Complejo residencial en Punta Ballena: organizaciones afirmaron que el proyecto es “ilegal e inviable”

Información clave, recibida tras meses de espera, alienta esperanzas entre quienes luchan por preservar la península rocosa de Punta Ballena como área natural y se oponen a la construcción de un complejo residencial de 29 bloques a ambos lados de la ruta panorámica.

El proyecto presentado ante el Ministerio de Ambiente “no es legalmente válido”, ya que el reparcelamiento de áreas públicas y privadas que se habría realizado en 2011 no existe en la Dirección Nacional de Catastro (DNC), informó este martes el colectivo No al Proyecto Punta Ballena en una conferencia de prensa realizada en Las Grutas.

A través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, los activistas confirmaron que el padrón sobre el que se pretende instalar el desarrollo inmobiliario no ha sufrido “mutaciones catastrales” desde el registro del plano, en 1944.

“Esta información es clave porque disipa todas las dudas que podían caber sobre la legalidad del proyecto como se presenta. El proceso para la Autorización Ambiental Previa no debió iniciarse en virtud de que el Ministerio de Ambiente debió comprobar previamente la situación catastral del padrón involucrado”, declararon las agrupaciones en un comunicado.

El proyecto “carece de mérito por incumplir la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS), que obliga, entre otras cosas, a ceder al dominio público la faja costera de 150 metros desde la línea de ribera”, agregaron.

Zona no construible

Isabel Gadino, doctora en Medio Ambiente y Sociedad e investigadora del Centro Universitario Regional Este, enfatizó en declaraciones a la diaria que, si ante la DNC la tierra sigue igual que en 1944, “lo que se está planteando es un nuevo fraccionamiento y debe cumplir con la legislación vigente que establece que 150 metros desde la orilla hacia arriba tienen que quedar libres”. Por eso entiende que el proyecto presentado “no es viable”.

Con esta información, las organizaciones enviaron notas al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, pidiendo que “cese la etapa de evaluación del proyecto porque, desde el punto de vista catastral, no cumple con la LOTDS”, dijo Fernando Niggemeyer, secretario general de la Unión Vecinal de Punta Ballena.

Las agrupaciones recordaron que el presidente Luis Lacalle Pou se comprometió a tomar una decisión “legal”, al tiempo que Bouvier les prometió una respuesta “técnica, no política”. “Esto es técnico y es acorde a la ley. Estamos esperando recibir una respuesta frente a estos datos y la promesa que nos dieron”, declaró Raúl Ferreira, de la Asociación Civil Vecinos de la Rinconada y Portezuelo.

En su opinión, “es muy importante entender que el departamento de Maldonado tiene que adaptarse a la LOTDS porque la franja costera es de jurisdicción nacional”.

“Si hubo un acuerdo de reparcelamiento entre los privados y la Intendencia de Maldonado, nunca llegó a la DNC y eso quedó comprobado. Esto significa que, como no hay registro de lo que los propietarios dicen que presentaron en 2011, ese espacio no es construible”, concluyó Ferreira.