Las autoridades educativas han instalado la sospecha sobre la alimentación escolar, apelando a lo más irrefutable de una denuncia: la duda sobre si todo está correcto… Es decir, invertir la carga de la prueba y poner en el banquillo de los acusados a cualquier situación que no se demuestre que está bien, a cualquier serie de números que no sean coincidentes, aunque midan hechos distintos.
La sospecha la planteó inicialmente el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, cuando preguntó públicamente por el gasto “fabuloso” de los comedores y por qué si en la pandemia se entregaban 60 mil viandas (ahora serían bastante más de 70 mil), durante el año había más de 200 mil comensales… “No será que hay que revisar y asegurar que la alimentación llegue a los que más lo necesitan”, decía a Búsqueda el 4 de junio. El cuestionamiento de la diferencia entre almuerzos en la escuela y viandas pedidas quedó planteado, así como la crítica a que coman algunos que no son “los más necesitados”. De inmediato se alzaron voces de respuesta y protesta.
La directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Graciela Fabeyro, cambió la formulación; se preguntó si “todos los niños necesitan comer todos los días en la escuela” y evocó la experiencia de Valencia, donde las familias que pueden, pagan un ticket. Otra sospecha: ¿será razonable que la escuela sea gratuita para servicios no programáticos? ¿Debe ser gratuita para todos la comida? Obviamente el dilema puede extenderse a los campamentos, la ceibalitas o la atención de la salud bucal. Es decir, la educación integral que requiere la extensión de la jornada y de la alimentación, ¿merece tener un lugar en el gasto educativo?
La semana pasada, en la Comisión de Educación del Senado, se incorporaron otras “ideas”: la senadora Graciela Bianchi propuso la posibilidad de que los alumnos pudientes traigan el almuerzo desde la casa porque “la escuela, sea de Tiempo Completo o Tiempo Extendido, no significa que les tengamos que dar de comer a todos”. Por su parte, el ministro se sorprendió de que hubieran docentes que almorzaran con los alumnos y habló del sobresueldo que esto supone (¡!).
Sin embargo, lo central de la campaña mediática iniciada a la salida de la comisión (y continuada el viernes pasado desde la Torre Ejecutiva) fue instalar la duda sobre la transparencia en la gestión: ya no fue que se diera de comer sólo a los más pobres, tampoco que se cobrara a los que no lo son tanto… ahora la sospecha es si hay malgasto en el servicio, desperdicios que podrían ser de 6 millones de dólares, confusión en los registros. El ministro declara que no hay números claros, que se debe investigar, que no se sabe a quién se da de comer…. Queda expuesta la sospecha.
Esta embestida baguala contra los comedores y por elevación contra el Impuesto de Primaria, merece al menos tres consideraciones: 1) respuestas claras y documentadas a las críticas; 2) información fehaciente del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y 3) interpretación prudente de la campaña instalada.
Las respuestas
El ministro, invitado a la Comisión del Senado para explicar sus dichos referidos a asegurar la alimentación para los más pobres, centra su intervención en datos de un expediente del CEIP y en que los alumnos que hacen uso de las porciones tercerizadas son menos que las porciones que cobran las empresas, califica de desperdicio a la diferencia y descalifica a los consejeros de la época. Aporta ejemplos, todos o casi todos de Tiempo Completo o Extendido, e insiste con la sorpresa y alarma que le generan estas diferencias.
Sin embargo, la explicación es muy sencilla: las empresas remiten diariamente las porciones (en algunos casos bandejas) que tienen asignadas para cada centro (obviamente en las de jornada extendida están en lista todos los alumnos), pero efectivamente comen sólo los niños que asistieron. El remanente permite que algunos alumnos repitan el plato, y en jornadas donde el remanente es mucho (días de alertas meteorológicas, muchas faltas imprevistas) el director está autorizado a donarlo a una institución social de la zona.
Dicho de otra manera, las discrepancias se basan en las inasistencias que se registran mensualmente. Para tomar los mismos ejemplos que se dieron en Comisión: en la Escuela 193 de Montevideo, la empresa de alimentación facturó 7.440 porciones y la asistencia fue de 6.831, la diferencia son 609. Si el mes tuvo 20 días hábiles, las faltas promedio fueron 30, el 8%, bastante menos que el promedio de inasistencias de las escuelas montevideanas.
Una situación similar es la de la escuela 11, también mencionada. Allí la diferencia es de 701 porciones, promediarían 35 alumnos que faltan por día, el 9%.... también lejos del 15% de faltas que se registran en Primaria. Otro ejemplo citado por el Ministro es el de la Escuela 19 de la Barra de Maldonado, donde se pagan entre 300 y 480 porciones y hay 226 alumnos de matrícula. Aquí la diferencia es mayor porque en la escuela comen los alumnos del Liceo de Tiempo Completo lindero. La diferencia no son sólo escolares que faltaron, sino toda la matrícula del liceo.
Estas aclaraciones y otras fueron brindadas al Ministro en la misma sesión de la Comisión, sin embargo en la rueda de prensa reiteró sus dudas instalando las sospechas… ¿habrá sido por distracción ante las explicaciones recibidas? ¿Por desconocimiento del funcionamiento de los comedores? ¿Porque el propósito es dejar un manto de dudas?
El Programa de Alimentación Escolar
El PAE tiene sus orígenes en 1920. A lo largo de un siglo se fue extendiendo y ampliando: más escuelas y nuevos cometidos. A escuelas al aire libre y rurales se han sumado urbanas, escuelas de todos los contextos, pero con fuerte concentración en los más vulnerables. De escuelas comunes se pasó a centros de jornada extendida, de las colonias a todas las propuestas con estadía: campamentos escolares, centros de pasantías y pupilajes, también las escuelas especiales y los Internados urbanos y rurales son cubiertos con un servicio integral de alimentación.
Una Escuela Pública y un Magisterio que se han hecho cargo de diversas vulnerabilidades que vive la niñez encuentra en los comedores una herramienta necesaria e insustituible para compensar aquellas dificultades.
Pero el PAE tiene también cometidos universales: “… la socialización y la educación de los escolares, con el objetivo de lograr una correcta nutrición y adquisición de hábitos relacionados con la alimentación, que influyan positivamente en la salud”, según el informe Evaluación del Programa de Alimentación Escolar, de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (UdelaR), el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta misma investigación concluye que aquellos niños que “asisten a Tiempo Completo y por ende su ingesta depende más del comedor escolar que los que asisten a tiempo simple tienen mejor estado nutricional. Esto evidencia que el comedor escolar podría estar operando como un protector de salud alimentaria… Los comedores escolares son una herramienta fundamental de política pública para promover hábitos de alimentación saludable”.
El comedor es también un espacio de encuentro entre todos los participantes de la comunidad educativa: los docentes que acompañan y educan en hábitos saludables, directores que gestionan y organizan la alimentación tradicional o avalan y conforman la tercerizada, padres y comisiones de Fomento que colaboran y controlan cada gasto, auxiliares que cocinan, sirven, limpian y también forman con su ejemplo y dedicación, nutricionistas e inspectores que orientan y supervisan. También proveedores, en general comerciantes locales, que frecuentemente son muy tolerantes con los pagos y generosos cuando se les solicita, y por supuesto vecinos que aportan cuando lo pide la escuela, y alumnos -tanto de la propia escuela como de algún liceo próximo o de los Centros Educativos Asociados- que suman casi un cuarto de millón. Todos tienen en el comedor una oportunidad de interacción entre géneros y generaciones, orígenes sociales y cultura, nivel económico y profesional, de encontrarse juntos en la misma mesa y con el mismo menú, de reconocerse como iguales haciendo uso de un mismo derecho. Esta extensión de la frase de Varela referida al banco escolar, es sin dudas tan potente como aquella.
Una dinámica de compromiso, aportes honorarios y cuidado minucioso de las partidas que administra el director en la modalidad tradicional, o de riguroso control de las porciones o bandejas que entregan las empresas en los servicios tercerizados, explican que el gasto por día sea de U$S 1 por niño, que “9 de cada 10 personas (directores, alumnos y familias) tienen valoraciones positivas acerca de su experiencia en el servicio de alimentación escolar” (Evaluación del PAE, ya citada).
Las partidas que maneja el director con el asesoramiento de las nutricionistas y que financian las compras mensuales de provisiones para la elaboración de los menús, surgen del padrón de alumnos que elabora cada maestro de su clase y los consolida el director, del monto asignado a cada ingesta y del número de días hábiles de cada mes. Así, una escuela común que sólo brinda almuerzo para 200 comensales, en un mes de 20 días recibía a principios de este año casi $108.000, bastante menos que atender a esos alumnos mediante tickets de INDA que supondrían $ 340.000 por mes.
Una interpretación
La alimentación concentra el 63% de lo recaudado por el Impuesto de Primaria, y depende casi exclusivamente de él (más del 99,5%). Los otros destinos del Impuesto también son relevantes e imprescindibles: transporte escolar para alumnos discapacitados, rurales, campamentos y colonias (8%), reparaciones, mantenimiento, seguridad y limpieza de locales (13%), publicaciones, material didáctico, proyectos educativos (5%), partidas a escuelas o comisiones de Fomento (3%), que totalizan en la ejecución del año 2019 unos 3.200 millones de pesos.
Este monto, recaudado por un tributo a padrones urbanos, suburbanos y rurales por sobre determinado valor y con escasas excepciones, tiene un carácter solidario, sin comparación con ningún otro programa de alimentación escolar en la región, y ha tenido reconocimientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es fuertemente distributivo en tanto la recaudación se concentra en propietarios de padrones de mayor valor y en tanto el destino es mayoritariamente para alumnos de sectores populares.
Es un tributo y un destino que integra el mejor ADN de nuestra educación pública: las reacciones airadas, las denuncias en redes sociales y la confusión que creó en las escuelas no brindar el acompañamiento de pan o bizcochuelo o fruta junto a la copa de leche ponen en evidencia que es un programa querido y requerido por la gente (además de financiado, apoyado y gestionado).
Algunas conclusiones parecen evidentes, y seguramente las próximas semanas y más el próximo Mensaje de Presupuesto podrán evidenciar:
a) El análisis de los destinos del Impuesto de Primaria –según la intención declarada por la directora general de Primaria en Búsqueda el 16 de julio- y su eventual redistribución sería insignificante si esta revisión no alcanza a la alimentación escolar, ya que los otros gastos son minoritarios, necesarios y algunos relativamente rígidos.
b) Los recortes a la alimentación o la reasignación parcial a la educación media (más allá de los casi 9 mil liceales que ya son atendidos) requieren una justificación muy clara o un estado de opinión que minimice el costo político de una decisión impopular, asunto admitido por las autoridades en la comparecencia en el Senado.
c) La opinión pública difícilmente acepte que la alimentación sólo llegue a los más necesitados excluyendo familias que lo demandan por distintas circunstancias. Muy difícilmente acepte pagos diferenciados o que cada alumno lleve su vianda, violentando los principios igualitarios de “la educación del pueblo”. Sólo la descalificación del Programa por la vía de poner en duda los números, de postular la sospecha sobre los usuarios, sobre las porciones o los comensales, puede amortiguar el costo político.
d) Los anuncios de los jerarcas del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y del Consejo Directivo Central (CODICEN) de que decretarán investigaciones, informes y auditorías, crean un clima de preocupación e inseguridad al interior del sistema y las escuelas… ¿Será que todos pueden comer, y los chicos y los maestros que acompañan podrán repetir el plato, o los directores deben ser más exigentes? La autocensura, la incertidumbre sobre los usuarios habilitados, sobre los controles a aplicar, etc. son todas consecuencias –ojalá que reversibles- del clima que se instala y que redundará inevitablemente en que coman menos niños.
Más allá de la casuística de la embestida y de la instalación de la intriga y la autolimitación, hoy está en juego una idea vareliana de escuela pública universal (integral, inclusiva, de tiempo extendido) para todos o una escuela selectiva en prestaciones orientadas para los más necesitados (aquella “escuela pobre para pobres” que tanto resistió la Federación Uruguaya de Magisterio tras la dictadura). La políticas compensatorias focalizadas, también necesarias, no pueden contraponerse a otras con vocación universal (como la alimentación) que consolidan una educación pública que acoge e integra niños de distintos orígenes sociales que aprenden la convivencia democrática en el banco (y el comedor) escolar.
Héctor Florit es maestro y fue consejero de Educación Inicial y Primaria