Oficialismo y oposición se han puesto a comparar las consecuencias para el país del reciente acuerdo del gobierno con la empresa Katoen Natie y el de la administración anterior con la empresa UPM, en un intento por justificar conductas políticas que, en lo sustancial, son coincidentes. Si es llamativo que el oficialismo responda a las críticas diciendo “ustedes hicieron lo mismo”, más sorprendentes son los argumentos de la oposición para sostener que “nada tienen que ver” ambas situaciones.
Tomaremos como referencia el artículo titulado “Contrato de UPM versus acuerdo con Katoen Natie: las comparaciones no eran tan odiosas”, del senador Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, publicado en la diaria el 2 de julio. Según el legislador, las diferencias no provienen de las características principales de esas empresas, sino que estarían en la forma en la que se negociaron los acuerdos y en el balance de ganancias y pérdidas asumidas por el Estado uruguayo.
En ambos casos, la contraparte del gobierno son grandes multinacionales instaladas en el país desde hace varias décadas, Katoen Natie en la operación portuaria y UPM en la forestación y producción de celulosa. La gravitación de estas empresas es de tal magnitud que el debate político ya no gira sólo en torno a los mayores o menores beneficios económicos y sociales derivados de los contratos en cuestión, sino sobre hasta qué punto resultan lesivos para la soberanía nacional, nada menos.
Carrera sostiene que lo acordado con Katoen Natie “es mucho más que una simple privatización o concesión a un privado. Es lisa y llanamente una entrega de soberanía a una multinacional”. Contraviniendo todas las normas jurídicas de mayor relevancia, el gobierno entregó la totalidad del negocio de contenedores y asumió costosísimas inversiones, con el agravante de la falta de transparencia, la incertidumbre sobre los costos comprometidos y la extensión exagerada del plazo, según el senador.
Tales atributos del acuerdo con Katoen Natie serían completamente diferentes a los del contrato con UPM, cuyas características habrían sido, de acuerdo con Carrera, una negociación minuciosa y dentro del marco legal vigente, “con consultas y audiencias públicas, dándole la mayor transparencia” (sic). Al llegar a este punto, no es posible admitir que un senador de la República ignore de esa manera los hechos o que tenga tan baja consideración por la memoria y la inteligencia de los uruguayos.
¿Transparencia? ¿Legalidad?
Entre el anuncio del expresidente Tabaré Vázquez en julio de 2016 y la firma pública del contrato en noviembre de 2017, la negociación con UPM estuvo circunscripta al Poder Ejecutivo; fue secreta para la población y los partidos políticos. Los restantes poderes del Estado no fueron consultados en contenidos que los involucraban, como tampoco fue convocado el Parlamento para dar el consentimiento requerido por la Constitución para un contrato de esa índole con una empresa extranjera.
En un reciente conversatorio académico, un exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) quiso convertir un defecto en virtud al decir que el contrato ya firmado estuvo a disposición del público hasta julio de 2019, cuando UPM anunció la inversión. En realidad, lo insólito de ese período fue que el gobierno libró autorizaciones e inició inversiones sin contrapartida de la empresa, ya que el contrato la dejó en total libertad, sin responsabilidad si no hacía la inversión aunque Uruguay cumpliera todos sus compromisos.
Todos los acuerdos firmados con UPM fueron negociados en secreto. Ocurrió así con la modificación del contrato en abril de 2018, revelada por un hecho fortuito, y con el Contrato Complementario.
En cuanto al público, en 2018 se presentaron más de 10.000 petitorios al presidente de la República para que desistiera del contrato antes de la decisión de inversión de UPM, cuando podía hacerlo sin perjuicios para el país. Una iniciativa semejante fue presentada poco después al Poder Legislativo para que actuara como lo habilita la Constitución ante las transgresiones legales del contrato firmado. Presidencia no respondió, ni el Parlamento, con mayoría oficialista, quiso intervenir.
Todos los acuerdos firmados con UPM fueron negociados en secreto. Ocurrió así con la modificación del contrato en abril de 2018, revelada por un hecho fortuito, y con el Contrato Complementario firmado tras la decisión de inversión de la empresa. En el gobierno actual, el presidente Luis Lacalle Pou se negó a revisar el contrato cuando una cláusula se lo permitía ante la circunstancia excepcional de la pandemia, y firmó un memorándum de entendimiento que también fue negociado en secreto.
¿Consultas? ¿Participación?
Luego de aquellas peticiones de ciudadanos sin respuestas, vinieron las audiencias públicas requeridas por las normas de evaluación ambiental de los proyectos. Estas audiencias no son vinculantes, sus manifestaciones no obligan al organismo a cargo, sólo permiten ejercer el popular “derecho al pataleo”. Sin embargo, a pesar de haber sido convocadas en vísperas de fiestas y feriados, las audiencias tanto del tren como de la planta de celulosa mostraron el descontento con el proyecto de UPM.
Los cuestionamientos del público no tuvieron ninguna consecuencia en los proyectos; la preocupación principal de las autoridades era cumplir con los plazos perentorios del contrato para las autorizaciones ambientales, en tanto UPM no había decidido aún si hacía o no la inversión. Presionado por sus compromisos y la necesidad de mostrar la viabilidad del proyecto, el gobierno sacó bajo presión las autorizaciones, violentando las normas y los procedimientos técnicos de una evaluación ambiental.
Los informes oficiales del proyecto ferroviario Montevideo-Paso de los Toros admiten la afectación de 35.000 personas, pues, al mantener el viejo trazado, la vía atraviesa zonas hoy densamente pobladas. Los vecinos en esta situación de las localidades de Durazno, Florida, Canelones y Montevideo son partidarios del desvío del nuevo tren, sin que estén cuestionando con esto la planta de celulosa de UPM. Sin embargo, el gobierno anterior y el actual se han negado a realizar cualquier cambio.
Recurriendo a una ley vigente, representantes de los vecinos en localidades afectadas reunieron las firmas de 15% del electorado local para presentar su iniciativa ante las Juntas Departamentales. De acuerdo con esa norma, si el órgano legislativo rechaza la propuesta, se debe decidir en un plebiscito. Pero entonces la Corte Electoral, sin potestades para hacerlo, se negó a validar el procedimiento. No hay antecedentes de tal sucesión de decisiones políticas para acallar las voces de la población.
¿Soberanía? ¿Decoro?
Las diferencias señaladas por el senador Carrera se trasladan directamente al plano de la soberanía naciona“Recurriendo a una ley vigente, representantes de los vecinos en localidades afectadas reunieron las firmas de 15% del electorado local para presentar su iniciativa ante las Juntas Departamentales. De acuerdo con esa norma, si el órgano legislativo rechaza la propuesta, se debe decidir en un plebiscito. Pero entonces la Corte Electoral, sin potestades para hacerlo, se negó a validar el procedimiento. No hay antecedentes de tal sucesión de decisiones políticas para acallar las voces de la población.” l cuando alude a la incertidumbre de los costos asumidos por el gobierno, la resignación en manos de terceros de jurisdicciones y atribuciones del Estado y el plazo excesivamente largo de la concesión a Katoen Natie. Para comparar, alcanza con recordar que se dijo que Uruguay invertiría 1.000 millones de dólares en el proyecto de UPM y ya estamos superando los 4.600 millones de dólares.1
El dragado a 14 metros y otras obras en el puerto de Montevideo ya figuraban en el contrato con UPM y, entre innumerables obras de infraestructura, el mayor escándalo es otra vez el tren. El gobierno le pagó cinco millones de dólares a UPM por el estudio y, sin siquiera revisarlo, asumió el financiamiento y la ejecución del proyecto. Los errores e imprevisiones de ese estudio han paralizado las obras, sin saberse a ciencia cierta los sobrecostos, demoras y litigios que recaerán sobre el Estado uruguayo.
Carrera se alarma con razón por la concesión a Katoen Natie de 50 años que, sumada al plazo del contrato vigente, se extiende a 80 años. Ahora bien, UPM Paso de los Toros tiene 50 años desde 2023 y se extendió hasta ese final la concesión a UPM Fray Bentos que vencía en 2034, o sea, 39 años más. Todo UPM en zonas francas que no pagan impuestos de operación ni exportación, sólo un canon irrisorio y el aporte jubilatorio de los escasos trabajadores uruguayos. Calculen ustedes mismos la diferencia.
En fin, para no extendernos demasiado, las actividades caritativas de la Fundación UPM, que dona materiales y equipos escolares, interviene en escuelas y liceos, imparte cursos a docentes públicos, financia proyectos de educación y desarrollo comunitario en “su zona de influencia”, ¿no sustituyen jurisdicciones y competencias del Estado uruguayo? Sería de gran utilidad que las inquietudes del senador Carrera se aplicaran coherentemente a toda la realidad nacional.
Víctor L Bacchetta es periodista ambiental e integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable.
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Las cifras que damos aquí se encuentran respaldadas por la documentación oficial disponible y se explican en el libro La entrega. El Proyecto Uruguay-UPM, de Víctor L. Bacchetta, Gustavo Melazzi y William Yohai, Movus, 2019. ↩