El Frente Amplio acompañó en el Parlamento una iniciativa de Cabildo Abierto relativa a limitar el avance de la forestación. Lo que a la vista del gobierno es una maniobra para quebrar por primera vez el pacto de la coalición multicolor tiene, desde nuestro punto de vista, una serie de argumentos a favor, y queremos detallarlos.
El acceso a la tierra en Uruguay sigue siendo un asunto limitado para quienes no tienen más capital que su trabajo y esfuerzo.
Los pobladores rurales de Tacuarembó y Durazno viven angustiados desde hace meses. Son peones rurales que tienen los ahorros de toda su vida en cabezas de ganado. Se ganan la vida trabajando para los estancieros, pero también arriendan algún pedacito de tierra para poner sus bichos, o pagan mes a mes pastoreo por cabeza. Algunos, que han logrado juntar un rodeo un poco más grande, ya no peonan, y arriendan campos para cumplir su sueño de no tener que arrear vaquitas ajenas.
Desde que se decidió instalar la nueva planta de celulosa en Pueblo Centenario, cientos de familias rurales que se dedican a la ganadería, sin contar con tierra propia, ven amenazada su fuente de ingresos, su estilo de vida y sus proyectos familiares y comunitarios. Hasta la irrupción de UPM los terratenientes de la zona (propietarios de tierras, en este caso de no mucha extensión), arrendaban sus predios a precios accesibles para la actividad ganadera, alrededor de 80 dólares por hectárea y por año. Pero ahora, dada la cercanía a la planta de procesamiento, la propia empresa celulósica ofrece arrendar esos campos por 140 dólares por hectárea y por año, además de ofrecer contratos a 20 años, mientras que con los pobladores locales los contratos se negocian año a año.
El Frente Amplio debe promover y acompañar normas que limiten la concentración del capital. De lo contrario irá en contra de los grupos sociales más vulnerables del medio rural.
Trabajadores y trabajadoras rurales con ganado, y familias sin tierra en propiedad, dedicadas a la ganadería, son los grupos sociales más perjudicados por la falta de limitaciones a la actividad forestal. Es clarísimo quién gana cuando ponemos a competir por el acceso a la tierra a este grupo de pobladores rurales con multinacionales de la celulosa, o con el capital internacional ávido de actividades lucrativas y de bajo riesgo.
El Frente Amplio debe promover y acompañar normas que limiten la concentración del capital. De lo contrario irá en contra de los grupos sociales más vulnerables del medio rural, acelerando el despoblamiento de la campaña uruguaya.
El campo natural, una comunidad de más de 400 especies herbáceas, es un ecosistema amenazado por el avance de actividades agrícolas y forestales, en muchos de los suelos de prioridad forestal. La combinación de especies de pastos naturales es única para cada tipo de suelos; eso hace que sean de alta prioridad de conservación aquellas praderas naturales que se sustituyen aceleradamente por cultivos forestales, contribuyendo con la pérdida de biodiversidad, lo que constituye un patrimonio ecológico irrecuperable.
El Frente Amplio debe limitar el avance de los cultivos de bosques de rendimiento, con especial énfasis en la defensa de ecosistemas basados en campo natural que sólo prosperan en suelos catalogados como de “prioridad forestal”, y privilegiar la justicia ambiental.
No alcanza con aprobar leyes en el Parlamento. Los frenteamplistas tenemos que salir a explicar por qué votamos esas leyes, a quiénes benefician y a quiénes perjudican, para que junto a un pueblo con conciencia política se pueda seguir construyendo un país de justicia, igualdad, solidaridad y bienestar ambiental.
Federico Casas, Amparo Fernández, Pepi Goncalves, Jorge Mota, Juan Payret, Ismael Perrachón, Juan Pablo Perrachón, Héctor Seco y Heber Sellanes son integrantes del Círculo Verde de Casa Grande.