El pueblo ecuatoriano decidió por abrumadora mayoría que no se explotaran las reservas petrolíferas del Yasuní, en la Amazonia, debido al impacto negativo de la extracción de combustibles fósiles sobre la biodiversidad, el sustento de las comunidades indígenas y el clima mundial, pero la efectiva implementación de este mandato enfrenta resistencias dentro y fuera del país.
Tan pronto como se contaron los votos, el 23 de agosto la agencia de crédito Moody’s emitió un comentario en el que afirmaba que detener la explotación petrolera en Yasuní y las actividades mineras en Chocó, tal como decidió el referéndum con 59% de los votos, sería un factor negativo para la deuda ecuatoriana. La nota de Moody’s para el país es CAAA3, lo que indica un riesgo alto, y bajarla un escalón supondría una calificación de “default” y aumentaría aún más el tipo de interés que paga el país a sus acreedores.
En la zona que protege el referéndum hay 225 pozos en funcionamiento, que producen unos 55.000 barriles de petróleo al día. Según la decisión popular, Petroecuador tiene un año para cerrar los pozos y desmantelar una central eléctrica, zonas de embarque, 12 plataformas petrolíferas, carreteras y oleoductos.
Dirigiéndose a los líderes indígenas en una conversación privada que filtró a la prensa, el presidente saliente, Guillermo Lasso, anunció el 6 de setiembre que no acatará la decisión del referéndum porque es “inaplicable” y “no es posible cerrar un pozo petrolífero de la noche a la mañana”.
Pedro Bormeo, portavoz de la coalición YASunidos, promotora del referéndum, comentó que “estas declaraciones demuestran claramente las intenciones antidemocráticas del gobierno de Lasso de violar la voluntad popular y agravar aún más la crisis institucional”. Las elecciones generales se anticiparon en Ecuador debido a esa crisis y el mandato de Lasso termina el próximo 25 de noviembre, para ser sucedido por el ganador de la segunda vuelta electoral, prevista para el 15 de octubre.
La amenaza de Moody’s de rebajar la calificación de riesgo de Ecuador por el impacto económico estimado del referéndum es criticada en una declaración conjunta iniciada por ONG locales e internacionales, como el Centro Ecuatoriano de Derechos Económicos y Sociales, la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, Eurodad y el Movimiento de los Pueblos Asiáticos sobre Deuda y Desarrollo. “El poder desproporcionado de las agencias privadas para calificar el riesgo país significa que la autoridad reguladora gubernamental y la toma de decisiones democrática se transfieren al sector privado. Esto puede crear problemas significativos [...] [y] encarecer la financiación del desarrollo en un momento en que es necesaria para hacer frente a la crisis climática y a la crisis económica internacional”.
La declaración promueve un “debate sobre el papel de las agencias de calificación de riesgo y en qué medida sus evaluaciones responden a criterios adecuados y objetivos, dado que pueden afectar a las decisiones soberanas, de forma que limiten las decisiones de transición energética y preservación del medioambiente de los países”. Pide al gobierno ecuatoriano que “defienda la decisión soberana de su pueblo” y exige a la comunidad internacional “explorar alternativas, como un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana frente a acreedores privados” y “la creación de una agencia multilateral de calificación crediticia que pueda contrarrestar el actual monopolio”. Las tres principales agencias de calificación crediticia (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch) controlan casi 95% de las calificaciones crediticias en los mercados financieros.
Cuando el pueblo de Ecuador vota abrumadoramente en referéndum [...] se lo amenaza con disputas de los inversores ante árbitros internacionales que pueden imponer multas multimillonarias y, además, a perder su grado inversor y tener que pagar intereses más altos por su deuda.
La declaración sostiene que “una reforma en la forma de evaluar el riesgo crediticio podría evitar que se penalice a los países que tratan de preservar el medioambiente y contribuyen a la descarbonización mundial”.
Los firmantes “exigen la cooperación internacional para financiar la descarbonización” y condenan la “nueva forma de colonialismo” resultante de “la presión de los países más ricos y de los acreedores privados”, que les obliga a seguir invirtiendo en proyectos extractivos, especialmente de combustibles fósiles.
El contexto en el que el gobierno elegido en octubre debe aplicar el resultado del referéndum es complejo. El candidato de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), el empresario Daniel Noboa Azín, está de acuerdo con no explotar el petróleo del Yasuní porque no ve una pérdida real de ingresos, tomando en cuenta las proyecciones del precio del petróleo. Argumenta que “el promedio [del precio del barril] no pasará de 70 dólares, si se restan los 8 dólares [del diferencial] por ser crudo pesado el ecuatoriano se vende a 62 dólares y el costo del Yasuní es de 58. Si se ganara algo, sería muy poco y aun así hay una posibilidad real, aunque mínima, de contaminación”.
Pero el actual gobierno cuantifica en 1.200 millones de dólares la pérdida anual de ingresos que supondría no explotar el área y la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, dijo que esos millones son muy importantes para la economía. Además, la rescisión unilateral de contratos internacionales expondría a Ecuador a demandas de inversores ante paneles de arbitraje por indemnizaciones estimadas entre 10.000 y 15.000 millones de dólares.
“Ni siquiera tenemos para pagar la sanidad, la educación, el fenómeno de El Niño, ¿qué vamos a hacer ahora si tenemos que pagar miles de millones en indemnizaciones?”, se preguntó en una entrevista radiofónica tras conocerse los resultados del referéndum.
González es la candidata apoyada por el expresidente Rafael Correa, quien propuso hace una década un ambicioso programa para dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra si la comunidad internacional contribuía con la mitad de las pérdidas que sufriría el país por esta aportación a la lucha mundial contra el cambio climático. Como ese apoyo nunca se materializó, Correa decidió iniciar la extracción de petróleo en la zona para financiar la sanidad, la educación y la protección social. Esta decisión, a su vez, le hizo perder apoyos entre indígenas y ecologistas, dividiendo a la coalición progresista y dejando espacio a un neoliberal como el ahora destituido Lasso.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, cuya elección en 2022 jalonó la nueva ola de gobiernos progresistas en América Latina, ha criticado el énfasis de sus predecesores en la exportación de materias primas para pagar las políticas sociales, calificándolas de “extractivismo”.
En su lugar, argumenta, Colombia y la región deben pasar “a una economía productiva que genere mucho más trabajo” y “pueda tener retornos crecientes y no decrecientes, como el petróleo y el carbón, y que esté vinculada a la tierra, necesariamente, al agua, a la agricultura y a la industria del conocimiento”.
Sin embargo, cuando el pueblo de Ecuador vota abrumadoramente en referéndum seguir ese camino, coherente con la responsabilidad climática y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se lo amenaza con disputas de los inversores ante árbitros internacionales que pueden imponer multas multimillonarias y, además, a perder su grado inversor y tener que pagar intereses más altos por su deuda. Estas presiones simultáneas y contradictorias del Norte sobre el Sur Global están en el trasfondo de las tensiones que paralizan al Grupo de los 20, reunido en India, y la cumbre de líderes mundiales en Nueva York, a partir del 18 de setiembre, al abrirse la Asamblea General de la ONU.
Roberto Bissio es coordinador de la red mundial Social Watch.