La mal llamada “reforma de la seguridad social” propuesta por la coalición de derechas aborda sólo uno de los aspectos de la seguridad social: las jubilaciones y las pensiones. Una verdadera reforma de la seguridad social debe contemplar todos los aspectos de la protección social de las personas, es necesario pensar en clave de todos los desafíos que van apareciendo en los diferentes momentos de la vida.
Uruguay tiene una larga historia en la construcción del bienestar de la sociedad, son de 1830 las primeras pensiones a las viudas de los militares. Luego, durante los gobiernos batllistas de principios del siglo XX, se comenzó a expandir la protección en torno a los pilares de la educación, la salud y, posteriormente, la seguridad social más general. Esto fue construyendo lo que llamamos la matriz de protección social de nuestro país, con un Estado que quiere estar presente.
A medida que la sociedad iba avanzando, se fueron incorporando cada vez más aspectos y aumentando la cobertura de las diferentes protecciones. La construcción de un Estado que contribuye al bienestar no sólo implicó la creación de planes, programas y organismos que los implementaran, sino también los instrumentos necesarios para su sustento económico. Lejos de una visión voluntarista o simplemente declamativa, la idea de que desde el Estado debían garantizarse los derechos imprescindibles para el pleno desarrollo de una vida digna fue parte de una mirada general. Esta manera de ver establecía la necesidad de darles financiamiento y continuidad a las políticas que garantizaban derechos en ese Estado de bienestar en construcción y avance permanentes.
Son innumerables las leyes aprobadas que dieron base y contexto a esta visión, así como la sucesión de organismos y programas que se fueron creando para concretarla. La creación del Banco de Previsión Social (BPS), a finales de los años 60, fue un intento por centralizar y mejorar la coordinación de una gran variedad de beneficios sociales que paulatinamente habían sido creados. Muchos años después, con la creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de un importante número de programas nuevos, la cobertura y focalización permitieron expandir aún más los derechos sociales, así como atender situaciones de emergencia social y económica provocadas por las políticas de retracción practicadas por los gobiernos neoliberales de los 90.
El Estado como escudo de las personas pobres volvió a ser eje central de las políticas con la llegada del Frente Amplio al gobierno. La red de protección que acompaña a las personas cuando atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y económica fue parte central del nuevo programa del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Esto permitió ir fortaleciendo los diferentes pilares necesarios para todas las personas, porque además de tener las condiciones básicas satisfechas, empleo y vivienda, se debía contar con los servicios necesarios para una buena calidad de vida, educación y cultura, salud y seguridad social.
A lo largo de los 15 años de gobiernos de izquierda, se introdujeron diversas reformas parciales que fueron dotando de mayor justicia al sistema de jubilaciones y pensiones. De esta manera se amplió la cobertura a personas que habían sido excluidas del sistema previsional, en particular las mujeres de bajos ingresos. Se flexibilizaron instrumentos, así como se realizaron reformas a distintos subsistemas, como las cajas paraestatales, con diferente profundidad y éxito. La muy tímida reforma de la caja militar sirve de ejemplo al momento de ilustrar las restricciones que enfrentó el Frente Amplio al momento de resolver grandes problemas de injusticia en la asignación de los recursos públicos.
Pero volvamos a la reforma planteada por el actual gobierno de coalición de derechas, que se refiere sólo a las jubilaciones y pensiones. Incluso hay que tener en cuenta que dentro de este acotado universo de prestaciones, las propuestas se restringen a algunos cambios paramétricos, en particular en lo que refiere a la edad con la que las personas pueden acceder a una jubilación.
Si la única motivación para la reforma es la de darle sostenibilidad al sistema de jubilaciones y pensiones, el resto de las demandas y necesidades seguirán sin respuesta.
Desde la creación de sus primeros instrumentos, el sistema de seguridad social uruguayo fue logrando establecer una amplia cobertura, a costa de habilitar la adquisición de beneficios y prestaciones de forma dispar, que terminó por moldear las características de un sistema fragmentado y estratificado, con grandes diferencias en la cobertura de las jubilaciones y pensiones entre mujeres y varones mayores de 65 años. Esta reforma sólo profundiza estas diferencias.1
Los varones aún hoy ingresan mayormente al mercado laboral, mientras que en el caso de las mujeres que logran insertarse, trabajan menos horas, tienen mayores interrupciones en su carrera laboral y perciben sueldos menores, por lo que realizan menores aportes a la seguridad social. A raíz de las diferencias en el número de contribuciones que realizan hombres y mujeres a lo largo de su vida, 85% de los varones logran jubilarse, mientras que sólo 65% de las mujeres lo consigue. En el caso de las pensiones la relación es al revés: un poco más de 50% son mujeres, mientras que los varones no llegan a 10%, siendo además el monto de las pensiones considerablemente más bajo.2
Esto deja en claro que se requiere profundizar los instrumentos que logran corregir todos estos errores que se arrastran de todos los años de existencia del sistema y comenzar a pensar para adelante. Uno de los cambios estructurales es complementar la protección con el pilar de los cuidados. El trabajo doméstico y de cuidados es uno de los principales motivos por los que los pisos siguen siendo pegajosos para las mujeres. Tareas que no permiten aún que las mujeres entren al mercado laboral y se desarrollen, porque siguen sin estar representadas en los ámbitos de poder sociales y políticos, porque siguen siendo más pobres y porque carecer de autonomía económica perpetúan situaciones de violencia y estereotipos sobre dónde debe estar el poder.
La expansión del Estado de bienestar constituyó durante los 15 años de gobiernos frenteamplistas uno de los ejes centrales de las políticas implementadas y tiene un camino para seguir recorriendo. Para ello se venían desarrollando diferentes estrategias en este sentido: los compromisos políticos en torno a un porcentaje del producto interno bruto en el caso de la educación; la creación de un fondo específico en el caso de la salud; y la reforma tributaria, base y sustento de la ampliación de la inversión social. Durante el último gobierno ya estaba planteada la necesidad de financiar la universalidad del nuevo pilar de cuidados, imprescindible para que la protección social incorpore la perspectiva de género de manera estructural, apoyando, asistiendo y cuidando a todas las personas que lo necesiten sin importar su edad.
Hacer una reforma de la seguridad social como la que plantea el actual gobierno, que sólo contemple las jubilaciones y las pensiones, es intentar emparchar una red de protección social que necesita ser rediseñada con una mirada mucho más abarcativa, que tome en cuenta aspectos invisibilizados en los que el Estado ha permanecido ausente. Si la única motivación para la reforma es la de darle sostenibilidad al sistema de jubilaciones y pensiones, el resto de las demandas y necesidades seguirán sin respuesta, perpetuando injusticias en vastísimos sectores de nuestra sociedad.
Patricia Cossani es politóloga y fue adjunta en la Secretaría Nacional de Cuidados. Alejandro Zavala es militante de Ir y El Abrazo, Frente Amplio.