El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el llamado “caso Plus Ultra”, concluyó que el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero es sospechoso de liderar una trama para obtener “beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas, a favor de terceros”.
El caso toma el nombre de la aerolínea Plus Ultra, enfocada en particular en vuelos a América Latina, que, según las sospechas del juez, fue rescatada por el gobierno durante la pandemia gracias a gestiones que hizo el expresidente. En opinión de Calama, hay indicios de que existió una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” y Rodríguez Zapatero era el “núcleo decisor y estratégico”.
Según la Fiscalía, la aerolínea hizo un “uso indebido” de los 53 millones de euros que el gobierno le concedió como rescate. Cree que destinó una parte a lavar dinero “ilícito” procedente de Venezuela, según informaron Europa Press y elDiario.es.
Para Calama, hay intercambios de mensajes entre los investigados que exponen que la red accedió a información privilegiada, y que también hubo acciones para influir en el Instituto Nacional de Aeronáutica de Venezuela a favor de Plus Ultra. El juez concluye que los beneficios económicos para Rodríguez Zapatero y su entorno y para la empresa se dirigieron mediante una trama de contratos, sociedades offshore –una de ellas en Dubái– y canales financieros poco transparentes.
Según Calama, la aerolínea consiguió sus objetivos mediante dos líneas: la principal, a través de Rodríguez Zapatero, y otra que involucra al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
En cuanto a los beneficios obtenidos por el ex jefe de gobierno, sumarían 1.525.078 euros, y en total él y su “entorno” habrían recibido 1.948.857 euros.
De acuerdo con elDiario.es, el juez ve indicios de que cuando el gobierno aprobó bases para ayudar a empresas afectadas por la pandemia, Plus Ultra contactó a Análisis Relevante, la empresa de un amigo de Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, y accedio a “información privilegiada”.
El juez argumenta que el vínculo del expresidente y su papel en este entramado surge, por ejemplo, en conversaciones de terceros que dicen frases como “nuestro pana Zapatero detrás” o “no sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales]”.
Rodríguez Zapatero, que el 2 de junio deberá declarar como imputado, niega haber hecho “jamás” gestiones “ante ninguna administración ni el sector público” para el rescate de Plus Ultra, ni de manera “directa ni a través de terceros, ni en España ni afuera de España”.
“Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF, con absoluta transparencia y legalidad”, dijo.
Ema Saiz, la ministra portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, que pertenece al Partido Socialista Obrero Español, al igual que Rodríguez Zapatero, defendió la presunción de inocencia y señaló que los procedimientos y préstamos gestionados por el Ejecutivo en la pandemia fueron “pulcros y transparentes”. La dirigente agregó: “Desde el punto de vista personal, yo tengo tanto afecto por Zapatero como inquina le tiene la derecha”.
A su vez, la portavoz de la bancada de Sumar, Verónica Martínez Barbero, se planteó “dudas” de que la imputación del expresidente sea un caso de lawfare. Dijo que tal como se están “comportando últimamente algunas de sus señorías” en la Judicatura, en particular con dirigentes de izquierda, la llevan a albergar “algunas dudas acerca de esta imputación”.
El diputado Gerardo Pisarello, de Comuns –que es parte de la alianza Sumar–, pidió “cautela” ante los primeros datos que presenta la Justicia, pero señaló que Rodríguez Zapatero es “un enemigo a abatir” para determinados sectores políticos. Algo similar manifestó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Dijo que “la derecha le tenía muchas ganas” al expresidente. Además, advirtió: “Creo que es muy evidente que el gobierno cada vez lo tiene más difícil para seguir gobernando” y que “no hacer nada contra la guerra sucia judicial” empeora esa situación.
