El oficialismo cruza una frontera muy peligrosa. Es la misma que cruzó el secretario de prensa de Donald Trump, Sean Spicer, en su primer encuentro oficial con periodistas, al afirmar que el acto de asunción del flamante presidente había sido el más concurrido en la historia de Estados Unidos.
Ante claros registros de que la primera asunción de Barack Obama había convocado más público, la principal asesora de Trump, Kellyanne Conway, alegó que Spicer se había referido a “hechos alternativos”.
El miércoles pasado, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, afirmó en el Senado que Alejandro Astesiano no fue jefe del servicio de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, pese a que figuró con ese cargo en documentos oficiales, firmados por él y también por Ferrés, y a que el propio Lacalle Pou decía que esa era su tarea.
En la controversia sobre las ollas populares, con independencia de los esfuerzos que realiza el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, para desacreditar a la Coordinadora Popular y Solidaria, no hay verdades alternativas: desde 2020, la cantidad de personas que reciben asistencia alimentaria aumentó, disminuyó o se mantuvo estable. Una de estas posibilidades es cierta y las otras dos no lo son.
Como dijo el estadounidense James Schlesinger, para nada izquierdista, “todos tienen derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos”. Sin embargo, se vuelve frecuente que, cuando la evidencia desmiente un relato, se opte por negarla para reafirmarlo. Y no lo hacen sólo los sospechosos de siempre.
La senadora Graciela Bianchi es una de las figuras más desenfrenadas en el sector mayoritario del Partido Nacional, y su par Jorge Gandini representa el ala “wilsonista” de la misma fuerza política, en teoría más progresista y civilizada, pero hay grandes semejanzas cuando ambos piensan que sus dichos no van a tener gran repercusión pública.
Bianchi dijo a fines del año pasado, durante una transmisión mediante Twitter, que no había más condenados por presuntos delitos cometidos durante los gobiernos del Frente Amplio (FA) debido a que el Poder Judicial está “infiltrado” por la izquierda.
El jueves, en Mercedes, Gandini dijo a militantes de la Lista 250 que los fiscales actúan en forma distinta según la filiación partidaria de los investigados, en perjuicio del oficialismo. También afirmó que el Ministerio de Desarrollo Social era una “cueva comunista donde la joda era imponente”, pero que las auditorías allí y en otros organismos “no obtuvieron los resultados que se suponía que iban a tener” o “no se hicieron adecuadamente”, porque “hay que hacerlas con funcionarios públicos” y el FA dejó “instalado un sistema de funcionarios que está copado, con funcionarios de carrera que obviamente pertenecen a otras ideas”.
Una cosa es seleccionar los datos que más convienen al interés propio y otra es mentir. Entre ambas pasa la frontera a la que nos referimos. De un lado hay artimañas más o menos tolerables; del otro, destrucción de bases indispensables para el debate democrático.