La redistribución de la riqueza debería asomar como un objetivo central en el horizonte de un futuro gobierno del Frente Amplio (FA). Según el último informe de desigualdad de OXFAM asistimos a uno de los períodos históricos de mayor concentración de la riqueza, expansión de los monopolios empresariales y aumento del poder corporativo en el mundo. Nuestro país no está al margen de esa realidad y la calidad de vida de nuestros ciudadanos depende de empezar a revertir ese proceso y promover la redistribución de la riqueza, la desconcentración de los monopolios y la reducción del poder corporativo.
Redistribuir la riqueza, además de necesario, es legítimo. Su generación es resultado de la interacción social: unos producen, otros venden y otros compran, en esa cadena de vínculos colectivos de producción y comercialización, se genera riqueza. Pero el mercado la distribuye de forma desigual. Y como la generación de riqueza no depende exclusivamente de los atributos personales o el esfuerzo de los individuos en solitario y es necesaria la sociedad para crearla, resulta legítimo y justo promover políticas que la repartan mejor.
Puede haber muchas formas de dar esa batalla. En la organización política donde milito nos concentraremos en la dimensión fiscal, sus problemas actuales y las posibles respuestas para el futuro. Tenemos un sistema de impuestos tosco e injusto. Y además, hay demasiados impuestos, lo que por un lado hace difícil su fiscalización, y por otro, genera una carga excesiva sobre los emprendimientos empresariales micro, pequeños y medianos que —la mayoría de las veces— no tienen margen suficiente para crecer y apenas sobreviven. En Uruguay, impuestos regresivos como el IVA representan más del 50% de la recaudación del Estado.
Empecemos a pensar en un sistema fiscal unificado (un solo impuesto) que grave únicamente los ingresos. Allí entrarían la herencia (que explica más del 90% de la concentración de la riqueza en Uruguay), las ganancias empresariales, los salarios y cualquier otro tipo de ingreso que perciban las personas físicas y jurídicas. Una contribución única verdaderamente progresiva, justa y sencilla de pagar y de fiscalizar. Concentrando las baterías en un control eficiente y reduciendo los costos administrativos que genera el Estado se aliviaría la carga de los chicos y medianos.
Otro problema que tenemos que abordar son las políticas de exoneraciones fiscales que hacen que los ricos terminen pagando proporcionalmente menos impuestos que las personas que trabajan. Hace dos años que los informes de Oxfam denuncian que el megamillonario Elon Musk paga, en proporción, menos impuestos que una empresita vendedora de harina de Uganda. Esto también pasa en Uruguay y terminan siendo los asalariados y los micro, pequeños y medianos empresarios los que cargan con todos los gastos de la vida en sociedad y la fiesta de los ricos muy ricos, que según el libro Los de arriba coordinado por Juan Geymonat, son el 0,1% de uruguayos que tienen más de la mitad de la riqueza financiera uruguaya y casi el 90% de la empresarial.
Otro problema que tenemos que abordar son las políticas de exoneraciones fiscales que hacen que los ricos terminen pagando proporcionalmente menos impuestos que las personas que trabajan.
Vivimos un contexto económico mundial con escasas perspectivas de crecimiento. Los proyectos políticos que se proponen transformar las relaciones de poder en la sociedad, no deberían mirar para el costado, porque ya no habrá posibilidades de repartir el crecimiento económico como se hizo en el ciclo progresista latinoamericano; es tiempo de que los ricos contribuyan conforme a los porcentajes de riqueza de la que se apropian.
En Uruguay deberíamos plantearnos una segunda transformación fiscal que promueva la simplificación y la eliminación de impuestos para los que menos tienen. Un sistema fiscal que grave sustantivamente la riqueza, que tienda a unificar las contribuciones en un solo impuesto basado en los ingresos y que se plantee el objetivo a corto plazo de eliminar el IVA.
Agreguemos una idea más que democratice nuestra contribución impositiva: imaginemos que las personas pudieran sugerirle al gobierno cuáles creen que deberían ser las prioridades y hacia dónde les parecería mejor que se dirigieran sus aportes. Este recurso de “democracia directa” podría ser fuente de legitimidad de un nuevo pacto contributivo, podría funcionar simplemente a través de una aplicación móvil en la cual la persona elige dentro de las áreas del Estado a dónde entiende que debe ir el dinero que aporta. Luego el gobierno rinde cuentas a través de la misma aplicación.
En Rumbo estamos proponiendo un nuevo pacto contributivo y actuar en el diseño de un sistema que permita un mayor aporte de quienes se quedan con más. Lo necesitamos para reactivar al Estado en áreas y actividades clave como la educación, la vivienda, la infraestructura, la seguridad social, la salud y el cuidado del medioambiente. Lo necesitamos para redistribuir la riqueza, para construir una sociedad más justa y esperanzada. Y podemos hacerlo. Un futuro gobierno del FA debería hacer transformaciones estructurales para la justicia y la libertad.
Juan Andrés Erosa es militante de Rumbo de Izquierda y estudiante de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.