En una reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Maldonado, convocada por el intendente de Maldonado, Miguel Abella, se resolvió que continúe operativo el centro de evacuación, ubicado en la ruta 39, hasta el 31 de octubre. Además, continuarán en funcionamiento los refugios de Maldonado y San Carlos, tras el cese de la alerta roja por frío extremo por parte del gobierno nacional el pasado jueves 1°, y debido a las más de 240 personas que asisten a los dispositivos.
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, informó la semana pasada en rueda de prensa que “unas 800 personas” pasaron por los dispositivos de atención de Maldonado desde el decreto de la alerta el pasado 7 de mayo, lo cual fue confirmado por las autoridades departamentales en la reunión de este miércoles. En esta línea, Civila dijo que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) trabaja en conjunto con la Intendencia de Maldonado (IDM) y otras instituciones departamentales en pos de “mantener y ampliar la capacidad de respuesta”.
Por su parte, la directora del Mides de Maldonado, Paula Caballero, informó a la diaria que unas 150 personas permanecen en el centro de evacuación mixto de la ruta 39, cuya capacidad está completa. Desde su apertura en mayo, “unas 620 personas han transitado por ese centro, según datos del Ministerio del Interior”. En tanto, los otros dos refugios mixtos de Maldonado, con 58 cupos, están completos, al igual que el de San Carlos, exclusivo para varones, que cuenta con 40 plazas. No obstante, indicó que “nunca se desbordó la capacidad, por lo que se cuenta con los cupos necesarios”.
“El 80% de las personas identificadas son nacidas o residen hace años en el departamento, por lo que fueron revinculadas a sus familias”, informó; asimismo, unas 100 fueron trasladadas a otros departamentos para revincularlas con sus familias o redes de apoyo. Además, añadió que el Mides realizó “derivaciones oportunas” por consumo problemático de sustancias al Centro Regional El Jagüel o a clínicas privadas, aunque no precisó cuántas.
Mientras continúa operativo el centro de evacuación se analizan alternativas, entre ellas, el alquiler de viviendas para “brindar soluciones habitacionales y avanzar en el proceso de inserción social”, dijo. Las opciones incluyen subsidios de alquiler mediante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial o “encontrar voluntades privadas de pequeños, medianos y grandes emprendimientos para facilitar el acceso a viviendas compartidas que serían solventadas por los usuarios que cuentan con trabajo formal”, explicó.
El coordinador del Cecoed, Martín Hualde, dijo en rueda de prensa que la problemática “no puede limitarse a la respuesta inmediata mediante refugios”, sino que “se debe avanzar en herramientas de inserción laboral, acceso a vivienda y acompañamiento para las personas que atraviesan situaciones vinculadas a adicciones, problemas familiares u otras dificultades”. La próxima semana se convocará a una nueva reunión del Cecoed para elaborar un único informe técnico sobre el estado de situación, a ser elevado a autoridades nacionales, pero aún no se definió a quién y cuándo. Además, este mes se prevé un encuentro con el ministro Civila y el director de Protección Social, Daniel Gerhard.
Trezza: “Se trasladaron a refugios 2.514 personas” hasta setiembre
En el marco de la alerta roja, “se identificaron más de 650 en situación de calle”, desde mayo hasta setiembre, y “se trasladaron a refugios 2.514 personas” desde principios de año, informó a la diaria el jefe departamental de policía, Víctor Trezza. “Un gran porcentaje presenta consumo problemático de sustancias, más del 60% tiene antecedentes penales y egresó de la cárcel Las Rosas, y otro grupo está en situación de desarraigo familiar por problemas de violencia”, explicó. Por estas razones es una problemática multifactorial.
“Muchas de las personas con consumo problemático optaron por estar en la calle”, dijo, y de las más de 650 identificadas, “unas 50 fueron condenadas por distintos delitos”. Otras decidieron regresar a sus departamentos de origen mediante pasajes gratuitos proporcionados por los municipios, en coordinación con el Mides y la policía, mientras que “el resto permanece en la calle, aunque a diario son trasladados al centro de evacuación”. Esta práctica de facilitar el retorno se instrumenta, a instancia de empresarios y residentes que, en 2023, acordaron un protocolo de actuación con las autoridades.
Si bien la policía es “responsable” de identificar a personas que viven en la calle y, si son residentes del departamento, conducirlas a sus domicilios o, de lo contrario, trasladarlas al centro de evacuación, señaló que “fuera del radar quedan muchas personas en la calle que no son percibidas por vecinos ni la policía”. En setiembre, por ejemplo, la policía, la Prefectura de Punta del Este y la IDM detectaron mediante un dron siete campamentos irregulares en distintas playas de dicha ciudad, donde varias personas permanecían entre malezas y fueron trasladadas al centro. En febrero, operativos similares en Punta del Este y Maldonado culminaron con el desalojo de más de 15 personas.
Instituciones privadas exigen acciones al Mides
La Mesa de Enlace Empresarial y Turístico de Maldonado, integrada por instituciones privadas, solicitó al Mides, en un comunicado divulgado este martes, una respuesta pública y escrita en un plazo de diez días hábiles sobre el diagnóstico actualizado de la situación de calle en Maldonado. En el comunicado, y vinculado a dicho tema, la Mesa de Enlace solicitó información sobre de la capacidad de alojamiento y atención disponible durante todo el año, las medidas concretas que se implementarán con recursos, responsables y plazos, las alternativas previstas para generar salidas sostenibles, y los mecanismos de coordinación y seguimiento con las instituciones del departamento.
En el comunicado las instituciones expresaron su preocupación “ante el crecimiento y la persistencia de personas viviendo en situación de calle en el departamento”, y señalaron que detrás de esta realidad hay personas “atravesando situaciones de desprotección, exclusión y vulnerabilidad”. “Como sociedad no podemos acostumbrarnos a que vivir a la intemperie forma parte del paisaje cotidiano”, afirmó la Mesa, e informó que hizo un planteo formal a las autoridades departamentales del Mides, pero “hasta el momento se sigue sin conocer una hoja de ruta concreta, con medidas, recursos, responsables y plazos definidos”.
Sostuvo que la situación amerita “una respuesta integral y sostenida durante los 12 meses” y que, a pocos meses de la temporada estival, “adquiere especial relevancia”, debido a la experiencia de quienes visitan el departamento y a “las miles de fuentes laborales que dependen de que Maldonado ofrezca condiciones adecuada para residentes, trabajadores y turistas”. “Las instituciones estamos dispuestas a acompañar, colaborar y ser parte de las soluciones, pero una problemática de esta dimensión requiere conducción pública, coordinación interinstitucional y respuestas que puedan ser evaluadas”, concluyó.
Caballero explicó que la dirección departamental del Mides se reunió con la Mesa de Enlace a mediados de año, cuando plantearon “las dificultades en la temporada pasada por las personas en situación de calle” y su disposición a articular. La jerarca acordó con su presidente, Willy Ihlenfeld, quien también preside la Cámara Empresarial de Maldonado, convocar a una nueva reunión cuando Civila visite el departamento. Además, solicitó al sector empresarial generar cupos laborales e informó que el Mides trabaja con empresas en la formación dual con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que combina capacitación práctica y remunerada. “Al momento hay 40 usuarios vinculados”, señaló.
