A un grupo de privados, liderado por el magnate bancario argentino Delfín Jorge Ezequiel Carballo y el abogado uruguayo Eduardo Carlos Carrera Hughes, se le ocurrió presentar una iniciativa en 2023 para construir 29 edificios, piscinas, calles, redes de saneamiento y conexión con servicios en Punta Ballena. Este territorio es especial por diferentes motivos, dentro de los que se encuentran que es un punto caliente de biodiversidad] -la zona alberga 427 especies vegetales que dan cuenta del 15% de la especies de flora del país, de las cuales algunas sólo se encuentran en este lugar o están en peligro tanto a nivel nacional, regional o internacional-; también es un sitio clave para entender la historia de nuestro planeta, y, por supuesto, es fundamental para el disfrute de nuestros bienes comunes naturales. El balneario cuenta con apenas 20 hectáreas que se encuentran en estado natural y el negocio inmobiliario pretendía instalarse justo en ellas. Para hacer los edificios lujosos iban a utilizar máquinas retroexcavadoras y explosivos. Con ellas también se iban a llevar la riqueza del lugar.
Organizaciones afirmaron hasta el hartazgo que el proyecto era “ilegal e inviable”. Con base en información que recabaron, decenas de académicos denunciaron los impactos socioambientales, económicos y a la biodiversidad que traería consigo la iniciativa privada, e incluso técnicos de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) y el Ministerio de Turismo advirtieron sobre los inconvenientes. En este contexto, el Ministerio de Ambiente convocó este martes a una conferencia de prensa para informar sobre “los avances en el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto de construcción del complejo residencial en Punta Ballena”.
La cartera emitió un comunicado en el que señaló que el informe elaborado por técnicos del Área de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente recomienda denegar la autorización ambiental del proyecto. “Debido a su ubicación, características y escala generará impactos ambientales negativos inadmisibles”, dice, y agrega que el análisis aportado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial destacó que “no es compatible con la normativa de ordenamiento territorial”. “El informe detalla las afectaciones ambientales que podrían producirse y concluye que un emprendimiento de estas características generará impactos inadmisibles sobre la biodiversidad, el paisaje, el tránsito en la zona y los valores geológicos del sitio, tanto en la fase de construcción como de ocupación y uso del desarrollo residencial”, suma.
Por otro lado, también destaca que, “dada la extensión y magnitud de la presencia física del proyecto, se generarán afectaciones irreversibles sobre la diversidad biológica y el ecosistema terrestre, los que presentan un gran valor para la conservación a nivel nacional”. Añade que “para estos impactos ambientales negativos no existe evidencia fundada de medidas de mitigación efectivas y no resultan adecuadas ni suficientes las medidas de compensación propuestas por los titulares”. Asimismo, el Ministerio de Ambiente determina que el conjunto de edificios “provocará una modificación irreversible sobre el paisaje icónico de Punta Ballena cuyo valor ha quedado de manifiesto en este proceso de evaluación ambiental”.
En la misiva dice que el informe técnico destaca las observaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que versan sobre que “este proyecto es pasible de rechazo, por no prever la cesión al dominio público de los 150 metros desde la línea de la ribera [...] o por no contar con un plan especial que incluya destinar a espacios libres los primeros 150 metros desde la línea de la ribera [...], ya que el desarrollo inmobiliario se localizará parcialmente dentro de esa franja”.
En la conferencia de prensa, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, reiteró la visión negativa de sus técnicos. “Hemos comunicado cada etapa con cautela para asegurar la imparcialidad y rigurosidad técnica. Este procedimiento ha sido exhaustivo, cumpliendo con todas las instancias técnicas requeridas, permitiendo la participación pública y brindando garantías a los derechos de todas las partes involucradas”, dijo. Los titulares de la iniciativa tienen un plazo de diez días hábiles para formular sus observaciones. Luego, el Ministerio de Ambiente “tomará una decisión que quedará plasmada en una resolución ministerial”.
Una victoria para la lucha socioambiental
“Lo vemos súper bien, pero también con cautela, porque no es una resolución ministerial. En nuestra opinión es muy bueno el informe técnico, coincide con los argumentos más importantes que señalamos en todo el proceso participativo. El ministro en muchas oportunidades dijo que va a seguir la decisión técnica. Por esta razón, sus declaraciones nos dan muchísima esperanza”, comentó a la diaria Isabel Gadino, integrante del movimiento No al Proyecto Punta Ballena y la Red Unión de la Costa, además de investigadora del Centro Universitario Regional Este y doctora en Medio Ambiente y Sociedad.
“Este es un caso icónico por el lugar, pero además por el nivel de participación e involucramiento que ha tenido de la gente de Maldonado y de todo el Uruguay”, enfatiza. Considera que si la resolución ministerial reafirma la visión del equipo técnico de la cartera, se sentará un precedente muy importante en la problemática costera. “Hay que tener claro que este es un caso más del afán que tiene el mercado por quedarse con todo lo que es natural, con todo lo que es bien común. Este caso es una bandera para llevar arriba en todo lo que es la lucha ciudadana por el cuidado ambiental. Realmente, para el resto de los colectivos que están peleando por cuestiones ambientales en sus localidades, esto es fundamental. Yo creo que vamos a disfrutar nosotros, pero también toda esa gente, todos esos grupos que están tratando de mantener algo natural en sus alrededores”, finalizó.