En una extensa indagatoria a cargo de la fiscal de tercer turno de Maldonado, Ana Rosés, declararon las cuatro personas a quienes Gabriel Pérez denunció por retenerlo contra su voluntad, golpearlo y torturarlo en Ocean Park para luego entregarlo al destacamento de policía de Sauce de Portezuelo como presunto cómplice de robos en la zona.
El doctor Sebastián Silvera, abogado de la víctima, habló en una rueda de prensa a la salida de la audiencia, que se extendió durante unas cuatro horas, en la tarde de este miércoles. Allí confirmó que los denunciados son tres argentinos y un uruguayo, y aseguró que, “en el legítimo ejercicio de defensa, estas personas negaron los hechos” que se les imputan.
No obstante, el abogado opinó que la investigación fiscal “tuvo avances importantes”; señaló que en la carpeta de la investigación ya se incluyó un análisis forense que confirma las lesiones sufridas por Pérez y “actuaciones” con testigos de los hechos.
Dos personas están citadas como testigos “presenciales” para el próximo viernes a la hora 14. “Son pilares fundamentales para la causa y para dilucidar la situación”, consideró Silvera. El mismo viernes declarará Gabriel Pérez “en calidad de víctima”. Además, se espera que antes comparezcan los policías de Sauce de Portezuelo y de Piriápolis que actuaron en procedimientos vinculados con los cuatro indagados.
Silvera aseguró que, entre otros elementos probatorios, podrían sumarse “reportes fílmicos”. Pero entiende que el informe forense y la disposición de los testigos a declarar ya son de “gran trascendencia” para la investigación. Por otra parte, dijo que su cliente “no se encuentra bien anímicamente”, ya que a raíz del ataque sufrió un daño psicológico importante, más allá de las lesiones físicas. A su juicio, es un caso “grave” que amerita el “exhaustivo interrogatorio” desplegado por Rosés.
La fiscal no solicitó medidas limitativas para los indagados porque “tienen arraigo” en Uruguay, informó por su parte el vocero de prensa de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech. “En su evaluación de riesgo, Rosés concluyó que no son personas que puedan fugarse. Si en algún caso incurren en incumplimiento se solicitará su captura, pero en principio son personas dispuestas a participar en el proceso”, argumentó.