El nuevo acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue presentado como una oportunidad histórica para Uruguay. Seguramente lo sea, pero detrás de los discursos sobre exportaciones y crecimiento hay una pregunta que el país todavía evita discutir seriamente: ¿qué va a pasar cuando Europa empiece a controlar de verdad cómo producimos nuestros alimentos?
Porque Europa cambió. Y cambió, justamente, después de sufrir durante décadas las consecuencias de un modelo agrícola altamente químico: contaminación de aguas, degradación de suelos y crecientes problemas sanitarios.
Hoy, en gran parte de Europa, ya no se produce de la misma forma que en Uruguay. Los herbicidas no desaparecieron, pero se usan muchísimo menos y de forma mucho más puntual. Hay más rotación de cultivos, más trabajo mecánico del suelo, más control físico de malezas, más cobertura vegetal y mucha agricultura de precisión.
Cuando uno viaja por Dinamarca, Alemania o Suecia y mira los campos desde la ventanilla de un tren, no ve enormes extensiones químicamente quemadas. Ve campos verdes, tierras trabajadas mecánicamente y maquinaria de precisión trabajando sobre zonas puntuales. El uso de herbicidas existe, pero es muchísimo menor por hectárea y muchísimo más controlado.
Uruguay podría descubrir demasiado tarde que su principal negocio depende de algo más que producir mucho y barato; depende de producir confiablemente
Mientras tanto, Uruguay sigue dependiendo de un modelo extremadamente intensivo en agroquímicos y con muy poca capacidad real de control estatal. El Estado uruguayo tiene normas y decretos, pero en grandes zonas rurales prácticamente no existe fiscalización real. Los drones fumigan miles de hectáreas, las aplicaciones muchas veces ni siquiera se reportan y el sistema de inspecciones funciona con recursos mínimos.
Eso no es un secreto. Lo saben productores, técnicos, funcionarios y vecinos rurales.
Hasta ahora, el negocio siguió funcionando, pero el problema es que el principal control quizás ya no venga desde Uruguay, sino desde Europa. Y cuando los europeos controlan, controlan en serio.
No sería extraño que en pocos años comiencen auditorías directas, exigencias de trazabilidad química, monitoreos independientes y controles mucho más estrictos sobre residuos en productos uruguayos. Europa no quiere volver al modelo agrícola que hoy está intentando dejar atrás y, si considera que un país no ofrece garantías suficientes, simplemente endurece las condiciones o cierra mercados.
En ese caso, Uruguay podría descubrir demasiado tarde que su principal negocio depende de algo más que producir mucho y barato; depende de producir confiablemente.
Pero hay otro punto que el país tampoco quiere mirar de frente: el costo sanitario interno. Durante años, Uruguay naturalizó el aumento del uso de agroquímicos como parte inevitable del progreso productivo. Mientras tanto, crecieron también las preocupaciones por contaminación de agua, exposición rural y enfermedades vinculadas a sustancias químicas. Hace tiempo, médicos, investigadores y vecinos vienen advirtiendo sobre el impacto sanitario acumulado, mientras el debate público sigue siendo superficial o directamente incómodo.
Tal vez haya una ironía difícil de aceptar: quizás termine siendo Europa la que obligue a Uruguay a proteger mejor la salud de los propios uruguayos. Si el país no genera conciencia ahora —en el sistema político, en el agro y en la sociedad— puede terminar enfrentando dos crisis al mismo tiempo: una sanitaria y otra económica.
La primera ya empezó silenciosamente. La segunda puede llegar mucho más rápido de lo que creemos.
Miguel Zubieta es técnico agropecuario.
