)-, a la luz del Convenio de Cibercrimen del Consejo de Europa, conocido como Convenio de Budapest, al que Uruguay pretende adherir.

El diputado Cal informó a la diaria que en lo que refiere al proyecto de tipificación de ciberdelitos, que ya va por su tercera versión, se plantearon algunos cambios para tener una sintonía mayor con la normativa europea, lo que facilitará la adhesión de Uruguay al convenio.

Uno de esos cambios es la incorporación de la figura de interceptación ilícita, prevista en el artículo 3 del Convenio de Budapest, que refiere a la “interceptación deliberada e ilegítima por medios técnicos de datos informáticos en transmisiones no públicas dirigidas a un sistema informático, originadas dentro de un sistema informático o efectuadas dentro del mismo”.

Además, se estableció la necesidad de añadir a la tipificación de fraude informático contra las personas, prevista en el proyecto, la posibilidad de un fraude realizado a partir de vulneraciones a sistemas informáticos.

Los legisladores avanzarán en la aprobación del proyecto de tipificaciones, para luego trabajar sobre los otros dos; para ello tienen como base un informe presentado por la Fiscalía General de la Nación en la que da cuenta de las necesidades operativas e institucionales en materia de persecución del ciberdelito, que implicará cambios procesales.

“Desde 2003 me ha tocado ser punto de contacto en el ámbito del Mercosur de las fiscalías de delitos cibernéticos, y hemos visto cómo nuestros vecinos iban avanzando en legislación mientras nosotros íbamos siempre rezagados”, comentó el fiscal especializado en Delitos Complejos Ricardo Lackner, que acudió por la Fiscalía.

Planteó que existen insuficiencias en la legislación que regula la vigilancia electrónica, las posibilidades de allanamiento informático, las escuchas ambientales y la regulación para las interceptaciones telefónicas. Señaló que los cambios procesales se debieron incorporar con el cambio del Código del Proceso Penal, reforma implementada en 2017.

Como ejemplo, puso un caso en el que, por error, se resetearon a distancia tres teléfonos, lo que implicó la eliminación de la evidencia. En esa línea subrayó la importancia de prever, además de la capacitación de quienes tratan con la evidencia, “todos los elementos materiales necesarios de logística y sostenerlos en el tiempo con un presupuesto”.

“Las unidades policiales no sólo deben estar entrenadas, sino que también deben contar con los elementos para que cuando lleguen a la escena del crimen sean capaces, en primer lugar, de fijar, reconocer, embalar e iniciar la cadena de custodia para asegurar que lo que llega después al laboratorio y termina en el juicio sea siempre lo mismo en todos esos momentos”, expresó.

En materia de cooperación internacional, Lackner destacó la importancia de que las tipificaciones tengan cierta similitud entre los países para facilitar los procesos de extradición; a su vez, también es necesario conocer “en que están los demás países para poder ofrecer y recibir la cooperación, para investigar y, eventualmente, para pedir o para conceder una extradición”.

Por su parte, Federico González, de la Dirección de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que desde la cancillería se busca facilitar el proceso de adhesión al convenio, particularmente luego de una ronda de consultas institucionales en las que participaron el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento y el Ministerio de Educación y Cultura.

En las próximas semanas la comisión avanzará en la aprobación del proyecto de tipificaciones de ciberseguridad, con las modificaciones aportadas por el Consejo Europeo, para remitirlo a la Comisión de Constitución y Códigos. Paralelamente, se buscará incluir en la Rendición de Cuentas que ingresará al Parlamento esta semana algunos aspectos presupuestales que faciliten la implementación de los cambios procesales necesarios para adherir al convenio.