El martes 4 de octubre, la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) solicitó la conformación de una comisión investigadora en el marco de “reiteradas” denuncias que realizaron varios funcionarios del Municipio de Piriapólis ante casos de “acoso laboral” por parte de la coordinadora del cuerpo inspectivo de la alcaldía, un cargo de confianza del intendente de Maldonado, Enrique Antía.

El edil, coordinador de bancada del FA e integrante de la comisión preinvestigadora Leonardo Delgado manifestó que el alcalde de Piriápolis, René Graña, sostuvo que “no está de acuerdo” con la designación de esta funcionaria; sin embargo, al tratarse de un cargo de confianza del jefe comunal, no la puede “sacar”.

Los funcionarios, según Delgado, denuncian que no pueden cumplir o se les “quita” tareas, que la funcionaria toma “represalias”, por ejemplo, “no les asigna tareas a los choferes, los tiene sentados en el corralón todo el día y coloca a funcionarios del cuerpo inspectivo a manejar los vehículos municipales. ¿Eso no es un atropello?”, cuestionó el edil.

Por otra parte, agregó que el director de Tránsito y Transporte de la comuna, Juan Pígola, dijo que la funcionaria denunciada no puede firmar “ningún cambio de horario o resolución”, ya que no está dentro de sus potestades. No obstante, Delgado presentó documentación que demuestra los cambios de horarios y en áreas de trabajo para los funcionarios, que fueron firmados por la coordinadora.

El edil por el Partido Colorado (PC) Luciano Fernández alegó que tras observar la documentación presentada, tanto por el FA como la enviada por el Ejecutivo, la situación “habilita” a conformar una comisión investigadora para “analizar” los hechos y darles la oportunidad a los funcionarios denunciantes a que se “expresen”, así como a la funcionaria denunciada para que dé su versión de los hechos. También propuso que se cite a Graña y a Pígola.

Sin embargo, el edil blanco Fernando Perdomo indicó que para la bancada del Partido Nacional (PN) “no existe ni entidad, ni oportunidad, ni seriedad” en la denuncia del FA y que le resulta “improcedente”.

En ese sentido, la edila nacionalista Stephanie Braga agregó que la Junta Departamental de Maldonado (JDM) “no tiene que investigar esto” ya que refiere a un tema laboral y que son la dirección de Recursos Humanos y la de Tránsito y Transporte las que tienen competencia en esta situación, “sea un cargo de confianza o no”. Destacó que ninguna bancada ha hecho ningún pedido de informes por este asunto y dijo, además, que si el alcalde electo no está de acuerdo con la designación de este cargo le puede solicitar al intendente que la funcionaria sea “trasladada”. “Acá es ‘dimes y diretes’ que no hacen lugar a una comisión investigadora”, concluyó.

Por último, intervino el edil por el FA Joaquín Garlo y señaló que todas las comisiones investigadoras propuestas durante este período de gobierno han recibido la “negativa sistemática” del PN. “Esto puede ser interpretado como la negativa al control, de no ser controlados como gobierno nacional; o como un abroquelamiento interno del partido, a pesar de las gruesas diferencias que existen”, expresó.

El edil detalló que esta es la quinta propuesta de comisión investigadora que surge en la JDM y enumeró las anteriores: “La primera fue planteada por ediles del PN, por una situación que vivió el edil Luciano Fernández (PC) y votaron en contra; la segunda fue por otro funcionario de confianza de la intendencia y el PN votó en contra; la tercera fue por algo interno de la Junta referido al manejo de los fondos públicos en materia de publicidad; y la cuarta fue por [la situación que protagonizó] la directora de Asuntos Legales de la intendencia, Adriana Graziuso, y su accionar”.