Hace unos días escuché una discusión sobre inteligencia artificial (IA), datos públicos y el futuro digital del país en un simposio organizado por el semanario Búsqueda. Entre quienes participaron estaban Bruno Gili, responsable del programa Uruguay Innova de Presidencia de la República; la vicepresidenta Carolina Cosse, ingeniera y expresidenta de Antel, y otros actores políticos y empresariales vinculados a la transformación digital del Estado. La conversación estuvo dominada principalmente por perfiles vinculados a innovación, infraestructura y desarrollo tecnológico, mientras que prácticamente no aparecieron voces provenientes del derecho, la regulación o la protección de datos.
Lo que todavía no termina de quedar claro es si el objetivo principal de Uruguay Innova apunta sobre todo a modernizar y volver más eficiente al Estado, atraer inversiones tecnológicas vinculadas a IA y data centers, o a construir una estrategia centrada en la protección, gobernanza y soberanía de los datos de los uruguayos. Probablemente existan elementos de todas esas cosas al mismo tiempo. Por eso también resulta importante mirar desde qué perfiles se está conduciendo esta transformación.
La trayectoria de Gili, su director, por ejemplo, está mucho más vinculada a la consultoría estratégica, la innovación como política pública y la articulación entre Estado, empresas y organismos internacionales que al mundo de los derechos digitales, la regulación o la soberanía tecnológica. Y ahí empieza a hacerse más visible otra pregunta: si una transformación de esta magnitud puede quedar conducida principalmente desde una lógica de competitividad, innovación y articulación institucional sin incorporar con igual centralidad miradas jurídicas, democráticas y de soberanía digital.
A lo largo de la conversación aparecieron varias ideas que hoy empiezan a repetirse cada vez más cuando se habla de IA: la necesidad de integrar bases públicas de información, centralizar datos y desarrollar infraestructura tecnológica capaz de procesarlos. En particular, se insistió en que Uruguay tiene una enorme cantidad de datos administrativos y sanitarios dispersos que podrían utilizarse de forma mucho más eficiente si estuvieran concentrados bajo nuevos sistemas de gobernanza digital e infraestructura de Antel.
El argumento es conocido y, en parte, razonable. “Sin datos, la IA no funciona”, dijo Gili, y la posibilidad de utilizar mejor esa información podría mejorar diagnósticos médicos, políticas públicas o procesos administrativos. También sostuvo que “no usar esos datos sería irresponsable con la población”.
Pero, entonces, esta discusión deja de ser únicamente técnica, porque una cosa es mejorar el uso de datos públicos y otra bastante distinta es avanzar hacia sistemas cada vez más centralizados que concentren información sensible de los uruguayos sin una conversación democrática sobre lo que eso implica. La conversación deja de ser solamente cómo modernizar el Estado y pasa a involucrar algo bastante más profundo: qué significa hoy soberanía digital y quiénes deciden cómo se construye.
Durante años, en Uruguay la ciudadanía entendía con claridad qué estaba en juego cuando se hablaba de privatización o control público de Antel y las telecomunicaciones. Eran debates políticos, abiertos y visibles. Hoy, en cambio, muchas decisiones igual de profundas aparecen bajo un lenguaje distinto: gobernanza de datos, interoperabilidad, IA, infraestructura digital. El conflicto parece desaparecer detrás del vocabulario técnico, aunque las decisiones siguen existiendo.
Centralizar información sanitaria, administrativa y biométrica bajo nuevos sistemas tecnológicos no es solamente una actualización técnica del Estado. También implica definir quién administra esos datos, bajo qué criterios pueden utilizarse, qué controles existirán y cuáles serán los límites reales para proteger a la ciudadanía.
El problema tampoco se agota en la promesa de un nuevo data center estatal o en el desarrollo de herramientas digitales como la wallet impulsada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), porque hoy la infraestructura tecnológica no funciona de manera aislada. Detrás de esos sistemas aparecen empresas que proveen chips, software, servicios de nube y herramientas de IA que concentran enorme poder tecnológico y forman parte de disputas geopolíticas cada vez más visibles entre potencias como Estados Unidos y China. Por eso, la discusión sobre soberanía digital ya no pasa solamente por quién es dueño de la infraestructura, sino también por quién provee la tecnología que va a operar sobre esos datos y bajo qué condiciones funciona.
La IA puede generar avances importantes y el Estado necesita discutir cómo modernizarse. El problema aparece cuando decisiones de esta magnitud empiezan a tomarse sin una participación real de la ciudadanía, especialmente cuando involucran información sensible, infraestructura estratégica y nuevas formas de concentración tecnológica.
Si recordamos nuestra historia, los uruguayos siempre discutimos qué hacer con nuestros recursos naturales, con la energía, con las empresas públicas y con la infraestructura estratégica del país. Muchas de esas decisiones incluso se procesaron a través de mecanismos de participación directa como los plebiscitos. Hoy Uruguay empieza a tomar decisiones igual de profundas sobre datos, IA y capacidad de procesamiento tecnológico, aunque gran parte de esa discusión todavía no parece estar ocurriendo de forma abierta en la ciudadanía, en las calles y en la conversación pública del país.
La discusión sobre soberanía digital ya no pasa solamente por quién es dueño de la infraestructura, sino también por quién provee la tecnología que va a operar sobre esos datos y bajo qué condiciones funciona.
Justamente porque se trata de información sensible y de infraestructura cada vez más centralizada, también empieza a ser necesario preguntarse qué garantías institucionales existen para evitar abusos, filtraciones o nuevos mecanismos de vigilancia sobre la ciudadanía, especialmente en un contexto donde Uruguay ya tuvo antecedentes importantes de vulneración de datos públicos.
En 2022 se conoció un hackeo que había afectado en 2020 a la Dirección Nacional de Identificación Civil y expuesto información personal de miles de personas, un episodio que además permaneció sin hacerse público durante dos años. En 2025, se filtró y se puso a la venta una base de datos obtenida de Agesic con información de más de 500.000 uruguayos. No fueron episodios aislados, sino parte de una serie de vulneraciones recientes a sistemas y datos del Estado uruguayo.
Uruguay también va a tener que dar esa discusión porque, cuando se habla de concentrar y procesar los datos personales de los uruguayos, también se está hablando de poder, de derechos y de democracia. Justamente por eso cuesta entender por qué una discusión de esta magnitud todavía no ocupa un lugar más visible en la conversación pública del país, especialmente cuando involucra gobiernos, corporaciones tecnológicas y nuevos organismos creados desde la presidencia vinculados al desarrollo de IA.
Leticia Borrazás trabaja en proyectos de transformación digital en América Latina.
