La Intendencia de Maldonado se propone crear una unidad dedicada al control de la cartelería publicitaria en todo el departamento, según se desprende del proyecto “Fiscalización y relevamiento de tributos”, incluido en la modificación presupuestal 2026-2030 presentada a la Junta Departamental. Así absorberá, con personal y recursos propios, una tarea que se encuentra tercerizada desde hace varias administraciones.
La iniciativa, cuya ejecución dependerá de la subdirección general del Departamento de Ingresos Públicos, implica la creación de una unidad especializada cuya “función principal” será el “relevamiento sistemático de elementos publicitarios, la actualización del padrón y el control del cumplimiento tributario” del impuesto a la publicidad y propaganda.
Al justificar el proyecto en su ficha de funcionamiento, la administración reconoce que la fiscalización externa actual genera “costos significativos en concepto de comisión” abonados a la empresa adjudicataria, a los que se suman los costos administrativos de los propios funcionarios municipales que deben supervisar el contrato y gestionar los expedientes.
Según la IDM, desprivatizar la fiscalización permitirá “mayor control tributario del impuesto, mejora en la gestión administrativa, incremento en la recaudación y reducción de costos”. El documento también propone medir el alcance del control en metros cuadrados de cartelería fiscalizada, con una proyección hacia el año 2030.
Para la ejecución de este proyecto se prevé asignar un total de $2.100.000 (clasificado dentro de “Otros servicios no personales”), distribuidos de la siguiente manera: 750.000 en 2027 y 450.000 en 2028, 2029 y 2030, indica la iniciativa de modificación presupuestal planteada por el intendente Miguel Abella.
La administración enmarca esta propuesta en las líneas estratégicas de Gobernanza, transparencia y modernización del Estado (LE1) y Sostenibilidad financiera y equidad fiscal (LE2), alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 9 (Industria, innovación e infraestructura) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos).
Una licitación observada por el TCR
La última licitación pública convocada por la IDM para la contratación del relevamiento de avisos de publicidad y propaganda se adjudicó en 2021, durante el gobierno de Enrique Antía, y fue observada por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) en abril de 2022. La misma adjudicataria, conocida comercialmente como Tributos del Uruguay, venía cumpliendo similar servicio desde la administración anterior del exintendente.
Para el TCR, “las funciones de fiscalización, determinación tributaria y aplicación de sanciones constituyen el ejercicio de potestades públicas e inherentes al poder de policía del gobierno departamental, las cuales resultan indelegables en favor de personas físicas o jurídicas de derecho privado”.
Además, el organismo marcó que “la fijación de una erogación condicionada a un porcentaje de recaudación futura no se ajusta a las normas presupuestales y de contratación pública previstas en el TOCAF, al no contarse con la disponibilidad ni la imputación previa de un objeto de gasto determinado”.
Pese a las observaciones del TCR, la administración Antía reiteró el gasto y la licitación siguió, por lo menos, hasta el final de su gobierno en 2025. No hay registros de una renovación del contrato en la presente administración.
El fin de otra tercerización sobre cartelería
En 2022, Antía decidió no renovar el contrato con Satenil SA (Netcom), que tenía la explotación y colocación de soportes publicitarios en la vía pública ("paletas", pantallas LED y cartelería en accesos y balnearios) desde las administraciones del Frente Amplio (2005-2015).
Antía había contratado a Satenil en su anterior gobierno, pese a que el Partido Nacional había denunciado la contratación directa de la empresa a finales de 2005. De hecho, en 2021 volvió a contratar a la empresa con una notoria reducción del canon, según reveló el semanario Búsqueda.
En 2022, al dejar caer el contrato, el exintendente fundamentó la medida en la necesidad de reducir la contaminación visual en zonas turísticas, aunque resaltó que la IDM resignaría un aporte anual de 400 mil dólares por parte de la empresa.
"Hoy el mundo y el turismo piden un Maldonado natural; cuanto más natural mejor, cuanto menos contaminemos con carteles mejor. Total, ahora la mayor parte de la publicidad se hace en medio de prensa o en celulares”, dijo entonces el gobernante del Partido Nacional, citado por el portal Maldonado Noticias.
No aplicaría el mismo criterio de protección ambiental, sin embargo, durante las campañas electorales de 2024 y 2025, cuando las calles y avenidas del departamento quedaron tapizadas por cartelería política y gigantografías de los candidatos nacionalista a la IDM, incluido el de su sector, Miguel Abella, generando fuertes cuestionamientos del opositor Frente Amplio.
En marzo de 2025, en plena campaña electoral hacia la IDM, la Junta Departamental aprobó una nueva ordenanza para regular la cartelería política en espacios públicos y prohibió su instalación en la zona balnearia. El edil frenteamplista advirtió, entonces, que “el 80% de la cartería ya instalada quedaba en infracción”. Pero no fue retirada hasta pasadas las elecciones.
