El peso económico y administrativo de la fundación A Ganar en la Intendencia de Maldonado (IDM) fue el eje de una exposición realizada en la Junta Departamental por el edil frenteamplista Javier Ramírez, del Movimiento de Participación Popular, quien cuestionó “el aumento sostenido” de los fondos asignados por la comuna y la precarización de las condiciones laborales, en un contexto de “clientelismo político”.
Ramírez señaló que, si bien las ONG están reguladas por el Ministerio de Educación y Cultura al amparo de la Ley 17.163 y su principio básico es operar sin fines de lucro, la fundación A Ganar funciona como una empresa proveedora de servicios y recursos humanos para el Estado, obteniendo pingües ganancias.
Basado en un pedido de informes realizado al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) por el senador frenteamplista Eduardo Brenta, Ramírez afirmó que la fundación facturó un total de 90 millones de dólares a nivel nacional entre 2020 y 2025, con una ganancia estimada en seis millones de dólares. De los 90 millones, 40 millones correspondieron a la IDM, que es por lejos el organismo que más contrató con la fundación.
En segundo lugar está el Ministerio de Desarrollo Social con US$ 20,3 millones y luego la Intendencia de Paysandú con US$ 13,5 millones durante el citado período. “Es una de las principales empresas de facturación de servicios de Uruguay a instancias de varias intendencias amigas y del Estado, hábilmente camuflada como obra social sin fines de lucro. Que alguien me explique dónde queda la filantropía de esta fundación”, cuestionó.
Luego recordó que, en varios casos, las adjudicaciones contaron con plazos acotados y escasa publicidad –a su juicio, con el ánimo de favorecer la oferta de la fundación–, además de exoneraciones de aportes patronales e IVA. “La total y absoluta falta de transparencia y displicencia sin los ítems aclaratorios en los desgloses de gastos” mereció múltiples observaciones del TCR, sostuvo Ramírez.
Para el caso de Maldonado, subrayó que ese órgano de contralor “observó que no se consignan procedimientos de compra por US$ 38 millones” de los 40 millones asignados.
Escalada presupuestal en Maldonado
Tras analizar la evolución del gasto destinado a esta organización, Ramírez señaló que, mientras en el período 2015-2020 la administración de Enrique Antía asignó US$ 10 millones y en el quinquenio 2020-2025 lo aumentó a US$ 40 millones, el actual gobierno de Miguel Abella proyecta un presupuesto de US$ 60 millones en cuatro años –a razón de 15 millones anuales–, imputados en el rubro 5299 (“otros rubros no personales”) del Departamento de Desarrollo e Integración Social.
De acuerdo con las comparecencias de las distintas direcciones de la IDM ante la Comisión de Presupuesto, que estudió la adecuación presupuestal aprobada en setiembre, actualmente hay 870 personas contratadas por la fundación en Maldonado.
Entre los destinos mencionados por la comuna figuran el gerenciamiento de recursos humanos, pago de honorarios, cargas sociales (BPS y BSE), supervisión de los programas Impulsar y Tu Nuevo Futuro, y la colaboración en el torneo internacional de rugby Copa Malena Secco, citó Ramírez.
El edil dijo a la diaria que no cursó pedidos de informes a la IDM para conocer la fundamentación de los contratos, ya que los jerarcas, “abiertamente y sin tapujos, argumentan que faltan recursos humanos”. Aclaró que su planteo no busca perjudicar la fuente laboral de los 870 trabajadores, sino denunciar ante la opinión pública la operativa de la fundación como “una agencia de colocaciones a cambio de votos”.
Según el edil, en campaña electoral se promete trabajo municipal, pero “lo que no se explicita convenientemente es que lo harán en la fundación A Ganar, que será un trabajito de medio pelo, que serán contratos precarios, que sus ingresos no serán similares a los estipulados para los funcionarios municipales, que no tendrán grados ni escalafón ni carrera, y que se integrarán a los 25 a 30.000 pesistas del país”.
Por último, Ramírez reclamó una mayor actuación de los organismos de contralor del Estado ante “la impunidad con la que se manejan estos fenómenos puntuales”, y respondió a críticas de dirigentes oficialistas que señalaron el uso de ONG en intendencias del Frente Amplio. Instó a la oposición de esos departamentos a que “indague, investigue y presente ante el Legislativo que corresponda la denuncia”.