El senador Pedro Bordaberry presentó la semana pasada un proyecto de ley para el “fomento de la propiedad de la tierra”. Su propósito, definido en el primer artículo, es lograr que las personas arrendatarias de tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC) se conviertan en propietarias. Según la exposición de motivos, la idea es que esto suceda mediante “un proceso ordenado, gradual y preceptivo, de modo que la condición de propietario deje de ser la excepción para convertirse en la regla”.
Se trata de un objetivo esencialmente ideológico, basado en una premisa que ya describió nada menos que Karl Marx: lo crucial para el sistema capitalista es que la tierra no sea un bien común. Por eso las fuerzas conservadoras uruguayas llamaron “sovietización” a la creación del INC, impulsada por Luis Batlle Berres en 1948 y reclamaron, con Benito Nardone a la cabeza, que se garantizara “el sagrado derecho de propiedad privada”. Ya su tío José Batlle y Ordóñez sostenía que la propiedad de la tierra “debe ser de todos, y la entidad que representa a todos es la sociedad”.
Desde el mismo Partido Colorado, pero muy lejos de aquellos batllismos, Bordaberry quiere convertir al INC en un organismo que conciba la condición de colono como un tránsito hacia la de terrateniente, para consolidar “la independencia económica” y un arraigo de las familias rurales que, a su entender, “es cada día más difícil” si no pueden legarle a su descendencia “la certeza de un patrimonio propio”.
El conflicto histórico entre estas dos visiones fue, claramente, la base de las duras polémicas sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del INC el año pasado, que llevó a la oposición a formar una comisión investigadora parlamentaria en la Cámara de Representantes. Las tierras del instituto son solo el 3% de la superficie agropecuaria uruguaya, pero esa pequeña proporción es una espina muy irritante para quienes no aceptan, como Bordaberry, excepciones de “tenencia precaria” al régimen de propiedad.
El fondo de la cuestión
Bordaberry apela a una ficción teórica frecuente sobre la sociedad, planteada desde el liberalismo que no llega, como Margaret Thatcher, al extremo de sostener que la sociedad no existe (“¡No hay tal cosa! –dijo en 1987 la entonces primera ministra de Reino Unido–. Hay hombres y mujeres individuales, y hay familias”). Esa ficción plantea que las sociedades son pactos entre individuos ya constituidos como tales, con una considerable dotación de bienes y derechos “naturales” a poseerlos.
En la vida real, de la organización social surge todo lo que nos define como personas, incluyendo el lenguaje, la producción y reproducción de cultura y, por supuesto, la capacidad de plantear teorías sobre el “contrato social”. Sin sociedad no hay división de tareas para lograr metas colectivas, conquista de derechos ni desarrollo de identidades individuales.
Para la producción agropecuaria, la sociedad organizada provee insumos indispensables no solo a los pequeños productores, sino también a los grandes. Por ejemplo, el desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, la formación para el trabajo calificado y la gestión empresarial, el acceso a riego y la infraestructura vial, la organización del comercio nacional e internacional que permite vender productos y adquirir insumos. También subsidios por diversas vías, asistencia directa cuando hay situaciones adversas y, por último pero con enorme importancia, leyes que consagran el derecho de propiedad heredable sobre un bien social.
Sin todos esos apoyos, ¿qué presunta “meritocracia” ampararía a los grandes productores del agronegocio? ¿Hay algo que solo pueden aprender los herederos de tierras y las personas con riquezas que les permiten comprarlas? ¿La concepción del territorio productivo del país como un bien común debe aplicarse solo a la producción familiar en colonias, casi testimonial y con una larga lista de espera, o es válida también para proyectos en gran escala? ¿Cuál es el mejor modo de garantizar la seguridad alimentaria, la racionalidad en el uso de recursos, la reinversión en el país y la articulación en cadenas estratégicas para la producción de valor?
Un viejo asunto
Las preguntas antedichas desafían nuestra capacidad de imaginar una organización social sustancialmente distinta de la que nos enseñaron a considerar normal e inevitable. Implican cuestionar ideas muy arraigadas acerca de la naturaleza humana, los móviles del esfuerzo y la presunta superioridad de los relacionados con el lucro y la acumulación de capital.
Siempre reaparecen los intentos de descalificar cualquier política de tierras progresista como si fuera un delirio de burócratas montevideanos que nada saben “del campo” y quieren diseñar el progreso desde un escritorio. No se lo decían a José Artigas en 1815, porque nadie dudaba de que conocía profundamente la Banda Oriental, pero lo acusaban de bandolero y anarquista, caudillo de “indios, gauchos y gente perdida”. La gente que aún espera su día.
