Decenas de activistas integrantes de la Red en Defensa de Punta Ballena se congregaron en la explanada de la Junta Departamental de Maldonado antes de entregar, este martes 10, un total de 34.005 firmas recolectadas para que el legislativo declare a Punta Ballena como área natural protegida libre de edificaciones.
La presidenta de la Junta Departamental, Verónica Robaina, recibió las carpetas y una nota donde las organizaciones sociales justifican y fundamentan la iniciativa, para la cual fue necesario conseguir las firmas del 15% del padrón electoral de Maldonado.
En este caso, ese porcentaje superó el 22%, destacó a la diaria la vocera de la red Cecilia Alamón. “Alcanzar esta cantidad de firmas significa un gran logro para el colectivo. Al principio, casi un año atrás, parecía ambicioso llegar a esta instancia, pero superamos el 15% sabiendo que hay muchísimas más firmas en la calle a las que, por cuestiones logísticas, no pudimos llegar”, celebró.
A su juicio, esto demuestra “claramente lo que la ciudadanía y el departamento de Maldonado piensan con respecto al Complejo Residencial Punta Ballena” y “es dar un paso más allá” hacia la preservación de la zona mientras el Ministerio de Ambiente se expide sobre el proyecto ya rechazado por sus técnicos.
Los activistas consiguieron el compromiso de la presidenta de la Junta Departamental de enviar las firmas “a la brevedad” para su validación en la Oficina Electoral de Maldonado. Alamón espera que ese proceso se dé durante el receso estival del legislativo —que comienza esta semana— y que las carpetas regresen para el reinicio de las actividades legislativas.
“La Junta deberá pronunciarse durante un plazo de 60 días; si no lo aprueba o supera ese plazo, el intendente Enrique Antía deberá llamar a un plebiscito departamental”, acotó Alamón.
Foto: María Solá para @Ballena Rabiosa
Cambio de postura entre dirigentes blancos
Se descuenta que la bancada del Frente Amplio apoyará esta declaratoria; uno de los principales promotores de la causa entre los colectivos fue su coordinador, el edil Joaquín Garlo, pero la definición estará en la bancada del gobernante Partido Nacional, que tiene mayoría en el legislativo. En ese sentido, hay optimismo entre las organizaciones sobre la posibilidad de que su iniciativa se apruebe.
Unas horas antes de la movilización y entrega de firmas, el intendente Enrique Antía se mostró a favor de “Punta Ballena natural”, algo que había esbozado durante la campaña electoral cuando cargó tintas al Frente Amplio por negociar un acuerdo con los propietarios de los terrenos durante el último gobierno de Óscar de los Santos.
“Queremos a Punta Ballena natural, siempre dijimos que ahí no era posible construir”, declaró en una rueda de prensa, aunque durante su anterior administración departamental, en 2017, la bancada nacionalista avaló el proyecto inmobiliario. De eso dio cuenta meses atrás el propio De los Santos, que enfatizó que Antía dio andamiento al proyecto y que los diputados oficialistas presionaron al gobierno para que lo autorizara.
Ahora, el jefe departamental recordó que en setiembre pasado —un mes antes de las elecciones nacionales— le transmitió al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, que “desde los miradores de Casapueblo en adelante no podía haber ninguna obra porque sería un atentado al medio ambiente y al patrimonio”.
“Tal vez podría haberse considerado algo en otra parte del padrón, vale decir, de Casapueblo para atrás, pero nunca hacia la punta”, añadió, para manifestar que las firmas recolectadas por el movimiento social “fortalecen la idea que es algo a proteger y que quiere el pueblo”. “Comparto el concepto de que esa zona sea lo más natural posible”, concluyó.
Trascartón, el diputado herrerista y agente inmobiliario Rodrigo Blás salió esta semana en algunos medios a ratificar algo que ya había expresado meses atrás, en el fragor de la campaña electoral: prometió que si es electo intendente de Maldonado “expropiará” Punta Ballena.
Área natural y plan de manejo integrado
En la carta que entregaron este martes a la presidenta de la Junta Departamental, las organizaciones comienzan por advertir sobre las “graves consecuencias ambientales, sociales y culturales que podrían derivar” del proyectado Complejo Residencial Punta Ballena, y justifican la iniciativa.
Tras agregar que la magnitud del emprendimiento “desvirtúa completamente” las características del lugar, “afectando negativamente la experiencia turística y recreativa”, el movimiento social cita las disposiciones legales en las que se ampara para pedir un decreto declaratorio sobre Punta Ballena.
“Según establece el artículo 7 de la Constitución de la República, el ejercicio de los derechos, incluyendo el derecho de propiedad, puede ser limitado por el Estado siempre que sea por razones de interés general y se instrumente a través de una ley”, indica el texto, al que accedió la diaria.
En segundo lugar, el movimiento recuerda que la Ley Orgánica Municipal autoriza a cada Junta Departamental a dictar reglas para la edificación en todo el departamento, siempre que no se opongan a las leyes nacionales y a la Constitución.
Sobre esos pilares, esperan que el legislativo departamental apruebe un proyecto de decreto que declara a Punta Ballena como “reserva natural” y se establezca una servidumbre non edificandi “por las razones de interés general que justifican limitar el uso del suelo en este lugar”.
Finalmente, la carta llama a las autoridades a “proteger el alto valor de la zona” en sus diferentes aristas, “promoviendo una política activa y consciente de preservación, planificación y manejo costero integrado acorde con esos objetivos”.