El Congreso del Pueblo de 1965 es el elemento sustancial de una ruptura histórica caracterizada por la alta participación popular (“crece desde el pie”), manifestada en la audacia histórica que logró crear un conjunto estratégico que se proponía la “pública felicidad”, sustentada en la ruptura de la dependencia, económica, política, militar, ideológica, del capitalismo estadounidense.
El Congreso del Pueblo constituía una “totalidad orgánica” que incluía al Frente Amplio, para actuar en la superestructura política, y a la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), para actuar en la estructura económica. Posterior a la dictadura, la CNT se conjugó con el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), formando el PIT-CNT.
En su Mensaje al Pueblo Uruguayo, el Congreso del Pueblo denunciaba: “El país se encuentra en una crisis total en lo económico, en lo social, en lo político y en lo moral como nunca en su historia; la inflación y la carestía asombrosa, desatadas por el gobierno actual y los anteriores, han sumido en la miseria del subconsumo al 90% de la población; las sucesivas emisiones, devaluaciones y revalúos agravan hasta límites de desastre esta situación; las industrias nacionales y las producciones agrarias en retroceso reflejan una orientación económica que llevó al país a la bancarrota; la dependencia de nuestro comercio de exportación e importación de los mercados y centros de poder económico imperialista y el sometimiento de nuestra economía a los dictados del FMI hacen que unos pocos compradores extranjeros, apoyados sobre agentes nacionales, sustraigan con sus maniobras monopolistas gran parte del esfuerzo que se realiza en las fábricas, en las chacras o en las estancias; el endeudamiento fabuloso del país en el exterior, obra de los empréstitos irresponsables contratados, es otra soga al cuello de la nación; la previsión, la salud, la legislación social sufren un deterioro creciente y pronunciado; la educación en todas sus ramas se quebranta por falta de fondos; las libertades esenciales y la propia soberanía son afectadas reiteradamente.
Los responsables de esta situación son: las 600 familias latifundistas que poseen la mitad de la tierra laborable y el 70% de las producciones de lana y carne; la banca privada –nacional o extranjera– que ha absorbido al Banco República y controla o usufructúa la mayoría de la industria y el comercio nacional con métodos usureros; los monopolios extranjeros que se llevan del país gran parte de la riqueza nacional, desangrando su economía; toda clase de grandes especuladores, estafadores, contrabandistas e intermediarios que siguen amasando fortunas multimillonarias”.
El golpe de Estado del 27 de junio de 1973 formalizó la dictadura que se había visto precedida por el incremento de la represión, especialmente contra el MLN-Tupamaros. En lo sustantivo, la dictadura se propuso inhibir el fortalecimiento del movimiento popular inspirado en el Congreso del Pueblo, que amenazaba con producir cambios estructurales. Situaciones similares de efervescencia social y política se vivían en todo el Cono Sur, lo que hizo que Estados Unidos desplegara todos sus esfuerzos para ahogarla a través de golpes de Estado. Washington diseñó el Plan Cóndor, que coordinó las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Este proceso histórico de alcance continental confirmó la justeza de la definición del Congreso del Pueblo que situó la “dependencia” como el nudo gordiano de la dominación imperialista, que, con la doctrina Monroe, estableció la consigna “América para los americanos”, entendiendo “América” la tierra que va desde Alaska al Polo Sur y “americanos” a los habitantes de Estados Unidos. Como equivalente a esta doctrina, acuñó el concepto de “América Latina, patio trasero de Estados Unidos”.
En 60 años (1965-2025), la izquierda uruguaya ha virado su posición estratégica 180 grados. Ese viraje refleja el cambio de la correlación de fuerzas en su seno.
La autopercepción de “superioridad” del gobierno estadounidense y la conducta practicada a partir de ella en territorios extranjeros es lo que caracteriza al “imperialismo”, concepto sociohistórico y no adjetivo denostador.
Pese a que la historia nacional e internacional nos ha hecho sufrir en carne propia sus afanes imperialistas, en nuestro medio predominan más sentimientos que razones. Así es como la derecha proclama su alianza incondicional con Washington. Con el Congreso del Pueblo la izquierda, por su parte, definió una nítida política antiimperialista, si bien esta actitud se ha relativizado. Se mantiene más nítida en la base y la fuerza política, y más conciliadora en el gobierno.
Este desfase se ha hecho evidente respecto de la situación palestina. El gobierno de Yamandú Orsi, a través de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, explicó por qué su gobierno no utiliza el término genocidio palestino en el conflicto con Israel; entiende que no existe un ataque a una población y la intencionalidad de hacerla desaparecer, ya sea por su ubicación geográfica, por su religión y demás. Uruguay entiende que el gobierno de Israel no ha configurado aún esa intención.
Las bancadas del Frente Amplio sobre Gaza expresaron “su más firme condena” a las acciones militares llevadas a cabo por el gobierno de Israel y manifestaron su “profunda preocupación” por el agravamiento de las condiciones de vida de los palestinos. En los comités de base del FA y sus votantes aumenta la distancia con la posición del gobierno de Orsi.
En otro orden de cosas, similar actitud expresan los votantes del FA respecto de Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Orsi, que se caracteriza por su carácter ortodoxo, lo que se expresa por la contundencia de su rechazo al impuesto del 1% a los más ricos que propuso el PIT-CNT. Por ejemplo, Oddone sostuvo que en el “debate tributario” es el Poder Ejecutivo “el único que tiene iniciativa”; abogados constitucionalistas consultados sobre el alcance de la disposición cuestionaron esta afirmación. Los abogados Ruben Correa Freitas, Jaime Sapolinski y Martín Risso coincidieron en que la creación de nuevos impuestos no se trata de una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y que los legisladores pueden hacer propuestas de este tipo.
Asimismo, respecto a la propuesta impulsada por el PIT-CNT, afirmó que el impuesto “no se aplica en ningún lugar del mundo”. Sin embargo, de acuerdo con el informe de tasas impositivas sobre el patrimonio neto divulgado por Price Waterhouse Coopers, existe una serie de países que imponen impuestos al gran patrimonio, con sobretasas para aquellas fortunas del estrato superior.
En 60 años (1965-2025), la izquierda uruguaya ha virado su posición estratégica 180 grados. Ese viraje refleja el cambio de la correlación de fuerzas en su seno, que se expresó primero, a la salida de la dictadura, en la ruptura del bloque histórico Frente Amplio-PIT/CNT y en el abandono de la estrategia de ruptura de la dependencia, orientada al cambio de sociedad. El viraje estratégico expresa el predominio actual del Movimiento de Participación Popular (MPP), que ha desplazado al bloque de alianzas tejido por el Partido Comunista del Uruguay (PCU).
Un ejemplo gráfico de ese viraje histórico se refleja en la ideología espontánea de los militantes sindicales de base. En las sucesivas actividades de formación que he realizado en distintos puntos del país, iniciaba la tarea preguntándoles a los asistentes: “¿Creen que ahora podríamos reeditar la huelga larga de 1973, ante el golpe de Estado?”. Primero, surgía la risa generalizada en forma espontánea. “¿Por qué no?”, preguntaba. “Porque no tenemos huevos”, era la respuesta, generalizada. Verdadera síntesis del obstáculo de la izquierda de hoy para que se reencuentre con su tradición de lucha participativa y con alta iniciativa estratégica.
Claudio Iturra es profesor de Historia.