Durante años, el sistema cooperativo de vivienda uruguayo convivió con una asimetría que pocas veces se nombra con la claridad que merece: mientras la vivienda promovida para inversores privados goza de exoneraciones tributarias amplias, las cooperativas de ayuda mutua y de ahorro previo, el instrumento habitacional más genuinamente popular que tiene este país, paga IVA sobre los materiales con los que sus propios socios construyen la vivienda que van a habitar.
Esa injusticia va a terminar con la inclusión en el proyecto de Rendición de Cuentas de la exoneración del IVA a la compra de materiales de construcción para el sistema cooperativo de vivienda. Es una medida que celebramos sin reservas, y quiero explicar por qué creo que es, antes que una decisión técnica, un acto de justicia ética y política.
Es justicia porque corrige una desigualdad de trato entre dos modelos de producción de vivienda que el Estado no debería haber tratado jamás de manera diferencial. Y sobre esto último vale la pena detenerse, porque el propio sector privado lo confirma sin proponérselo. Hace pocas semanas, el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, ante un proyecto que buscaba limitar los monoambientes en la vivienda promovida, defendió el instrumento reconociendo abiertamente que esas unidades han sido un gran negocio para quienes invierten en ellas para alquilar. No lo dijo como crítica; lo dijo como argumento a favor de mantener el régimen como está. Pero esa misma frase, leída con atención, confirma lo que las cifras ya venían mostrando: una porción muy mayoritaria de la vivienda promovida no tiene como destino que una familia acceda a su techo propio, sino que un inversor coloque su capital.
El cooperativismo es exactamente lo opuesto: una herramienta de acceso a la vivienda con el Estado como garante, en la que el beneficiario final es siempre y sin excepción quien necesita un techo. Que el segundo modelo haya soportado una carga tributaria de la que el primero estaba exento nunca tuvo una justificación desde el punto de vista de la equidad social y difícilmente pueda sostenerse desde la lógica de una política pública que aspire a ser verdaderamente progresista. Y es justo reconocer cuando tenemos que modificar algún rumbo: gobernar también es corregir.
Es justicia porque va a aliviar directamente la carga financiera de miles de familias cooperativistas en un país donde la relación entre el costo de la vivienda y el ingreso de los hogares está entre las más altas de la región. Cada punto de IVA que se deja de pagar en materiales es, en términos concretos, una cuota más liviana, un préstamo que se devuelve con menos sacrificio, un presupuesto familiar que respira un poco mejor. No es una abstracción fiscal: es plata que las familias de las cooperativas van a dejar de pagar al Estado para poder destinarla a lo que de verdad importa: su proyecto de vida bajo un techo digno.
El Estado no debe administrar solo lo que el mercado le permite: debe gobernar, decidir y, cuando hace falta, plantarse.
Y es justicia porque cumple con un compromiso de gobierno asumido desde el primer día. El cooperativismo, ese movimiento que en plena dictadura demostró que la organización popular podía sostener un derecho cuando el Estado se lo negaba, viene reclamando esta exoneración desde hace décadas. Que el Frente Amplio en el gobierno lo concrete en esta Rendición de Cuentas no es solamente cumplir una promesa de campaña: es la cristalización de un proceso de trabajo sostenido durante este año y medio de gobierno, construido junto con las federaciones de cooperativas en el ámbito de diálogo permanente que mantenemos desde el ministerio con el sector. Esta medida no surge de la nada; surge, en primer lugar, de la lucha del movimiento cooperativo y la organización popular, y surge después de haber escuchado, discutido, construido confianza con un movimiento que durante mucho tiempo sintió que este y otros reclamos quedaban en el cajón de las buenas intenciones. Hoy se traduce en una decisión concreta, y eso es lo que distingue a un proceso de diálogo y participación genuina.
Somos conscientes de que esta medida no resuelve todo lo que el cooperativismo, ni la vivienda en Uruguay, necesitan. Esta exoneración es un paso, un paso que va en la dirección correcta, tomado en el marco de un diálogo que sigue abierto y que demuestra que cuando el Estado decide priorizar políticamente algo encuentra los instrumentos para hacerlo.
Pero esta medida tiene que leerse en un marco más amplio. El cooperativismo no es solamente una política habitacional: es una forma de construir ciudadanía, de organizar a la gente alrededor de un objetivo común, de generar tejido social donde el mercado solo construye unidades para vender. Cada cooperativa que se levanta con menos costos tributarios es un poco más de comunidad organizada, un poco más de gente que aprendió que el esfuerzo colectivo puede vencer obstáculos que en soledad serían insuperables. Eso, en un momento donde la confianza en la política y en el Estado está bajo presión, vale mucho más que el monto de la exoneración.
Pero esta medida, por justa que sea, no puede ser el techo de nuestra ambición. Cada vez que el Estado decide no dejar que el mercado organice en soledad el acceso a un derecho da un paso en una dirección que hay que sostener y profundizar. Mientras el negocio inmobiliario sigue siendo, para muchos, un gran negocio, la pregunta que el cooperativismo nos obliga a hacernos no es solamente cómo seguimos fortaleciendo ese instrumento, sino cómo construimos, con la misma decisión política, otras nuevas herramientas para que los sectores medios que hoy ven la vivienda alejarse encuentren también “su camino a casa”. El Estado no debe administrar solo lo que el mercado le permite: debe gobernar, decidir y, cuando hace falta, plantarse. Esa es la vara con la que queremos que se mida a este gobierno: no por los pasos que da cuando son cómodos, sino por la valentía con la que se anima a disputar todo lo que todavía nos hace falta.
Christian Di Candia es subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y exintendente de Montevideo.
