Hace unos días nos visitó Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). La funcionaria se reunió, entre otros, con el presidente de la República y elogió la marcha de la economía del país. “Que el Fondo Monetario te diga eso es maravilloso”, declaró el primer mandatario luego de la reunión.
La visita, producida en la actual coyuntura de rendición de cuentas, amerita ser analizada a la luz de la historia de la relación de nuestro país con el organismo. La primera carta-intención con el FMI fue firmada por Uruguay en 1960; la última, en 2006. Entre esas fechas, cada uno de los gobiernos de Uruguay firmó una carta-intención, pero en ese último año, como ministro de Economía y Finanzas del primer gobierno del Frente Amplio (FA), Danilo Astori impulsó el pago de la deuda a los efectos de liberar al país de la pesada “tutela” de esa agencia.
En 1983, Ediciones de la Banda Oriental publicó el volumen El FMI y nosotros, en el que escribieron el propio Astori, Walter Cancela, Luis Faroppa y Mario Bucheli. Se analizan allí la carta que firmó la agonizante dictadura de nuestro país con el Fondo y la dependencia que ese documento generó.
En la página 17, Astori escribió: “Como dijo hace poco un funcionario de la institución que estuvo en Uruguay a propósito de las negociaciones de la reciente carta-intención, lo que le interesa al Fondo es que ‘las cuentas cierren’. Nada de discutir la situación de la gente, sus condiciones esenciales de vida, las aspiraciones de todos, lo que queremos hacer con nuestra economía. Lo que interesa es que ‘las cuentas cierren’. No interesa cómo cierran, aunque adoptar esa postura siempre significa que cierran en contra de los mismos, o sea de los más débiles, de los que trabajan. Lo fundamental es cerrarlas, cueste lo que cueste. La economía es un problema de aritmética, no una cuestión social”.
El exministro calificó como “reaccionaria” la actitud de economistas locales que defendían ese modelo: “Reaccionaria por todo lo que ignora. Reaccionaria por sostener que relaciones sociales tan básicas, tan profundas para un país como son las de carácter económico se arreglan sumando y restando. Desconociendo la historia de ese país, y –lo que es todavía más importante– su derecho irrenunciable a tener un destino como comunidad nacional”.
Es cierto que han pasado 43 años desde la publicación de esas palabras y que muchas cosas han cambiado. Pero la idea de que “las cuentas cierren” sigue estando presente, tal vez con más fuerza que hace cuatro décadas. La discusión sobre los recursos destinados a la educación pública en la actual Rendición de Cuentas permite observar hasta qué punto la aritmética continúa imponiéndose sobre las necesidades sociales.
Si partimos del estado en que el actual gobierno recibió el presupuesto educativo (4,7 % del PIB), el cumplimiento de la meta programática del 6% implica aumentar 1,3 % del PIB, cifra que ronda los 40.000 millones de pesos, redondeando en función de las proyecciones de crecimiento de la economía. De ese volumen, para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) corresponderían aproximadamente 25.000 millones, que se sumarían a los más de 110.000 millones que actualmente tiene como presupuesto. Con ese criterio fue que el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP elaboró su proyecto de Presupuesto Quinquenal, de acuerdo con lo establecido en al artículo 220 de la Constitución (se incluyó una estimación conservadora del crecimiento del PIB).
Como se sabe, el Presupuesto Quinquenal del gobierno no movió sustancialmente el volumen con el que contaba la educación. Más allá de reconocer que la situación económica del país con la que se encontró la nueva administración era peor de lo que se esperaba, y también que la emergencia no se solucionó con un ajuste fiscal, hay que señalar que lo obtenido en el presupuesto causó decepción en el conjunto de quienes estamos vinculados a la educación pública.
La decepción resulta aún mayor si se tienen en cuenta las expectativas generadas por lo expresado en la página 40 de las Bases Programáticas 2025-2030 del FA: “Avanzar en la universalización de la educación, con un presupuesto acorde a las necesidades de la población. Por lo tanto, y cumpliendo con el compromiso histórico de nuestra fuerza política, retomaremos el crecimiento de la inversión en educación pública estatal, sobre la base del 6% en educación más el 1% del PIB para investigación y desarrollo, ciencia, tecnología e innovación, garantizando alcanzar esas metas en el período de gobierno 2025-2030. Los citados incrementos sobre esta base tenderán a mayores niveles de justicia social y equidad en la inversión por estudiante”.
El incremento de las asignaciones presupuestales no es un capricho de quienes consideramos que debemos llegar a la cifra que establece como meta el propio programa de la fuerza política que gobierna. Es para dar cumplimiento a las acuciantes necesidades que tiene la educación pública.
En ocasión de la aprobación del magro Presupuesto Quinquenal se nos dijo que las cifras irían mejorando en las sucesivas rendiciones de cuentas. Analicemos la actual: para mantener la idea de llegar en 2029 al 4% del PIB que le correspondería a la ANEP (dos tercios del 6%), el Codicen debería haber solicitado 8.000 millones de pesos. La solicitud que se envió fue de 3.200 millones, mientras que el Poder Ejecutivo envía una propuesta de 300 millones: 3,75 % del que deberíamos haber pedido para mantener la meta del 6% del PIB y menos de 10% de lo que solicitó la mayoría del Codicen. Los consejeros electos no votamos el pedido porque pensamos que deberíamos mantenernos en lo solicitado en el año anterior para el quinquenio.
El incremento de las asignaciones presupuestales no es un capricho de quienes consideramos que debemos llegar a la cifra que establece como meta el propio programa de la fuerza política que gobierna, y que, por otra parte, se reclama desde hace décadas. Es para dar cumplimiento a las acuciantes necesidades que tiene la educación pública y porque se necesitan nuevas figuras que permitan atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que concurren a dependencias de ANEP, que reflejan el escandaloso nivel de pobreza que caracteriza actualmente a esas franjas de nuestra sociedad.
La política de inclusión educativa, que compartimos, exige que los grupos sean más pequeños, y la presencia, en muchos casos, de asistentes pedagógicos, así como la existencia de tutorías y otras formas de apoyo para garantizar la concreción del derecho a la educación de las y los estudiantes. Por otra parte, la desigualdad y los problemas de salud mental, así como la violencia que caracteriza la sociedad actual, exigen en las instituciones educativas la presencia de los llamados equipos multidisciplinarios. También se necesita personal administrativo y de servicio.
La extensión del tiempo pedagógico requiere mejorar la infraestructura con obra nueva y también con una fuerte inyección en el mantenimiento de instituciones que llevan años sin reparaciones o con tratamientos de emergencia que se transformaron en permanentes. Hay que atender la sanitaria, las instalaciones eléctricas, las humedades y, en ocasiones, las goteras, todo lo que configura un cuadro de abandono dramático de una parte importante de los casi 3.000 edificios de diverso porte que administra la ANEP.
Además, hay que prestar atención a la alimentación en la educación media, que ha comenzado con una experiencia exitosa en un número insuficiente de instituciones, por lo que debería escalarse, lo que no será posible con la actual disposición de fondos. En lo que hemos podido observar, la instalación de los comedores en ese nivel educativo ha mejorado la convivencia entre los estudiantes y también entre ellos y los adultos que trabajan en los centros. Dichos comedores son parte esencial en los proyectos de extensión del tiempo de permanencia de los estudiantes en los centros. También es una política compartible el aumento de las becas y el bono escolar, pero no solucionan los problemas de fondo.
Por otra parte, se necesita enfrentar el déficit crónico que arrastra el Consejo de Formación en Educación, pero que se puede extender a otros subsistemas.
No he hablado de temas salariales, porque hay un convenio vigente hasta 2027, pero para los tres últimos años de la actual administración deberá firmarse uno nuevo.
A veces, en aras del realismo político, se entiende que solicitar una cifra muy grande en la Rendición de Cuentas no es conveniente. En ese sentido, opino que para que el Parlamento vea las cosas con realismo tiene que saber todo lo que no podremos hacer si finalmente solo se nos otorgan los fondos que ha previsto el Poder Ejecutivo.
Hay que decirlo con claridad: el presupuesto de la educación no se puede discutir solo con la bandera de la “aritmética”.
Julián Mazzoni es consejero electo por los docentes en el Codicen de ANEP.
