Desde esta misma columna, hace más de dos años, reflexionábamos sobre el encuentro de colonos del sistema de fomento rural, “en defensa de la Ley 11.029 y una tierra con familias en el campo”.1
Mucha agua ha corrido y la corriente trajo consigo botellas trasladando siempre el mismo mensaje: no erramos el pronóstico cuando decidimos denominar el encuentro “en defensa de...”. Luego de este encuentro, nuestra gremial se abocó a su síntesis programática plasmada en el documento de “Propuesta de políticas diferenciadas para la producción familiar”, como sucede cada quinquenio durante el año electoral. Al decir de un dirigente, “fracasamos con todo éxito”, porque no logramos que los candidatos, posteriormente integrantes del gobierno de coalición oficialista, aceptaran la invitación para presentarles las preocupaciones y recogieran nuestras propuestas.
En la antesala de la instalación del gobierno comenzaron los mensajes mediáticos de distintos operadores para golpear al Instituto Nacional de Colonización (INC) y las primeras entrevistas a las autoridades agropecuarias ya daban cuenta de un retroceso en el reconocimiento a la identidad y especificidad de la producción familiar.
La Ley de Urgente Consideración, el presupuesto quinquenal y ahora la rendición de cuentas han constituido una secuencia de golpes contundentes, que confirman una relación histórica conflictiva del herrerismo con el INC. Sin dudas, en esta opción dicotómica del gobierno que elige quitarle al INC para asignarle a los asentamientos, como si estuviera obligado a elegir uno u otro, se discute algo más que presupuesto. Hablamos de apenas 0,2% de la recaudación de DGI, visiblemente una prioridad menor en las funciones del Estado.
Esperamos 60 años para que el INC tuviera sus propias leyes de financiamiento que eliminaran la arbitrariedad de los partidos, transformaran la Ley 11.029 en política de estado y dotaran al instituto de capacidad de proyección estratégica.
Hasta que aparecieron las leyes 18.876 y 18.064, el presupuesto del INC se determinaba cada quinquenio desde rentas generales. El resultado fue la asfixia, la liquidación del patrimonio, el endeudamiento, la detención casi absoluta de los concursos para acceder a una fracción, el desestímulo del cuerpo funcionarial y por supuesto el desestímulo de la base social rural que veía la Ley 11.029 como letra muerta, como una gran hipocresía de las unanimidades parlamentarias.
Además de montos de dinero, lo que se discute en la rendición de cuentas es la credibilidad de la tarea parlamentaria, en tanto las leyes de colonización y repoblamiento de la campaña fueron votadas por unanimidad, pero cobra vida su misión con el presupuesto que se les quita. Pero también, porque las leyes que abastecen el Fondo de Colonización, votadas por mayoría, tuvieron como exposición de motivos para justificar la creación de nuevos impuestos el abordar el problema de la concentración de la tierra y las consecuencias sociales asociadas. Y esos impuestos no se eliminan, les secuestran el sentido.
Así nuestro pueblo, que de tierra viene, aunque los rurales sean numéricamente pocos, remonta la defensa de Colonización con actividades en Cerro Largo, Guichón, Bella Unión y Montevideo.
Se discute entonces un modo de entender la legitimidad de las relaciones entre recaudación impositiva, funciones públicas y el desarrollo de capacidades institucionales. Si mañana el adicional a la enajenación de bienes agropecuarios del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y Mevir que se cobra con cada venta fuera a parar a rentas generales para cualquier otra función noble del Estado, en lugar de a la institución para la que está diseñado, varios actores de peso pondrían el grito en el cielo.
Pero el corazón late, baña de sangre y oxígeno cada célula del cuerpo con apenas 0,5% del peso corporal. Así nuestro pueblo, que de tierra viene, aunque los rurales sean numéricamente pocos, remonta la defensa de Colonización con actividades en Cerro Largo, Guichón, Bella Unión y Montevideo.
El 15 de setiembre, en Montevideo, en el marco del paro general parcial del Pit-Cnt, estaremos recordando que el corazón, como expresión integral de consciencia de los seres sentipensantes que somos, huele a tierra, porque sobre ella se edifica la riqueza del Uruguay.
Vaya mensaje para quienes otrora postularon la consciencia agropecuaria como línea política de gobierno, ver desfilar a los trabajadores rurales de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) a caballo con los recicladores de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS) en plena capital, defendiendo al INC. Ahí estaremos también militantes del sistema de fomento, cooperativo, redes vinculadas a lo rural, estudiantes y trabajadoras, montando una granja simbólica y una pequeña feria.
La “consciencia agropecuaria”, en sentido profundo, se construye, como todo cambio sustantivo, con las mayorías sociales. El 15 de setiembre se entrelazan tradiciones, culturas e identidades, con la claridad de que el corazón de tierra, por chiquito que sea, bombea sin descanso y debe irrigar hasta el último rincón de la sociedad uruguaya.
Ramón Gutiérrez es consejero directivo de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) y referente de la Comisión de Tierras y Colonización de la CNFR.