LUC: Un referéndum en defensa de la democracia

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El diario El País publicó el 14 de diciembre un editorial con el título “Referéndum y democracia”, en el que cuestiona la legitimidad de la Intersocial para plantear el recurso de referéndum basado en una interpretación propia del concepto de Giovanni Sartori de “minoría intensa”. No es la primera vez que los editorialistas de ese medio recurren a este concepto para atacar a los movimientos sociales y sectores de izquierda. Sin embargo, es dudoso que el uso que hacen de él represente el pensamiento del autor, que apunta a la dinámica política.

El editorial expone con claridad las ideas más retrógradas de nuestra derecha, más o menos las mismas que las estrategias de comunicación que dominan el “discurso” político disfrazan a la moda, en las que el concepto desaparece en la forma. Pero el objetivo no es rebatir ideas que, aunque trilladas, hoy retoman la supremacía, porque lo han sido en forma reiterada y brillante, sino verter algunas limitadas reflexiones sobre la gravedad del cuestionamiento al que se encuentra sometida nuestra democracia, y el rol central que adquiere en su defensa el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC).

La representatividad y legitimidad de quienes promueven la iniciativa de referéndum es puesta en tela de juicio por no haber sido elegidos en las elecciones. Las que, según entiende el editorialista, ya fijaron en forma definitiva e incuestionable quiénes son los únicos autorizados para actuar en política y tomar decisiones sobre el rumbo del país.

El referéndum es una de las contadas formas de ejercicio por el pueblo de la democracia directa previstas en nuestro régimen de gobierno; se trata de devolver la capacidad de decisión al soberano. Una oportunidad para pronunciarse sin los intermediarios en los que delega la mayor parte de sus decisiones. Esas –por cierto, limitadas– posibilidades de ejercicio democrático pleno están previstas en la propia Constitución, forman parte del conjunto de principios, reglas y valores que dan forma a nuestra democracia. Es decir que la intervención plena del soberano, aunque excepcional, posee su espacio propio y legitimidad jurídica consolidada al mayor nivel.

Tal vez porque no se encuentra razón suficientemente válida para cuestionar que se promueva ese pronunciamiento, se recurre a descalificar a sus promotores, como si fuera lo que más importara. Una ley con el contenido, alcance y forma en que fue procesada la LUC parece dar un motivo más que justificado para convocar al soberano a que se exprese. Los referéndums tienen historia de ser eso, la oportunidad de resolver sobre temas que comprometen a la sociedad en grandes debates y que de alguna forma desbordan la capacidad de los representantes para dirimirlos.

En segundo lugar, el editorial no repara en que la Constitución también garantiza las libertades de asociación y expresión, y da especial y amplia cabida a la actividad gremial y sindical. En el ejercicio de esos derechos, cualquier ciudadano o agrupaciones de ellos se encuentran perfectamente habilitados para promover el recurso de referéndum contra una ley votada en todo caso por un Parlamento elegido en las elecciones nacionales.

¿Se trata de un equívoco del editorialista? No, no se trata de un error conceptual; sus razonamientos son producto de una ideología, de esas que Sartori reconoce muy vigentes, y que por cierto no se reducen a “creencias”.¹ Filtro ideológico que vuelve criticable por intromisión en la política a la Intersocial, pero olvida a Un Solo Uruguay, esa intersocial que El País apoyó con todas sus fuerzas, construida para hacerles la guerra a los gobiernos del Frente Amplio, y que intervino en la política nacional sin que surgieran cuestionamientos. De la misma forma que su visión ideológica le impide advertir que los mismos cargos le cabrían a la Asociación Rural, a la Federación Rural, a la Cámara de Industrias, y demás gremiales que con total naturalidad reclaman del gobierno un completo paquete de medidas y hasta que lleve adelante toda una política económica que atienda sus intereses. Gremiales con una larga historia de participación e influencia en el hacer político y a las que más cómodamente les ajustaría la calificación de minorías intensas, dado su monocorde discurso liberal en contra de toda regulación y carga impositiva, contra el peso del Estado, etcétera, etcétera; sostenido desde hace más de un siglo y cualesquiera sean las circunstancias. Agrupaciones que con este gobierno retoman la “captura del Estado”. Este término, acuñado por los economistas Joel Hellman y Daniel Kaufmann, refiere a “la interferencia indebida de las élites económicas en la toma de decisiones públicas con el fin de obtener beneficios a costa del bien común”.²

Las características de las minorías intensas que el editorial enumera, atribuyéndoselas a las organizaciones de la Intersocial, aparecen así como la figura invertida de aquellas gremiales, reflejada por el espejo de la ideología conservadora. No las distingue porque “son las de ellos”, se encuentran incorporadas a la normalidad, se ven tan populares como la Semana Criolla, forman parte del sentido común que construyen las ideas dominantes, y en él se inscribe esa concepción liberal de la democracia que hoy retorna con pocas adaptaciones.

Despejada de la visión de la ideología de derecha, la iniciativa de la Intersocial surge como una apelación auténtica al soberano ante una iniciativa que supuso un atropello por el Poder Ejecutivo a un Parlamento que en vez de defender sus fueros, la convalidó. Una LUC de 500 artículos, que introdujo profundos cambios en cantidad de temas de gran relevancia y constriñó el ejercicio de la labor de los representantes electos por el pueblo, haciendo que resolvieran en un par de meses cuestiones que cada una de ellas insume normalmente años de discusión.

El editorial apunta a que la ley fue votada por una mayoría elegida en las elecciones, desconociendo que el parlamentario, como cualquier representante de otros, no se encuentra habilitado para hacer cualquier cosa, sus potestades tienen límites. Es cierto que no se recurrió a la aprobación ficta por el vencimiento del plazo, fijado en forma tan acotada porque seguramente fue pensado para tratar un proyecto de ley limitado a un tema concreto de resolución urgente. La mayoría parlamentaria montó una parodia de discusiones y consultas y hasta logró que la oposición de izquierda la acompañara en un número significativo de artículos. Parafraseando nuevamente, estamos ante una “mayoría intensa”, ejercida, no por organizaciones civiles, sino por los propios integrantes del sistema democrático.

Se trató de un ejercicio desmedido de la mayoría parlamentaria, que constituye sin duda un abuso político y jurídico de las prerrogativas asignadas a esos representantes que burla la Constitución. Una mayoría de parlamentarios que consientan en llevar adelante ese abuso degrada al Parlamento, a su investidura y a todo el sistema político. Contribuye al descreimiento en la actividad política, lo que en el corto plazo la favorece en la aplicación del proyecto regresivo que impulsa, pero a la larga genera una situación de la que también puede ser víctima; la dictadura se engendró en renunciamientos de ese tipo.

El abuso constante de las mayorías parlamentarias a partir de la LUC, el desconocimiento de las minorías, la actuación del Ejecutivo concentrada en la figura del presidente, la pérdida de autonomía de instituciones que cumplen roles centrales, entre otros atropellos, ubica al país ante un régimen que bien puede calificarse de autoritario.

No se trata de un fenómeno propio ni novedoso, sino que nuestra deriva institucional parece ser la expresión local de una tendencia a nivel mundial, ya que por todos lados los sectores dominantes pervierten la institucionalidad democrática. Tal vez porque empieza a no resultarles funcional para mantener sus privilegios ante los profundos cambios que se procesan en lo económico y social en el sistema mundial. Cierto es también que importantes sectores de la derecha no se han destacado por su fidelidad a los valores democráticos en el curso de la historia. Baste recordar el apoyo y defensa que ese mismo diario El País le brindó a la dictadura, demostrando hasta dónde esta fue tan cívica como militar.

La LUC constituye la piedra fundamental de un proceso de secuestro de la democracia,³ por lo que el referéndum para derogarla adquiere centralidad política en cuanto se convierte en el recurso democrático para ponerle freno a ese modelo autoritario.

Poner el foco en la discusión sobre los 135 artículos sometidos a referéndum (hace unos días se agregaron dos referidos al régimen de adopción) no debe impedir un cuestionamiento más general al proyecto regresivo del que forma parte, ya que en la concepción de la LUC se aloja el ataque a la democracia. El referéndum ha adquirido un significado político que supera el cuestionamiento a los contenidos de un nuevo proyecto privatizador, sin dudas fundamental, para convertirse en un movimiento en defensa de la democracia misma.

El proceso de discusión para arribar al amplio consenso entre la Intersocial y el Frente Amplio, que se decidió por el cuestionamiento de un conjunto de artículos de la LUC, fue largo y complejo, cargado de legítimas dudas y distintas valoraciones sobre su oportunidad. La historia del movimiento social y de la izquierda da cuenta de que el debate forma parte de una tradición que no hace más que reflejar su carácter democrático. Una democracia formada por amplias sendas de participación, de respeto por las opiniones, de representatividad y búsqueda del consenso. Esta derecha autoritaria y restauradora que reduce la democracia a votar cada cinco años, conducida por un presidente que concentra el poder en su persona, no convoca a su Consejo de Ministros ni coordina con los miembros de su propia coalición, y menos dialoga con los que representan a la mitad del país que no lo votó, tiene mucho que aprender y ninguna autoridad para asumir el rol de juez de conductas democráticas.

Hace pocos días, Danilo Astori recordaba la epopeya del referéndum de 1992⁴ que derogó la ley de privatización de empresas públicas, que hoy replantea la LUC, haciendo mención a las dificultades e incertidumbres que debió sortear para salir adelante. Evocación oportuna en cuanto aporte de la experiencia de lo pasado, y constancia de la complejidad en que se inscriben esas decisiones. Y a propósito, el referéndum de 1992 cuestionó la legitimidad de iniciativas privatizadoras que la LUC retoma, ya que se reitera una iniciativa que el soberano rechazó directamente, y se perpetró por un procedimiento que amordazó la expresión de la ciudadanía.

Las restricciones para el diálogo con la gente derivadas de las medidas para afrontar la pandemia, y lo reducido de los plazos, sin duda suponen dificultades reales e importantes que restringen la tarea de recolección de firmas, el debate y la movilización para lograr adhesiones al referéndum. No se trata de un referéndum sobre un tema concreto como el aborto o la legalización de la marihuana. Tocará a sus impulsores explicar a la población el contenido de la enorme cantidad de asuntos variados y complejos incluidos en la LUC, los que podría haber tenido la oportunidad de conocer y evaluar si hubieran sido objeto del debate parlamentario normal, en el que las opiniones de los interesados se difunden y discuten durante largo tiempo haciendo que se incorporen a la “opinión pública”.

La velocidad en el tratamiento secuestró también a la LUC del conocimiento de los ciudadanos. Cualquiera que se enfrente a un ejercicio de “comprensión lectora” de los 135 artículos en cuestión se verá ganado por la indignación cuando lo quieran convencer de que esta fue anunciada en la campaña electoral, de que fueron suficientes los dos meses y algo que se tomó el Parlamento para discutirla, o de que el resultado de las elecciones municipales supuso su convalidación por la ciudadanía.

A todas esas dificultades se le agrega que el gobierno, valiéndose una vez más de su mayoría parlamentaria, acaba de aprobar en menos de dos días de discusión un impreciso, ambiguo y borroso proyecto que restringe el derecho fundamental de libertad de reunión. No está estudiado ni demostrado que las “aglomeraciones” en espacios abiertos sean un factor fundamental en la propagación del virus pandémico, pero sí es seguro que esa ley en la práctica producirá efectos distintos de los alegados, ya que actuará como un disuasivo que se sumará a las restricciones sanitarias, dificultará la organización y el trabajo militante, todos ellos fundamentales para la promoción del referéndum.

Sin embargo, al mismo tiempo, esas restricciones pueden transformarse en una oportunidad, en la medida en que la firma se constituya en la expresión de protesta de un pueblo que no puede juntarse ni salir a la calle. Ese formalismo burocrático de estampar la firma en un documento previsto en la ley para convocar a un referéndum se habrá llenado de contenido político, convertido en un recurso de la lucha democrática como en su momento fueron los cacerolazos. Está demostrado que el pueblo sabe adaptarse con imaginación y es capaz de superar circunstancias excepcionales, y claro que lo son estos tiempos de pandemia y ofensiva restauradora.

José Antonio Villamil es abogado, participó en la subcomisión de Reforma Constitucional del Frente Amplio entre fines de la década de 1980 y principios de la de 1990.