Las 800.000 firmas recogidas para habilitar el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) constituyen el hecho político más relevante de este año. No lo esperaban ni el gobierno ni muchos de quienes las recogimos.
El partido se define en el segundo tiempo, cuando seamos convocados a votar Sí para derogar 135 artículos de la LUC o No para mantenerlos. Pase lo que pase, haber juntado más de 800.000 firmas en medio de la pandemia, el aislamiento y el invierno es un triunfo que ya entró en la mejor historia de las luchas populares.
Gobierno, oposición, analistas y ciudadanos, todos sabemos que el referéndum es una parada grande. El herrerismo tiene fresco el revés de la derrota en la consulta por las empresas públicas, que significó el principio del fin. Es lógico que haya aprendido.
Todos queremos ganar el referéndum, pero cuando el fin justifica el uso de cualquier medio, los costos para la calidad del debate son enormes. Estos días la coalición de derechas recorre una espiral de inexactitudes y mentiras que no la ennoblece. Veamos algunos ejemplos en el tema seguridad pública.
“Con la LUC bajaron los delitos”
Lo primero y obvio es que el delito se debe prevenir, perseguir y castigar. Esta competencia esencial del Estado debe proceder en un marco de garantías.
Voceros del gobierno, como el ministro Luis Alberto Heber y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, asocian el descenso del delito con la LUC. Lo afirman exponiendo cifras aisladas que, por sí solas, no tienen capacidad alguna de explicar la realidad. Atribuir causalidades en criminología es especialmente complejo; sin embargo, repiten que la sola aprobación de la LUC produjo un giro estructural en el comportamiento criminal.
Los informes del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad, que depende del Ministerio del Interior, muestran un cambio en la tendencia de las rapiñas, con una notoria disminución a partir de abril de 2020. ¿Cuál sería aquí el efecto de una LUC aprobada en julio? No faltarán quienes señalen que el cambio de gobierno y de impronta en la conducción policial tuvo una incidencia temprana. Esa argumentación desconoce olímpicamente que, a partir de marzo, se produjo el mayor cambio en la movilidad social que recuerde la historia contemporánea y que, como consecuencia, se redujeron sustantivamente las oportunidades de tomar como víctimas a transeúntes, comercios o vehículos (las variaciones anuales en rapiñas fueron de -5,4%, -23,5% y -35,9%, respectivamente).
Sobre el descenso de los delitos durante el desarrollo de la pandemia mucho se ha investigado a nivel internacional. No hay un solo estudio riguroso que sustente las afirmaciones del gobierno sobre el efecto de la LUC.
“La LUC empodera a la gente, le da libertad y le da protección”
Las palabras son de Delgado (El País, 6 de setiembre). Esta afirmación grandilocuente, además de falsa, es peligrosa. No hay ningún artículo que dé nuevas libertades a nadie. En cuanto al empoderamiento ciudadano, asumimos que alude al artículo 1, de “legítima defensa”.
La modificación introducida por la LUC al Código Penal exime de responsabilidad “cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial”. Y agrega que “la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende”.
La legítima defensa, que siempre protegió el bien superior de la vida, ahora libra de responsabilidades a quien dispara porque ve amenazada una bicicleta o una oveja (ejemplos, lamentablemente, de la vida real).1
En las democracias avanzadas, alcanzar altos niveles de protección de las personas requiere mecanismos institucionalizados y profesionales de combate al delito. El giro que instala la LUC va en el sentido contrario: promueve la autodefensa y el armamento civil. Ambos están muy lejos de garantizar una seguridad pública sostenible.
La reducción de problemas complejos a una caricatura de buenos o malos, policías o ladrones, libertad o miedo, rinde en la cortita. Por eso, más que nunca, la disputa de ideas está en el mano a mano.
“Van a soltar 500 presos”
“Álvaro Delgado defiende la LUC; teme que liberen presos si se deroga”, titulaba El País el 3 de setiembre. Este miedo de reciente creación no se funda en ningún dato disponible. Acude al principio general de irretroactividad de la ley penal y retroactividad de la ley penal más benigna (principio internacional plenamente vigente, aunque no guste). En todo caso, aplicaría a individuos con causas en proceso o con sentencia, desde julio de 2020, sobre las que pudiere recaer una pena modificada por la LUC. Aun en ese caso, el efecto es acortar la pena. Es un disparate sostener que de ganar el Sí van a ir con una llave a abrir las cárceles.
“Derogar los artículos impugnados es atar de manos a la Policía”
Según el relato oficialista, la LUC es un instrumento adecuado para “respaldar a la Policía”. En paralelo, señalan que quienes la impugnamos no apoyamos con suficiente convicción a la Policía. Esto es falso y abona un discurso de división social, al intentar enfrentar al cuerpo policial con las fuerzas progresistas. Este intento torpe se desploma al recorrer el ciclo de gobiernos de izquierda, durante los cuales operó el mayor incremento de recursos materiales, tecnológicos y salariales que recuerde la historia reciente.
Además, a través de una fuerte alianza entre las autoridades civiles y un sector de la Policía, se logró enfrentar la corrupción endémica que sufría la institución y que había tenido un costo enorme sobre su imagen pública y confiabilidad. La Policía uruguaya cuando comenzó este gobierno era un cuerpo moderno, reconocido por la sociedad, bien equipado y con remuneraciones dignas. Contrastaba con el deterioro institucional de décadas pasadas. Y basta recordar la huelga policial a Lacalle Herrera, con oficiales sin balas y patrulleros sin nafta.
La eliminación de garantías y controles sobre el procedimiento policial, así como la apuesta al gatillo fácil y la mano dura, lejos están de jerarquizar y respaldar el accionar de las fuerzas de seguridad. Son medidas que no reducirán el delito, pero sí tensionarán el vínculo entre Policía y sociedad civil, y arriesgarán sanciones administrativas o penales para los funcionarios que actúen con base en las confusas señales que se desprenden del nuevo marco legal y los discursos.
La reducción de problemas complejos a una caricatura de buenos o malos, policías o ladrones, libertad o miedo, rinde en la cortita, en el fogonazo de titulares. Por eso, más que nunca, la disputa de ideas está en el mano a mano, en el barrio, en la mesa, por todo el país.
La unanimidad de la academia, los organismos internacionales y el comisionado parlamentario ya encendió las alarmas. No permitamos que nadie se arrogue la interpretación de la voluntad ciudadana. Es falso que esta es la ley que quiere la gente. No olvidemos que hace pocos meses esa gente dejó claro, con 53% de votos, que no pagaría el precio por una promesa de “vivir sin miedo”; como lo había hecho antes, en 2014, desplegando los colibríes del No a la Baja. En un estudio publicado en 2014, la ciencia británica llegó a la conclusión de que los colibríes vuelan mejor que los helicópteros.
Laura Fernández y Diego Olivera integran Fuerza Renovadora, Frente Amplio.