En la Intendencia de Maldonado (IDM) y en los municipios de Maldonado, San Carlos y Piriápolis se acumulan casos de acoso laboral vertical y horizontal que han llevado a algunas víctimas a situaciones extremas, aunque el intendente Enrique Antía ha negado públicamente que esto ocurra. Un relevamiento realizado por la diaria entre la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), concejales, abogados y personas afectadas muestra cómo opera el acoso en estos ámbitos y cómo las autoridades suelen saltearse los protocolos de actuación.
Sólo en la Comisión bipartita de Acoso Moral Laboral, cuya instalación acordaron la administración Antía y Adeom en 2021, se acumulan “entre 35 y 45 denuncias”, sostiene el presidente del sindicato, Marcelo López. A esto hay que sumar casos que no llegan a ser denunciados en ese ámbito, pero sí se plantean al sindicato; por diferentes motivos, las víctimas se presentan a contar y hacer catarsis sobre lo que viven a diario, pero temen plantear una denuncia formal, dice López.
“Son mayormente mujeres, están atemorizadas porque sufren represión sindical, aprietes y esas cosas. Llegan llorando, pero no quieren hacer denuncia y no podemos obligarlas. Eso tiene que ser confidencial, hay que hacerlo llegar a los dos dirigentes de Adeom que integran la comisión, y muchas veces las compañeras por miedo o por amenazas terminan desistiendo”, explica.
De acuerdo al protocolo negociado para la Comisión de Acoso Moral Laboral, sus cuatro integrantes -dos delegados de Adeom y dos de la IDM- deben tomar declaraciones a las partes involucradas en cada denuncia y elevar un informe conclusivo a la División Jurídica de la IDM. Este reporte no determina quién es culpable, no acusa ni interpela, sino que es la base para que la administración abra las investigaciones administrativas de rigor y adopte medidas de protección para las víctimas. Sin embargo, la comisión funcionó muy poco desde su creación, y López asegura que esto fue porque la patronal buscaba excusas para no reunirse. En otras ocasiones, la IDM tomó medidas sobre trabajadores sin que la comisión hubiera emitido su informe conclusivo.
En mayo pasado, semanas antes de que Adeom se declarara en conflicto con la administración de Antía, este órgano bipartito dejó de funcionar. “Ahora que estamos en conflicto viene como anillo al dedo no juntarse ni en esta comisión ni en la de Higiene y Salud Laboral”, ambas consideradas como “sustanciales” para los trabajadores, dice López. El cierre de las escasas y atribuladas actuaciones de la comisión fue el detonante para que Adeom denunciara “el incumplimiento” de la IDM ante la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a principios de agosto pasado.
Perfiles
La confidencialidad del trabajo de la comisión, establecida como garantía para las partes involucradas, opera también como una barrera casi infranqueable para acceder a estadísticas y conocer el perfil de las situaciones que se plantean. No obstante, la diaria accedió a información que confirma la existencia de “entre 35 y 40 casos”, de los cuales aproximadamente el 80% nunca se investigó.
Buena parte de los denunciantes no fueron escuchados, mientras algunos acosadores ni siquiera se enteraron de que había denuncias en su contra; otras veces, los integrantes de la comisión no encontraban un lugar apto para hacer las averiguaciones con las personas involucradas, relataron las fuentes consultadas.
“En actas se han concluido solo siete u ocho casos”, sostuvo una de ellas, aunque López -quien no integra la comisión- entiende que ni siquiera llegaron a esa cifra y que los informes elevados a Jurídica pueden contarse con los dedos de una mano.
En general, el acoso denunciado es vertical (de superiores a subordinados) aunque también hay casos entre compañeros. La mayoría de los acosadores son varones y 90% de las víctimas son mujeres tanto en reparticiones de la IDM como en los diferentes municipios. La mayor parte de las denuncias que surgen de la propia IDM ocurren en reparticiones de las direcciones de Tránsito y de Cultura. En esta última, hay testimonios de trabajadores tercerizados de la Fundación a Ganar que dicen ser tratados por sus jerarcas “como si fueran empleados de segunda categoría”.
No obstante, entre los casos más graves reconocidos en el ámbito sindical, figuran uno que pesa sobre el director de Políticas Sociales de la IDM, Omar Rodríguez, y otro sobre un funcionario de confianza del área de Higiene del Municipio de San Carlos. Según López, el primero fue denunciado directamente ante la Justicia, no llegó a plantearse en la comisión, y se desconoce, por el momento, cuál ha sido el trámite.
El caso de San Carlos, que sí llegó a Adeom, se mantiene bajo confidencialidad por la gravedad del impacto sobre las víctimas: se trata de dos funcionarias que, debido a la presión que experimentaron en su ámbito laboral, estuvieron con licencia médica durante meses; una de ellas, de acuerdo a las fuentes, intentó suicidarse. Pese a los esfuerzos por determinar qué medida adoptó el alcalde carolino, Carlos Pereyra, sobre este caso, ninguna de las autoridades del municipio quiso referirse al tema, en tanto otras dijeron que no conocían tales hechos.
También en el Municipio de Piriápolis, encabezado por el alcalde nacionalista René Graña, ha habido “persecuciones y abusos de poder de todo tipo sobre funcionarios municipales”, señaló a la diaria el concejal por el Frente Amplio, Alberto Miranda. Al momento de la consulta, desconocía si alguno de esos casos llegó a la Comisión de Acoso Moral Laboral, pero aseguró que más de una vez hizo pedidos de informes sobre estos temas y también sobre seguridad laboral, y nunca le contestaron.
Seguramente, el caso más sonado en la jurisdicción piriapolense fue el de la coordinadora del cuerpo de inspectores, Leticia Cabral, a quien varios funcionarios denunciaron ante la Comisión de Acoso Laboral desde mediados de 2022. Entonces abundaban los testimonios sobre persecución, malos tratos, amenazas, represalias, discriminación y abuso de funciones sobre el personal que tenía a cargo. Cabral había sido asignada al municipio como persona de confianza del intendente Antía y, pese a las variadas evidencias en su contra, el Partido Nacional se abroqueló en su defensa tanto a nivel jerárquico como en la Junta Departamental, donde el Frente Amplio fracasó en su intento de crear una comisión investigadora. “Finalmente, al intendente Antía no le quedó otra que removerla”, recuerda López.
El acoso moral laboral, expresado en gritos, insultos y cambios arbitrarios de horarios y tareas resueltos por mandos medios acosadores, tampoco escapa al Municipio de Maldonado. Para seguir con la tónica de las estadísticas generales, la mayoría de las víctimas son mujeres, aunque también hay varones. La situación fue expuesta en agosto pasado por la concejala frenteamplista Irene Pepi Gonçalvez en su cuenta de Tik-Tok.
Entonces dijo que en el municipio fernandino hay hombres que tratan de “mantener una charla de caballeros con el hombre que violenta, aunque está comprobado que eso no sirve, no alcanza, y lo único que genera es más impunidad y más complicidad. Hay que poner mecanismos distintos, cumplir los protocolos, dictaminar distanciamiento y poner también sanciones a la violencia de género en el ámbito laboral para que mujeres y disidencias puedan tener sus derechos plenos al trabajo”, opinó.
Consultada por la la diaria, la concejala dijo conocer varias prácticas de violencia laboral que, en general, terminaron en “denuncias internas” que no tuvieron la respuesta institucional adecuada porque “no se aplicaron los protocolos”. A su juicio, dentro del municipio fernandino “los varones bien intencionados [entre estos el alcalde nacionalista Andrés Rapetti] hablan con el violento para que deponga su actitud en lugar de adoptar medidas de restricción y aplicar sanciones. El problema no es la persona violenta, sino cómo el sistema se preocupa de dar un espacio al victimario para que siga ejerciendo violencia”, enfatizó.
Para Adeom, el cese de las actuaciones de la Comisión de Acoso Moral Laboral no sólo es una muestra de la “intransigencia” y los “incumplimientos” de la administración del intendente Antía, sino un retroceso en todo lo que el sindicato avanzó durante la pandemia para lograr visibilizar las situaciones de acoso y capacitar a sus afiliados en la temática, mediante talleres y videoconferencias realizadas con apoyo del Instituto Cuesta Duarte. “Es un tema delicado, pero la administración misma se encargó de poner los palos en la rueda para que nada funcione”, sentenció López.