La reciente aprobación del Plan de Egreso y Titulación para Docentes en Ejercicio por parte de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ha generado debates y cuestionamientos. Sin embargo, para analizar esta propuesta con seriedad, resulta imprescindible hacerlo desde una perspectiva histórica, jurídica y educativa, alejándonos de simplificaciones, prejuicios y falsas dicotomías.
Lo primero que corresponde señalar es que este plan no constituye una innovación aislada ni una ocurrencia de las actuales autoridades. Tampoco puede atribuirse a un partido político en particular.
Quienes conocemos la historia de la educación uruguaya recordamos que ya a comienzos de este siglo el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET) impulsó programas de titulación destinados a profesionales universitarios que ejercían la docencia en la educación técnico-profesional. Posteriormente, estas oportunidades se extendieron a egresados de carreras técnicas terciarias y a poseedores de títulos intermedios universitarios. El objetivo era claro: reconocer la formación disciplinar previa y complementarla con la formación pedagógica y didáctica necesaria para el ejercicio profesional de la docencia.
La búsqueda de mecanismos de titulación para docentes en ejercicio no nació con este gobierno ni con el anterior. Forma parte de una preocupación histórica del sistema educativo uruguayo, que durante décadas ha procurado compatibilizar la necesidad de incrementar la titulación docente con el reconocimiento de trayectorias académicas y profesionales construidas en el ejercicio efectivo de la docencia.
Tampoco puede ignorarse que el propio marco legal vigente obliga a avanzar en esta dirección. La modificación introducida al artículo 69 de la Ley General de Educación estableció que, en educación media, el título habilitante es condición indispensable para acceder a la efectividad en cargos u horas de docencia directa. Pero la norma no se limita a fijar una exigencia. También asigna a la ANEP la responsabilidad de desarrollar acciones tendientes a que los docentes en actividad obtengan el título correspondiente mediante programas diseñados a tal efecto.
Esta disposición fue incorporada al ordenamiento jurídico nacional mediante la Ley de Urgente Consideración, Nº 19.889. Por tanto, la obligación de generar mecanismos de titulación para docentes en actividad no constituye una decisión administrativa discrecional ni una iniciativa coyuntural. Se trata del cumplimiento de un mandato legal vigente que el sistema educativo tenía pendiente desde la aprobación de dicha norma.
Además, corresponde recordar que esta disposición forma parte de un marco legal aprobado por el Parlamento Nacional y posteriormente sometido al pronunciamiento ciudadano, manteniendo plenamente su vigencia. Más allá de las legítimas diferencias de opinión que puedan existir respecto de aquella ley, lo cierto es que el sistema educativo tiene la obligación de cumplir las disposiciones legales que lo rigen.
Sin embargo, existe una razón aún más profunda para respaldar esta propuesta. Se trata de una deuda histórica con la educación pública, los estudiantes y con los propios docentes.
La educación media uruguaya continúa sosteniéndose, en parte, gracias al trabajo de miles de docentes que no poseen título habilitante, muchos de los cuales cuentan con formación terciaria o universitaria, experiencia profesional relevante y años de desempeño efectivo en las aulas. Son docentes que han garantizado durante décadas el funcionamiento de los centros educativos, acompañando procesos de cambio, reformas curriculares, transformaciones institucionales y nuevas exigencias profesionales.
Reconocer trayectorias no significa rebajar exigencias, sino hacer justicia con quienes han dedicado años de su vida a enseñar y fortalecer, al mismo tiempo, la calidad de la educación pública uruguaya.
Durante décadas, el sistema educativo les exigió las mismas responsabilidades, los mismos compromisos y las mismas obligaciones que a cualquier docente titulado, pero no fue capaz de generar, con igual determinación, los mecanismos necesarios para que pudieran acceder a la titulación que hoy se les exige.
Por eso, la discusión no debería transformarse en una controversia de carácter academicista. Lo que está en juego es la capacidad del sistema educativo para resolver una situación histórica que afecta a miles de trabajadores de la educación y que impacta también sobre la calidad institucional de la enseñanza pública.
No se trata de regalar títulos. Se trata de reconocer trayectorias académicas, profesionales y docentes construidas a lo largo de años de trabajo al servicio de la educación pública. Se trata también de valorar y acreditar la formación universitaria, terciaria y técnica que ya poseen muchos docentes en ejercicio, integrándola a un proceso de titulación que preserve los estándares académicos y fortalezca la profesionalización docente. Lejos de debilitar la formación docente, esta propuesta procura ampliar las oportunidades para alcanzarla, reconociendo saberes efectivamente adquiridos y complementándolos con la formación pedagógica que la propia normativa exige.
Particularmente en la educación técnico-profesional, donde históricamente se han desempeñado ingenieros, arquitectos, agrónomos, tecnólogos, técnicos y profesionales de las más diversas disciplinas, esta discusión adquiere una relevancia especial. UTU ha contado históricamente con una de las mayores concentraciones de docentes con formación universitaria, terciaria y técnica superior dentro de la educación pública uruguaya. Buena parte de la riqueza de la educación técnico-profesional se explica precisamente por la incorporación al aula de profesionales provenientes de distintos campos del conocimiento y del mundo del trabajo.
Desconocer esa realidad significa ignorar una de las fortalezas históricas de la educación técnico-profesional uruguaya. La profesionalización docente no se fortalece levantando barreras. Se fortalece generando oportunidades para que más educadores culminen su formación, acrediten sus saberes y obtengan el reconocimiento académico correspondiente.
Más que una innovación, este plan viene a saldar una deuda pendiente con los docentes que sostuvieron el sistema durante años. La deuda es también con los estudiantes que merecen contar con docentes formados y titulados. Y una deuda con la propia educación pública, que necesita avanzar hacia mayores niveles de profesionalización sin desconocer la experiencia, el compromiso y los saberes construidos en las aulas.
Reconocer trayectorias no significa rebajar exigencias, sino hacer justicia con quienes han dedicado años de su vida a enseñar y fortalecer, al mismo tiempo, la calidad de la educación pública uruguaya.
Daniel Devitta es director efectivo en UTU.
