El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitó acciones de parte del Supremo Tribunal Federal (STF), tras ser detectada una nueva amenaza de manifestaciones golpistas organizadas por simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro, similares a las que se produjeron el domingo en los edificios del Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial en Brasilia.
Ricardo Capelli, el interventor de seguridad del Distrito Federal designado por Lula, decidió reforzar la seguridad y cerrar este miércoles el acceso principal a la Explanada de los Ministerios. Además, el ministro del STF Alexandre de Moraes determinó que las fuerzas de seguridad impidan cualquier intento de ocupación o corte de vías públicas, carreteras, espacios y edificios públicos en todo el país. Carta Capital informó que el ministro también ordenó a Telegram, la red de mensajería más utilizada por los militantes bolsonaristas, que bloquee ciertos canales o perfiles de los grupos que fomentaron los actos golpistas.
El portal Brasil 247 informó que las órdenes dictadas por el ministro Moraes se dieron en respuesta a un pedido de la Abogacía General de la Unión (AGU), que alertó al ministro sobre una “megamanifestación nacional por la reanudación del poder”, convocada por los bolsonaristas. La AGU, por intermedio de su titular, Jorge Messias, informó al ministro que “tenía informaciones de que grupos extremistas estuvieron convocando nuevas manifestaciones golpistas”.
Sobre este punto, el interventor Cappelli dijo que en Brasilia estaban previstos dos actos, uno cerca del Palacio Buriti, sede del gobierno del Distrito Federal, y otro en la Explanada de los Ministerios.
En una conferencia de prensa citada por la cadena Bandeirantes, Capelli dijo que no hay una crisis en el país, sino un intento de generarla. “El presidente Lula fue elegido para gobernar Brasil, para volver a poner a Brasil en el camino del desarrollo con justicia social. Los que intentan crear un ambiente de crisis perdieron en las urnas y no conseguirán lo que pretenden”, expresó el funcionario que fue designado para el cargo por el presidente, luego de determinar la intervención del área de seguridad en el Distrito Federal. En su contacto con los medios Capelli afirmó que “no hay posibilidad de que en la capital federal vuelva a pasar lo que pasó. Con relación a los que pretenden reiterar esos actos, lo que tengo que decirles es simple: se hará cumplir la ley”, agregó.
En paralelo, y de acuerdo a lo que informó Reuters, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, decidió prorrogó este miércoles el empleo de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en Brasilia hasta el 19 de enero, según una ordenanza publicada por el ministerio en el Diario Oficial. El martes, el Ministerio de Justicia había informado que 650 policías habían llegado a la capital desde otros estados para reforzar el contingente de la Fuerza Nacional en Brasilia.
También este miércoles el ministro de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Paulo Pimenta, informó que la Policía Federal ya había emitido 1.261 actas de arresto como resultado de los episodios del domingo.
“El momento que atravesamos hace que cualquier gesto que vaya en contra de la democracia sea castigado con el rigor de la ley”, destacó Pimenta, según informó Agencia Brasil. La Policía Federal había informado el lunes que más de 1.500 personas involucradas en los ataques a los poderes del Estado habían sido detenidas y trasladadas a la Academia Nacional de Policía, en Brasilia, tras la determinación del STF.
Se comunicó además que por razones humanitarias casi 600 detenidos habían sido liberados, entre otros, ancianos, personas con problemas de salud, otras en situación de calle, y padres y madres que participaron en los hechos junto a sus hijos pequeños.
Mientras esto pasa en Brasil, desde Estados Unidos, donde se encuentra de vacaciones, el exsecretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, quien fue procesado con prisión por su responsabilidad en los hechos delictivos que se produjeron en Brasilia el domingo, dijo que piensa retornar al país para presentarse ante la Justicia.
“Recibí la noticia de que el ministro Alexandre de Moraes, del STF, ordenó mi arresto y autorizó allanar mi domicilio. Tomé la decisión de interrumpir mis vacaciones y regresar a Brasil. Me presentaré ante la Justicia y cuidaré mi defensa. Siempre he basado mis acciones en la ética y la legalidad. Creo en la Justicia brasileña y en la fortaleza de las instituciones. Estoy seguro de que la verdad prevalecerá”, expresó en su cuenta de Twitter. Torres es una persona muy allegada a Bolsonaro y fue ministro de Justicia durante el último año y medio de mandato del excapitán ultraderechista.