Como es de público conocimiento, desde hace unas semanas se viene difundiendo en diversos espacios el proyecto “Late Ciudad Vieja”, en el marco de la revisión del Plan Especial Ciudad Vieja. También se ha hecho público en diversos medios y de manera tergiversada el descontento de algunos colectivos con este proyecto.
Ante esta situación, desde colectivos, vecinas y vecinos del barrio, que construimos día a día comunidad y luchamos por el derecho a la ciudad y a la participación en la construcción de nuestro barrio, consideramos importante dar a conocer nuestro punto de vista al respecto.
El primer planteo que entendemos importante realizar es respecto del proceso de participación, pilar fundamental del derecho a la ciudad. El proyecto “Late Ciudad Vieja” se presenta públicamente en una conferencia de prensa, con un detallado plan de obras y políticas a ejecutar. Sin embargo, recién un mes y medio después de dicha presentación se realizarán talleres abiertos de “consulta” a la ciudadanía, de los cuales se desprenderá un informe a partir del cual la Intendencia de Montevideo (IM) evaluará qué planteos tomar y cuáles no. Sin desconocer que el gobierno departamental tiene la autoridad legal de imponer las políticas que crea pertinentes para el territorio, consideramos importante remarcar que este proceso no refleja la participación que reivindicamos para la definición de planes urbanos.
Teniendo en cuenta que las organizaciones comunitarias y las vecinas y vecinos del barrio no fueron consultados, ni mucho menos formaron parte de la elaboración de este proyecto presentado, nos surgen varias interrogantes relacionadas a qué tipo de ciudad queremos construir y con base en la satisfacción de qué necesidades se plantean las propuestas del proyecto.
Frente al lanzamiento de una propuesta como “Late Ciudad Vieja”, reivindicamos que los colectivos organizados del barrio seamos tenidos en cuenta al momento de pensar y definir sobre la implementación de semejantes acciones.
Nuestro barrio viene sufriendo los efectos de la gentrificación como parte de un proceso global de segregación urbana que se da en toda la ciudad, donde se va dividiendo el espacio territorial en zonas de ricos y zonas de pobres, quedando los pobres relegados a las zonas con menos servicios y alejadas del centro de la ciudad. A este proceso se le debe sumar una crisis económica muy grande acompañada de recortes de políticas sociales, leyes que aceleran los desalojos y un gran crecimiento de la inversión inmobiliaria especulativa vinculada a capitales extranjeros, en particular argentinos.
Además del proceso de expulsión económica de vecinos y vecinas que venimos denunciando desde hace años, y que es reconocido por la misma IM en la construcción de algunas propuestas para revertirlo, estamos viendo desde hace un tiempo en nuestro barrio un crecimiento de la desigualdad, con montón de personas que pierden su trabajo, su casa, apelando a las ollas populares para poder alimentarse, viviendo en condiciones extremadamente complejas. Ha crecido la población que duerme en la calle, los desalojos por incapacidad de pago, etcétera. Por otro lado, vemos también un desarrollo inmobiliario especulativo, con edificios nuevos vacíos, casas abandonadas y grandes promesas de megainversiones, como las obras del puerto o la construcción de un emprendimiento privado en el edificio Carlos Nery, propiedad del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), o de una torre en el predio del club Neptuno, propiedad de la IM.
Es en este marco que se da la discusión del plan para Ciudad Vieja. Las propuestas de transformación de los cascos históricos del mundo, financiadas muchas veces por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial –conocidas también como el modelo “Barcelona for export”–, construyen ciudades que pueden servir para el desarrollo de actividades vinculadas al turismo y a la promoción de una imagen de ciudad supuestamente moderna, pero que por lo general profundizan las desigualdades internas. Aumentan el costo de vida en las zonas donde se aplican, generando un aumento de la ganancia para los grandes inversores inmobiliarios (plusvalor urbano) y expulsando a los vecinos y vecinas con menos recursos. Como consecuencia a mediano plazo, esto produce heridas irreparables en el tejido social, dejando en el olvido y el desprecio la identidad barrial y el patrimonio afectivo del lugar.
Entendemos la revisión del plan como una oportunidad para pensar y generar procesos de transformación de nuestro barrio que se diferencien de aquellas políticas urbanas que se aplican de manera acrítica, respondiendo a intereses de desarrollo privados y que no guardan relación con las necesidades locales. Es una oportunidad para construir un plan que atienda las necesidades y formas culturales propias de nuestra construcción histórica, que promueva comunidad, solidaridad y participación.
Muchas de las medidas anunciadas por la IM respecto de la vivienda son medidas reivindicadas por nuestras organizaciones desde hace tiempo (ampliación de la cartera de tierras para cooperativas, alquiler social), pero entendemos que no pueden ser paliativas de la subida de precios que van a generar estas obras, como la peatonalización.
El plusvalor urbano que obtienen los privados a partir de la inversión estatal requiere medidas de control de precios e impuestos. Por ejemplo, si un privado sube el precio del alquiler porque el Estado mejoró los servicios del entorno, está obteniendo una ganancia de una mejora que pagamos entre toda la ciudadanía, al mismo tiempo que propicia la expulsión de habitantes sin ningún tipo de reparo. Desde una perspectiva de justicia social esto no es aceptable, y por ello se deben aplicar medidas previa y directamente sobre este hecho, no medidas paliativas y posteriores.
Reivindicamos formas distintas de hacer ciudad a las que se dan habitualmente en el mundo. La Ciudad Vieja es un barrio de fuerte historia de organización comunitaria y social, que desde hace muchos años ha sido parte de luchas por el derecho a la tierra, la vivienda, la resistencia contra los desalojos y la defensa de los espacios públicos. El barrio tiene saberes acumulados respecto de esto.
La IM lanzó hace unos meses junto con la Facultad de Arquitectura, Desarrollo y Urbanismo la revisión del Plan Especial y aprobó el pedido de un préstamo a una entidad financiera internacional para llevar adelante las transformaciones que la revisión requiera. Las organizaciones del barrio queremos ser parte real de la construcción de esta revisión, está en la voluntad de la IM que esto pueda ser así.
Por eso, frente al lanzamiento de una propuesta como “Late Ciudad Vieja”, reivindicamos que los colectivos organizados del barrio seamos tenidos en cuenta al momento de pensar y definir sobre la implementación de semejantes acciones. Sólo la participación real permitirá que estén orientadas por una perspectiva social y política en la que se pongan a jugar otros modos de hacer ciudad, más cercanos a las necesidades y los deseos de sus habitantes.
Quienes habitamos la Ciudad Vieja, defendiendo los principios de la participación, el derecho a la permanencia, la defensa del espacio público y comunitario y el patrimonio cultural, la solidaridad y el tejido de la vida en común queremos un barrio que proteja a sus habitantes frente a las presiones que expulsan y excluyen, defienda la propiedad pública del suelo, incentive la economía local y fomente los espacios donde se construyen identidad barrial y comunidad. El próximo sábado 9 de octubre de 14.00 a 16.00 nos reuniremos en asamblea pública en la exterminal Aduana durante el evento de la cooperativa Vieja Ciudad para conversar sobre estos temas.
Valentina Ibarlucea y Gerardo Suárez integran la Comisión Derecho a la Ciudad.