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Guillermo Lasso durante una conferencia de prensa (01.03.2023).

Foto: Ezequiel Becerra, AFP

El sábado el Parlamento ecuatoriano debatirá si avanza con un posible juicio político al presidente Lasso

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Al mandatario se lo acusa de delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública, en una trama que también involucra a su cuñado y a un empresario con vínculos con organizaciones criminales albanesas.

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Leído por Mathías Buela.
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Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, el órgano legislativo unicameral del país, convocó el jueves a todos los legisladores a una sesión que tendrá lugar el sábado en la que se debatirá sobre la resolución de una comisión parlamentaria que recomendó el inicio de un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

Esta comisión decidió el miércoles, con seis votos a favor y uno en contra –de un legislador oficialista–, avanzar en las investigaciones contra el mandatario en el marco de un caso conocido mediáticamente como Gran Padrino, causa denominada Encuentro por la Fiscalía General del Estado.

El caso tomó estado público y comenzará a ser objeto de investigación luego de un informe publicado en enero por el medio digital ecuatoriano La Posta.

El principal acusado es Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente Lasso, pero también estarían involucrados Hernán Luque Lecaro, quien fue designado en julio de 2021 presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y Rubén Cherres Faggioni, un allegado a Carrera, quien está siendo investigado por la Policía por un presunto caso de narcotráfico en el que también habrían participado criminales provenientes de Albania.

De acuerdo a la investigación periodística, desde el comienzo de su mandato, en mayo de 2021, Lasso quiso tener un equipo de asesores privados para que supervisaran la rentabilidad de las empresas públicas. A la cabeza de este equipo de asesores Lasso designó a su cuñado, Danilo Carrera, quien es uno de los principales accionistas del Banco Guayaquil, entidad que el ahora mandatario presidió durante 18 años, entre 1984 y 2012.

Pero Carrera hizo nombrar a un allegado suyo, Luque Lecaro, como presidente del directorio de la EMCO para poder dirigir las entidades estatales por su intermedio. Según las denuncias, Carrera y Luque generaron una red mediante la cual se cobraban coimas cuando se otorgaban contratos de obras públicas.

Además, el otro investigado en el caso, Cherres Faggioni, habría aportado más de un millón de dólares para el financiamiento de la campaña electoral de Lasso, en una operación de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.

De acuerdo a lo que informó el diario quiteño El Comercio, Viviana Veloz, representante de la coalición izquierdista Unión por la Esperanza (UNES), sector afín al exmandatario Rafael Correa, y quien preside la comisión parlamentaria que investigó el caso, dijo que hay “pruebas contundentes e irrefutables” que llevaron a pedir el juicio político contra Lasso. Hace diez días la legisladora denunció públicamente y también ante la Fiscalía haber recibido amenazas de muerte por parte de la mafia albanesa.

Según relató Veloz, le hicieron llegar una carta con la tradicional águila bicéfala, símbolo del país balcánico, y debajo la palabra “muertos” escrita en albanés.

Por su parte, desde el gobierno se negó en todo momento la existencia de la supuesta trama de corrupción e incluso el presidente Lasso, según recordó Radio Pichincha, salió en defensa de su cuñado en un mensaje emitido por cadena nacional.

El documento de la comisión será debatido el sábado en la Asamblea Nacional, donde la oposición contaría ampliamente con los votos necesarios para poder iniciar el proceso de juicio político. De acuerdo a la legislación ecuatoriana, para que esto ocurra se precisan los votos de un tercio de los integrantes del cuerpo legislativo, 46 de 137.

AFP informó que, en caso de ser aprobada, la solicitud de juicio político debe ser analizada por la Corte Constitucional, que puede dar trámite o no en el Congreso. En caso de que sí lo sea, para que el presidente Lasso sea efectivamente destituido de su cargo se necesitan los dos tercios de los votos.

Este es el segundo intento de la Asamblea Nacional para destituir a Lasso. En junio del año pasado, en medio de las violentas protestas comandadas por movimientos indígenas contra el aumento de los precios, asambleístas de la oposición presentaron una moción para cesar al mandatario por grave conmoción social, pero no lograron reunir los votos necesarios.

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