Recién terminada de votar la ley de urgente consideración (LUC) en el Parlamento, quedan como resultado cambios en múltiples áreas de la vida de los uruguayos y las instituciones del Estado. Voy a referirme en este caso particular a la creación de un nuevo Ministerio de Ambiente.
El Ministerio de Ambiente fue una promesa electoral, por lo tanto un cambio esperable. Además era esperado por muchos como una oportunidad de avance para el país, considerando el consenso inicial de todos los partidos en jerarquizar esta área. Sin embargo, el resultado, luego de la discusión, deja mucho que desear en cuanto a su contenido y a los cometidos que se le asignan. Se pierde así una buena oportunidad de continuar la construcción de una política de Estado, con una institucionalidad potente y moderna, que jerarquice el rol del ambiente para la sostenibilidad y el desarrollo del futuro, que permee a todas las políticas productivas y sociales mediante la prevención y la planificación de las actividades en el territorio.
El resultado, luego de idas y venidas, queda acotado a una propuesta limitada, anacrónica y reducida al control sectorial, en lugar de continuar el avance en la integración con el resto de la institucionalidad del Estado y con el ordenamiento territorial en particular. Tal como instituciones académicas y sociales expresaron en la discusión, y como era de esperar, el ordenamiento territorial ahora quedará limitado y asociado a la vivienda y no al ambiente, reduciendo su accionar.
Pero además, desde el vamos, el nuevo ministerio nacerá debilitado en sus capacidades más preciadas: sus recursos humanos calificados. Se demuestra así, una vez más, el doble discurso del gobierno, amparado en la desinformación y explicitando su objetivo de reducir las capacidades del Estado, cada vez más necesarias.
Los hechos lo demuestran de manera inequívoca. En plena discusión parlamentaria sobre su creación, el Poder Ejecutivo no tuvo problema en aplicar el recorte de gasto establecido en el Decreto 90/2020 a los contratos de sus técnicos, tanto en el caso de los contratos vencidos como en la renegociación de los contratos vigentes. Ese es el mayor capital de un ministerio que requiere un fuerte respaldo científico y técnico para la toma de decisiones.
Tal como se expresó en la discusión en el Parlamento, más de 100 técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, seleccionados por concurso público y abierto, trabajaban desde hace varios años mediante contratos de servicios personales. De estos, algunos ya fueron desvinculados, y casi 80 contratos vencieron el 30 de junio, con lo cual, hoy, algunas oficinas están prácticamente vacías, a la espera de que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto concrete nuevos contratos. Estos, en el mejor de los casos, serán por menor cantidad de horas; otros no se retomarán. Esto queda a criterio de la administración.
Pese a la creación de un Ministerio de Ambiente, en los hechos el Estado verá reducida notoriamente su actividad en los temas ambientales, y sus tareas de control y fiscalización quedarán relegadas, a pesar de que los desafíos son cada vez mayores.
En la Dirección de Cambio Climático el 100% de los técnicos son contratados, en general mediante proyectos internacionales con fondos no retornables y compromisos del país asociados, y, por tanto, de no renovarse estos contratos se compromete fuertemente la continuación de los proyectos y la reputación del país.
También en la Dirección Nacional de Aguas gran parte de los técnicos están contratados. En este caso, acordaron reducir la cantidad de horas en sus contratos con criterios establecidos por la entidad, sin otra alternativa que la resignación o la pérdida de los puestos de trabajo.
En los hechos, el Estado verá reducida notoriamente su actividad en los temas ambientales. En lugar de jerarquizarlos para cumplir un mandato más relevante, ocurrirá todo lo contrario. Quedarán relegadas sus tareas de control y fiscalización, a pesar de que los desafíos son cada vez mayores. Se perderá el dinamismo que caracterizó el accionar de los últimos años, comprometido en transversalizar el tema al resto de las actividades productivas y sociales, y en involucrar a la sociedad civil en sus decisiones.
Será muy difícil cumplir así con políticas activas para la conservación de ecosistemas, el cambio de la matriz productiva y de los hábitos de la gente, sostener el funcionamiento de las comisiones de cuenca y las juntas de riego.
Una vez más queda en evidencia el doble discurso del gobierno, que por un lado dice jerarquizar el tema con la creación del nuevo ministerio pero por otro, en los hechos, reduce su accionar, relegando el capital más preciado y fundamental, radicado en sus técnicos y profesionales capacitados, que constituyen más de 50 % del personal del nuevo ministerio.
Una vez más se pierde, lamentablemente, una oportunidad inigualable de fortalecer y dar un salto cualitativo en una política de Estado que el país viene construyendo desde hace décadas, en un tema clave para las generaciones futuras.
Una vez más se prioriza un ajuste de gastos caprichoso y miope, que corta al barrer y compromete el futuro, pero que desnuda las reales intenciones e intereses de un gobierno de derecha, caracterizado por recuperar sus privilegios con base en el doble discurso, encubierto por la desinformación mediática.