Los tiempos cambian y si la política no se adapta a ellos: la realidad se la lleva por delante. Hacer diagnósticos, como si la realidad fuera la misma de hace unas décadas, hace que la política sea una tarea inconducente. No podemos ignorar que el mundo es otro y hoy atraviesa uno de sus momentos más inciertos de las últimas décadas. Las tensiones geopolíticas entre grandes potencias, las guerras abiertas en distintas regiones y la creciente disputa por los recursos estratégicos están reconfigurando el mapa mundial.
En este escenario, caracterizado por la inestabilidad, las trabas al comercio y la menor fluidez de la inversión extranjera directa, las cadenas globales de valor ya no funcionan como lo hacían hace unos años. El factor de la guerra amenaza la economía mundial, provocando el encarecimiento de recursos estratégicos básicos, como el petróleo.
En esta guerra total, que al principio fue comercial y hoy ya tiene fuertes componentes bélicos, las grandes potencias están reorganizando sus cadenas productivas, protegiendo sectores estratégicos y compitiendo activamente por tecnología, mercados e inversiones. Los capitales internacionales se vuelven más selectivos y cautelosos, y la inversión extranjera, que durante la primera década de este siglo fue un motor de crecimiento, hoy se ve estancada.
Frente a este nuevo escenario, el desafío nos llama nuevamente a mirarnos a nosotros mismos y ver cómo podemos crecer en este nuevo escenario global. Uruguay ha salido adelante siempre que pudo interpretar correctamente el contexto mundial y regional en el que vivía. Supimos progresar cuando no esperamos pasivamente que el desarrollo y el progreso llegara desde afuera. Eso nos enseñó el batllismo, que a lo largo de varias décadas forjó un país industrializado, superando el modelo agroproductor.
Pero venimos de tiempos complejos, porque durante décadas se instaló, no solo en nuestro país, sino en América Latina, la idea de que el crecimiento dependía fundamentalmente de la llegada de inversión extranjera. Como si las posibilidades de desarrollo fueran un ente exógeno que por arte de magia cae sobre nuestras economías, siempre y cuando cumplamos ciertas condiciones como la seguridad jurídica, las facilidades tributarias o la flexibilización laboral.
El rol del Estado: incentivar, empujar y ser socio, pero no necesariamente dirigir
Hablar de un país productivo significa asumir que el desarrollo no es una consecuencia automática del mercado, sino el resultado de decisiones políticas, planificación estratégica y una fuerte articulación entre el Estado, el sector privado, el sistema científico y los trabajadores.
Nuestro país, durante las primeras décadas del siglo XX, tuvo la virtud de tener una clase política dirigencial que entendió que el Estado uruguayo debía ser el impulsor natural de muchos proyectos transformadores. Un país pequeño, con la escala de Uruguay, sin una burguesía nacional, dirigencial e innovadora que tuviera la capacidad de impulsar la creación de grandes empresas nacionales, era un desafío. Por eso el Estado tuvo ese rol fundamental que hoy nos permite tener empresas públicas como Antel, UTE, OSE, etcétera.
Pero hay ejemplos mucho más interesantes que demuestran que ese camino es posible. El modelo de Conaprole es uno de ellos. Nacida del esfuerzo colectivo de miles de productores lecheros, sumado al impulso estatal, la cooperativa logró construir una de las principales industrias exportadoras del país, agregando valor a la producción primaria, generando empleo y posicionando a Uruguay en mercados internacionales altamente competitivos.
Uruguay es un país pequeño y muchos de nuestros sectores productivos están fragmentados en múltiples actores que compiten entre sí en mercados globales dominados por grandes empresas y grandes volúmenes de producción. En ese contexto, la cooperación y la articulación entre productores se vuelven fundamentales. El modelo de Conaprole permitió justamente eso: aglutinar la producción de miles de productores en una única estructura industrial y comercial, capaz de competir en el mundo. Tal vez uno de los desafíos del desarrollo productivo uruguayo sea replicar ese tipo de modelos en otros sectores, promoviendo esquemas que permitan integrar a distintos productores en plataformas comunes de producción, industrialización y comercialización.
En un mundo marcado por la incertidumbre y la disputa geopolítica, apostar al desarrollo productivo nacional no es una consigna ideológica, es un mandato ineludible.
En muchos casos, esto puede implicar avanzar hacia estructuras cooperativas y consorcios productivos, que permitan concentrar la oferta, mejorar la logística y aumentar la competitividad internacional. En un país de escala limitada como Uruguay, competir en soledad muchas veces debilita a los productores. La cooperación, en cambio, puede convertirse en una herramienta poderosa para fortalecer cadenas productivas y posicionar mejor al país en los mercados globales. Todo esto, bajo la impronta de un Estado activo capaz de orientar el crecimiento económico. ¿Por qué no una Conaprole de la carne, una Conaprole procesadora de los productos pesqueros?
Una idea de Pepe
Otro de los desafíos es pensar en nuevas formas de financiamiento para impulsar este modelo productivo. Uruguay cuenta con una importante capacidad de ahorro nacional que, en muchos casos, termina invertida fuera del país. Diversas estimaciones indican que existe una masa significativa de capital uruguayo radicado en el exterior, muchas veces porque no encuentra en el país instrumentos o proyectos que le ofrezcan condiciones adecuadas para invertir.
En ese sentido, una idea planteada por nuestro querido Pepe Mujica allá por 2019 merece ser retomada y discutida con seriedad: generar mecanismos que incentiven el regreso de capitales uruguayos del exterior para ser utilizados en emprendimientos productivos estratégicos.
El Estado no debería gestionar esas empresas, sino participar como socio institucional que aporte seguridad, transparencia y estabilidad. La gestión productiva quedaría en manos del sector privado, que aportaría capital y capacidad empresarial, mientras que el Estado garantizaría reglas claras y control público. Este tipo de asociaciones permitiría canalizar el ahorro nacional hacia proyectos productivos vinculados a la exportación, a la sustitución de importaciones o al desarrollo de nuevos servicios y sectores estratégicos, especialmente en el interior del país.
Más que discutir si el desarrollo debe ser exclusivamente público o exclusivamente privado, tal vez el verdadero desafío sea superar esa falsa dicotomía. La experiencia demuestra que cuando el Estado y la iniciativa privada logran articularse con inteligencia, es posible impulsar procesos de desarrollo duraderos.
Un país productivo es un país que genera trabajo, que distribuye mejor la riqueza y que fortalece su soberanía económica. Es un país que apuesta al conocimiento, que industrializa sus recursos y que piensa su futuro con una mirada estratégica. En un mundo marcado por la incertidumbre y la disputa geopolítica, apostar al desarrollo productivo nacional no es una consigna ideológica, es un mandato ineludible. Es, simplemente, una necesidad histórica para forjar el Uruguay del futuro.
Charles Carrera es dirigente del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.