Es tan grave lo que pasa en el gobierno con el presidente y su jefe de seguridad que corremos el riesgo de perder de vista otras gravedades; lo ocurrido con las ollas populares, por ejemplo.
Hablar de ollas es hablar de niños y adultos que acuden allí para conseguir lo elemental. Según surge del segundo informe “Entramando barrios. Ollas y merenderos populares en Uruguay 2021-2022”, elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) de la Universidad de la República, hay 542 ollas y merenderos activos en todo el país, 323 de ellos en Montevideo. La cantidad de puntos descendió 13% con respecto a 2021, pero las porciones servidas se mantuvieron casi sin cambios (de 1.880.466 a 1.806.853) y aumentaron en el caso de los merenderos (de 500.934 a 767.893).
Ese despliegue de solidaridad sigue siendo imprescindible, aun cuando la economía exhibe cifras rutilantes, pero reservadas a muy pocos. Uruguay en 2021 rompió su récord de exportaciones en dólares (11.549 millones) y tuvo una recuperación económica poscovid manifiesta en un 7,7% de crecimiento del PIB en 2022 con respecto al mismo período de 2021. En 2021 el gobierno sobrecumplió sus propias metas fiscales, es decir, ahorró más del objetivo que se había fijado. En palabras del economista Federico Araya, “se podría haber utilizado 100 millones de dólares más para atender la emergencia social y aun así cumplir con lo establecido por la regla fiscal”. ¿Esto qué significa? Que el aumento de la pobreza en el período 2019-2022 no fue una consecuencia inevitable de factores externos, sino el resultado de recortar recursos públicos a lo largo y ancho del Estado y de no realizar los esfuerzos adicionales, focalizados y perfectamente financiables. Consultado por estos resultados, Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), declaró: “Hemos pensado una explicación y no la tenemos”. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Es evidente que el ya famoso derrame, o, mejor dicho, la distribución socialmente justa del ingreso, no va a operar sin que el Estado intervenga deliberadamente. Harán falta más ollas y más sociedad civil organizada para tapar los baches y atender las urgencias.
Los datos del primer semestre de 2022 desnudaron la terrible realidad del crecimiento de la pobreza entre niños y niñas menores de seis años. A la vez que se conocían estos datos, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) resolvió –con incomprensibles bombos y platillos–quitarle el apoyo en alimentos a la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS). Argumentó que 14 de las iniciativas que se listaron en el pedido de información hecho por el ministerio ya no están en funcionamiento. (Nadie se explica cómo, a esta altura, el Mides no genera, no monitorea ni evalúa por sí solo esta información y la exige sí de quienes sostienen las ollas).
Tras la medida tomada con la CSP, el Mides adelantó que desarrollará un sistema de comedores. El afán de dar la batalla cultural contra el enemigo ideológico es tal que lleva a retroceder las políticas sociales a la década de 1950. Es abrumadora la evidencia, así como los avances metodológicos y técnicos en favor de los programas de transferencias directas a los hogares, pero parecería que hay que ganarles a las ollas. ¡Claro que hay que ganarles!, pero eso requiere un Estado que contribuya a que cada quien coma en su mesa.
El ministro Martín Lema dijo que “la CPS hizo referencia a una cifra de ollas y merenderos, y cuando nosotros cotejamos los datos, encontramos que en Montevideo la cantidad de ollas y/o merenderos es 20% inferior”.
Esteban Corrales, referente de CPS, dijo a En perspectiva que en la comunicación oficial que les remitió el Mides “no estaba estipulado” que tuvieran que entregar información antes del 30 de setiembre y que se había informado al ministerio que no se pudo “entregar el paquete de datos porque... tenía pendiente la actualización”.
Lo que resulta inadmisible es que, en el momento de mayor turbiedad de este gobierno, se venga a señalar con el dedo a un colectivo que cada día resigna su tiempo para dar la pelea junto a quienes menos tienen y más precisan.
Lo primero y obvio: nadie elige comer en una olla popular ni resolver el plato diario de sus hijos de ese modo. Una segunda obviedad: no radica en la ciudadanía la responsabilidad de que cada uruguayo acceda a una comida diaria. Sin embargo, en eso empeñan sus horas muchos trabajadores, vecinos, muy especialmente mujeres, que día tras día buscan donaciones, inventan, resuelven, trabajan y le ponen el cuerpo a una realidad extremadamente dura. Lo que resulta inadmisible es que, en el momento de mayor turbiedad de este gobierno, cuando alcanza con abrir un diario para entender dónde están los elefantes, se venga a señalar con el dedo a un colectivo que cada día resigna su tiempo para dar la pelea junto a quienes menos tienen y más precisan, que recoge los datos y los envía, sin ser ni por asomo su responsabilidad, y que no tiene una sola irregularidad verificada. Si hay irregularidades, si alguien se aprovecha de las necesidades básicas para sacar tajada, es de una ruindad que merece las acciones que correspondan. No hay discusión. Pero mientras no haya evidencia, parece bastante injusto empezar a buscar las irregularidades entre quienes hacen magia para multiplicar los panes y los peces.
Sin ir más lejos, en febrero de este año el propio ministro Lema se excusó públicamente por hallarse en la lista de 116 jerarcas en omisión con la Junta de Transparencia y Ética Pública por no haber presentado en tiempo su declaración de patrimonio. Eso es un incumplimiento verificado (sin consecuencias).
En el interior del Mides, la auditoría del Tribunal de Cuentas concluyó en relación al programa TuApp (creado para mitigar el impacto social de la pandemia, efectivizado en bonos alimentarios transferidos a los celulares de los participantes) que “las normas que definen la población objetivo no incluyen los requerimientos para asegurar que los beneficiarios del programa sean estrictamente los definidos como destinatarios del mismo”. Esto podría abrir la puerta a la discrecionalidad o el clientelismo, pero no parece haber alarmado a los jerarcas.
El Estado tiene el derecho y el deber de velar por los dineros públicos invertidos. Eso implica seguimiento y no suspicacias infundadas. Hay que tener mucha estatura y argumentos para poner en entredicho la ayuda ciudadana. Si hay errores o abusos, duro con ellos. El resto sólo debería sumar, ni siquiera agrandar la olla, sino generar puestos de trabajo genuino que le permita a cada uruguaya y a cada uruguayo comer en su mesa, que es el piso de dignidad que nos merecemos todos.
Mientras eso no ocurra, tengamos el decoro de no instalar la duda en los que hacen, menos aún cuando se suceden los escándalos entre quienes tienen la responsabilidad primera.
En resumen, cuando la gente no tiene alternativas, en general, no tiene miedo ni tiene dudas. Si algo le queda, es otra gente con la grandeza de estirar su jornada haciendo posible una olla popular. Sospechar la solidaridad es pasarse tres pueblos. Si no van a achicar el agua, al menos, no hundan el bote.
Laura Fernández y Diego Olivera son integrantes de Fuerza Renovadora, Frente Amplio. El título se lo pedimos prestado a la memoria, siempre vigente, de Jorge Lazaroff y su “Hoy sopa hoy”.