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Nuevos planes para la formación en educación: malas decisiones

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En estos días, el Consejo de Formación en Educación (CFE) y el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobarán los nuevos planes para la formación en educación. Esta aprobación, lamentablemente, significará un serio retroceso en la historia de la formación en educación y en el proceso hacia una cultura universitaria.

Estos nuevos planes se aplicarán en el marco de una fuerte confrontación, sepultando los avances generados en años anteriores, con mala producción técnica y con una implementación cargada de indefiniciones, incertidumbres y derechos de estudiantes y docentes vulnerados.

Hasta 2020 el CFE había tenido avances importantes en camino hacia un real nivel universitario para la formación en educación. Uno de ellos fue la nueva redacción del Capítulo XIV del Estatuto del Funcionario Docente para formación en educación.

Esta nueva formulación establecía una nueva carrera docente con cargos y horas docentes, grados académicos a los que se accedía por concursos abiertos, se mantenía la antigüedad como derecho pero se la separaba del ascenso en la carrera académica y se establecía un procedimiento de renovación de efectividades mediante procesos de evaluación integral. Estos contenidos fueron previamente negociados y acordados con las asambleas técnico docentes (ATD) y los sindicatos.

Sin embargo, las nuevas autoridades lo dejaron en suspenso no bien llegaron. Hasta el día de hoy no se ha aprobado, por lo que todo el proceso de elección de horas, los ascensos y el acceso a cargos y funciones se siguen realizando según lo que establece el estatuto vigente.

Esta decisión impactó negativamente en el CFE, dado que en 2019 se desarrollaron 120 concursos en casi todas las áreas, con pruebas eliminatorias y tribunales con especialistas externos, principalmente de la Universidad de la República. En esos concursos, en los que participaron más de 2.000 docentes, lograron su efectividad más de 800. De aplicarse el nuevo estatuto, su ordenamiento tendría que haber sido por el puntaje en los concursos. Como no se aplicó, el criterio utilizado fue el que hace primar la antigüedad.

Por eso, por lo menos llama la atención que la publicidad de Presidencia, ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) diga que la “transformación educativa” promueve el “ascenso por concurso y no sólo por antigüedad” cuando en el CFE se hizo todo lo contrario.

También el CFE tenía aprobados nuevos planes, incluso están en curso los de Maestro y Profesor Técnico. En el caso de las demás carreras no se aplicaron debido a que el Codicen solicitó que se le hicieran algunos ajustes. Esos nuevos planes fueron producto de un largo debate con la participación de docentes, estudiantes y egresados representados en las comisiones de carrera, con aportes y pronunciamientos de las ATD, con la realización de varios eventos y jornadas, con la participación de profesionales nacionales y extranjeros. Esos planes, con un enfoque en derechos humanos, recogían los avances del Plan 2008, pero además incluían competencias generales para los perfiles de egreso, semestralización, creditización, así como materias optativas y elegibles. Además, establecía una estructura académica a través de las comisiones de carrera para los ajustes y mejoras futuras.

Pues bien, las nuevas autoridades, dos años después, sin explicar las razones, partieron de documentos y elaboraciones diferentes. Los nuevos documentos fueron presentados después de que el MEC aprobara las condiciones para el “reconocimiento del nivel universitario”.

Así es que los nuevos documentos presentan planes que respetan esas bases en las que no participó el CFE, según la confesión de todos sus integrantes. De esta forma, incluyen un nuevo trayecto denominado “Lenguajes diversos” cuando los planes vigentes y aplicados contaban con tres: común o equivalente, específico y de práctica. Esto implicó incorporar nuevas unidades curriculares en desmedro de formación específica y de ciencias de la educación, principalmente.

También a partir de las pautas “recomendadas” por el MEC se eliminaron los trabajos finales que implicaban una actividad integradora, crítico-reflexiva, de los conocimientos adquiridos durante la carrera.

Los nuevos planes se aprueban sin apoyo, sin sustento académico y sin una estructura que permita su aplicación, seguimiento y evaluación. Tampoco cuentan con el apoyo de los estudiantes.

Al mismo tiempo, a fines de 2021 se dejaron vacantes las coordinaciones de los institutos, departamentos y unidades académicas que venían funcionando y constituían la estructura imprescindible para la elaboración de nuevos planes. Por eso es que los y las docentes se “autoconvocaron” en salas, porque esta figura dejó de existir desde el año pasado. También se desconocieron las comisiones nacionales de carrera; incluso cuando se realizaron aportes estos fueron ignorados. Por otra parte, ya es conocido el pronunciamiento contrario de las ATD.

Quiere decir que los nuevos planes se aprueban sin apoyo, sin sustento académico y sin una estructura que permita su aplicación, seguimiento y evaluación. Tampoco cuentan con el apoyo de los estudiantes.

Como no podía ser de otra manera, los planes tienen importantes incongruencias, errores y vacíos: contenidos fragmentados, algunos reiterados (como los de tecnologías), otros ausentes (como el caso de biología e historia, entre otros), debilitamiento de la relación de la teoría con la práctica (central en la formación de educadores y docentes) y modificaciones que impactan en el perfil de egreso (como en el caso de maestra/o de primera infancia, a la que se le reducen las prácticas desde el nacimiento a los tres años).

Como si todo esto fuera poco, la implementación implica graves consecuencias para los derechos laborales del cuerpo docente.

Recordemos lo dicho anteriormente: en 2020 asumió un grupo muy importante de docentes que hicieron opción por la formación en educación a través de concursos exigentes. Las decisiones anteriores los desvirtuaron seriamente. Tampoco hubo nuevos llamados abiertos, como era de esperar ante la aplicación del nuevo estatuto.

La situación actual puede enterrar definitivamente un proceso institucional muy valioso y necesario, como es contar con un cuerpo docente estable dedicado en exclusividad a la formación en educación. Esto a pesar de que la publicidad nos quiera vender la “estabilidad en los centros educativos”.

Las autoridades demoraron dos meses en cumplir con su compromiso ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, presentando un “documento” que estableciera la forma de elección de horas de grupos con semestralización. Lo hizo el 25 de noviembre y tiene lagunas y definiciones ambiguas.

Las elecciones de horas entre 2014 y 2020 fueron por más de tres años, ratificando lo elegido años anteriores, contribuyendo a la estabilidad, y se realizaban con tiempo para que quienes elijan puedan planificar el año entrante con seguridad, limitando de esta forma la rotación docente, fundamentalmente con secundaria y UTU.

Para 2022 ya se realizaron elecciones de horas incompletas y tardías. Se calcula que a junio había un 10% de grupos sin cubrir. Algunos de ellos quedaron así hasta fin de año.

Para 2023 no hay noticias de las elecciones de horas, la comisión de pautas de elecciones sólo se reunió tres veces y no llegó a acuerdos sobre cómo realizar estas elecciones, entre otras cosas porque no se conocía cuáles serían las horas previstas.

Quedan muchos otros aspectos a señalar, como el reglamento de las carreras que limita derechos de los estudiantes para cursar según el plan iniciado o rendir exámenes libres, por ejemplo.

Tampoco se continuó con la política de promover posgrados para docentes como se hizo entre 2005 y 2020. Los que continúan son los iniciados con anterioridad, y no todos ellos. Por ejemplo, se discontinuó el convenio con Flacso.

Las decisiones de las autoridades políticas del CFE y el Codicen son congruentes con la política del MEC. Siguieron sus tiempos, sus pautas y su objetivo de formar parte de un sistema que incluya otras instituciones públicas y privadas que compitan por reconocimientos y recursos, un “mercado” regulado por el ministerio.

El apuro se debe también a poder iniciar el procedimiento adoptado en el artículo 198 de la ley de urgente consideración y la reglamentación adoptada por el MEC. El resultado no puede ser bueno. De la paralización y estancamiento de los dos años y medio iniciales, parecería que en el CFE le seguirán otros dos años lectivos con retrocesos fruto de decisiones equivocadas.

Luis Garibaldi es maestro.

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