Nueva directora del BPS, el currículum y la seguridad social

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El 6 de junio se presentó al Parlamento el currículum vitae de Araceli Desiderio para obtener la venia que le permita integrar el directorio del Banco de Previsión Social (BPS). El brevísimo CV de Desiderio provocó una serie de críticas. La más generalizada ha sido la escasa experiencia laboral y académica relacionada a las competencias que tendrá que realizar en el directorio de un ente tan importante para la sociedad uruguaya como el BPS, pilar del esquema de protección social. Esta crítica, a juicio de quien escribe, es profundamente problemática y tiene tintes reaccionarios, dado que comparte la misma raíz argumental para decir que un trabajador o una trabajadora manual, sin la universidad terminada, no debe acceder al Parlamento o a la presidencia. En todo caso, la falta de experticia en el tema puede ser compensada con un equipo de asesores en la materia. La tarea de ella será generar lineamientos de la conducción política del ente; sus asesores técnicos deberán ser capaces de transformar esos lineamientos en políticas públicas coherentes y solventes técnicamente. El problema, a mi entender, es qué lineamientos políticos pueden venir de Desiderio, y qué orientaciones se le dará a la política de protección social.

La generación de la seguridad social en América Latina y Uruguay ha estado ligada a los intereses particulares de grupos sociales, a las necesidades del Estado de generar cohesión social, y a las estrategias de los partidos políticos de afianzar lealtades electorales por medio de prebendas.¹ Tal es el hecho, que uno de los sectores que más tardaron en incorporarse al “pionero” sistema de protección social uruguayo fue la clase obrera (dado que en sus organizaciones ya contaban con mecanismos de solidaridad y mutualidad, ofreciendo servicios que hoy el Estado provee por medio de la seguridad social). Históricamente, las formas de reformas en la seguridad social también han respondido a la fuerza de grupos sociales; ejemplo de ello ha sido la reforma generada en el Acto Institucional N°9, o la reforma de la previsión social chilena de 1981, que concede beneficios especiales a los retiros de los altos mandos militares (en relación al resto de trabajadores y trabajadoras de la sociedad, e incluso de sus propios subordinados). Por ello es importante ver el origen político de Desiderio, más que su trayectoria laboral o su formación educativa (que también habla bastante de lo anterior).

La propuesta de Desiderio viene de su sector, Cabildo Abierto (CA), del que llegó a ser vicepresidenta. Además, en su currículum menciona su experiencia como delegada de Montevideo por el movimiento Un Sólo Uruguay (USU) –más allá de que el mismo movimiento haya repudiado el uso político partidario de esa participación–. Esta trayectoria militante presenta los verdaderos problemas, teniendo en cuenta la perspectiva de la seguridad social, sobre todo pensando que estamos en un proceso de inminente reforma (el apartado de Seguridad Social en la ley de urgente consideración genera los mecanismos para comenzar ese proceso con la convocatoria a una comisión de expertos).

En primer lugar, es necesario recordar la relación problemática que existe entre CA y la seguridad social, en especial, si tomamos en cuenta que la diferencia cualitativa en la emergencia política de Guido Manini Ríos fue el enfrentamiento con el Poder Ejecutivo debido al proyecto de reforma de la Caja Militar. Si bien se ha discutido bastante sobre el peso que tiene el déficit de la Caja Militar en el gasto público en seguridad social, tal vez sea necesario repasar algunos números. Es una caja que sólo cubre a 55.000 personas pero que en términos relativos es la más deficitaria. En 2015 se destinaban 8.100 dólares a pagar el déficit por pasivo del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, y 1.600 dólares al déficit por pasivo del BPS, generando un déficit del 1% del producto interno bruto (un poco más que el presupuesto destinado a financiar a la Universidad de la República).

Al mismo tiempo, en comparación con otros países de la región, el déficit que generan en este aspecto las Fuerzas Armadas es más alto que en países con ejércitos más grandes (y con una movilización más activa, por tener territorios en disputa, la protección de fronteras grandes, o territorios clave para controlar, como la Amazonia).² La asignación a uno de los órganos de conducción del BPS de una representante de un colectivo nucleado (entre otras cosas) por mantener privilegios que atentan contra todo el sistema de seguridad social es una mala señal en la perspectiva de una reforma transformadora.

En segundo lugar, más allá de la aprobación a su designación o no por parte de USU, es necesario atender la visión que el movimiento ha expresado públicamente sobre la protección social en Uruguay. En particular, destacan las declaraciones realizadas en enero de este año en su acto de Durazno, que se resumen en la frase “no queremos más solidaridad obligatoria”, para descargar contra el gasto del Estado y pedir por un ajuste fiscal que recaiga sobre la población trabajadora. Esa visión es altamente problemática. Si bien en ese discurso se puso la lupa en los gastos estatales sobre el Antel Arena o el subsidio al boleto, en otras instancias también se ha cargado sobre aspectos del sistema de protección social, como las transferencias monetarias condicionadas a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o del BPS. En general las críticas se basan en que el Estado derrocha sus ingresos bancando personas que se aprovechan de “papá Estado” para poder vivir sin trabajar. No obstante, esta idea es contraria a la realidad. Tomando datos de la Encuesta Continua de Hogares 2017, 66% de las personas entre 18 y 64 años que viven en hogares receptores de la Tarjeta Uruguay Social o Asignación Familiar Plan de Emergencia trabajaban en promedio 37 horas por semana, y 93% de los adolescentes que vivían en hogares receptores de dichas prestaciones asistían a algún centro educativo.³

El concepto de “solidaridad” es muy importante para el esquema de protección social, sobre todo para el sistema previsional. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras se retiran del trabajo en un esquema en que su fuente de ingreso (sus jubilaciones) proviene del aporte que realizan los trabajadores en actividad. Por lo tanto, quienes están en condiciones de generar riqueza con su trabajo financian “solidariamente” a las personas que no pueden generar ingreso por sus propios medios. Esta forma de distribución solidaria del ingreso es una parte constitutiva de nuestra misma ciudadanía, y pertenece al recuerdo de país (que tal vez nunca existió) que está clavado en nuestra memoria colectiva como un lugar de integración social (cuando todo valía un peso, cuando se hablaba con los vecinos y vecinas en la vereda, cuando ganábamos los mundiales, etcétera).

Además, “la solidaridad” reviste importancia adicional en dos aspectos. En primer lugar, ayudó durante bastante tiempo a entender que muchos problemas comunes a mucha gente (por ejemplo, la inestabilidad en el empleo) no eran situaciones individuales, sino que eran problemas sociales que debían ser solucionados colectivamente. En segundo lugar, tiene importancia por una utilidad práctica inmediata. Hoy, la solidaridad de muchísimas personas que montan ollas populares en barrios, sindicatos, cooperativas, organizaciones feministas, etcétera es garante de paz social (piénsese qué podría suceder si no existiese esa red de contención solidaria en este contexto de emergencia social).

La orientación política de Desiderio (y en definitiva, de las organizaciones que representa) puede preverse: ayudar a modificar el sistema contemplando intereses particulares de grupos de presión. En concreto, las reformas estructurales que tengan como principalísimo objetivo mantener la sostenibilidad financiera del sistema, promoviendo mecanismos de ahorros individuales, y la reformulación de mecanismos asociados a la generosidad del sistema. Alberto Arenas de Mesa, en su trabajo “Los sistemas de pensiones en la encrucijada. Desafíos para la sostenibilidad en América Latina”, realizado en 2019 para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, saca como una de las conclusiones sobre los resultados de la ola reformista de finales de los 80 y principios de los 90 (asociada a la privatización de la seguridad social) que el solo objetivo de mantener la sostenibilidad financiera atentó contra otros componentes de la seguridad social, como el poder de compra de las prestaciones o la cobertura de derechos. Los movimientos que se están avizorando preparan una reedición de lo anterior, con mecanismos técnicos nuevos, pero con orientaciones viejas. En un momento que muestra las debilidades de nuestro importante, pero insuficiente, sistema de protección social, y que en el mundo se está colocando con fuerza la idea de replantear los sistemas de protección hacia una orientación universalista basada en la idea de que las personas tengan derechos económicos básicos por su condición de ciudadanos –como la renta básica universal–, el aumento del peso de la alianza burguesía rural-aparato militar es una mala noticia.

Hugo Dufrechou es economista de la cooperativa Comuna.