El martes, en una entrevista con la diaria Radio, la criminóloga Ana Vigna, asesora sobre políticas penitenciarias del Ministerio del Interior, confirmó que en el primer semestre del año que viene comenzará a funcionar la unidad de reclusión 27, para personas condenadas por primera vez y a penas de duración relativamente corta. La noticia es alentadora porque apunta a un problema de seguridad pública desatendido por largo tiempo.
Vigna destacó que el 40% de las cerca de 17.000 personas privadas de libertad en Uruguay recibieron penas de menos de dos años. Su convivencia con otras condenadas por hechos más graves, en condiciones muy inadecuadas para los objetivos constitucionales de “reeducación”, “aptitud para el trabajo” y “profilaxis del delito”, es una causa evidente de la alta tasa nacional de reincidencia, del 65% cuando se midió por última vez, en 2023.
La asesora señaló también que la mayor parte de las reincidencias se producen en los primeros meses posteriores a la liberación, y que antes de esta es crucial propiciar una inserción social. De otro modo es más difícil prevenir la recaída, el pasaje a situación de calle o ambas cosas. Corresponde apuntar que la construcción de la Unidad 27 comenzó en el período anterior de gobierno, como consecuencia de un enfoque de la política criminal que, en todos los partidos mayores, convive con su contrario.
En estos días se activó una polémica parlamentaría sobre el proyecto de “justicia terapéutica” presentado por el diputado suplente colorado Rodrigo Martínez. Consiste en un plan piloto de dos años para 40 personas, imputadas por delitos leves y con consumo problemático de drogas. La idea es que puedan acceder, como alternativa a la prisión, a un tratamiento con internación o ambulatorio, y este procedimiento ha sido muy exitoso en otros países para disminuir la reincidencia.
La iniciativa se aprobó por unanimidad en la Cámara de Representantes, pero es cuestionada por el senador colorado Pedro Bordaberry y el nacionalista Nicolás Martinelli. Ambos objetan que se restablezca la posibilidad, derogada por la ley de urgente consideración de 2020, de suspender y terminar anulando un juicio penal si la persona acusada cumple en forma voluntaria, durante cierto tiempo, con determinadas condiciones.
Peor el remedio
En Uruguay, la inseguridad pública se ha ubicado durante muchos años entre los principales motivos de preocupación social según las encuestas. Nuestro país se mantiene entre los más seguros de América Latina, pero su situación viene empeorando desde hace décadas. Es probable que el malestar se deba en parte al tratamiento del tema en los medios de comunicación y por parte de dirigentes partidarios, pero resulta positivo que no haya resignación al retroceso en esta materia. La cuestión es acertar en la identificación de las causas y en las políticas para hacerles frente.
Desde la salida de la dictadura existe lo que los especialistas llaman una tendencia “inflacionaria” en la asignación de penas a los delitos, a menudo centrada en los de mayor impacto coyuntural en la opinión pública. Se ha visto acompañada por iniciativas que la potencian, como las contrarias a las libertades anticipadas y a las medidas alternativas a la prisión, así como los intentos, sin éxito, de disminuir la edad mínima de imputabilidad penal.
Pese a todo eso, crecieron la cantidad de delitos y la alarma ciudadana. Parece obvio que entre las causas principales de los fenómenos que preocupan a tantas personas están el avance del crimen organizado y un deterioro de la convivencia social al que contribuyen problemas culturales, de desigualdad y de falta de oportunidades y perspectivas, sin que el temor a la prisión prolongada sea un contrapeso eficaz.
Contumacias
La “inflación penal” trajo consigo un incremento sostenido de la cantidad de personas privadas de libertad. El hacinamiento y la insuficiencia de recursos materiales y de personal en los establecimientos de reclusión no implican solo una creciente violación de derechos humanos, sino también un fracaso escandaloso en la prevención de la reincidencia, que se vuelve como un búmeran contra los objetivos de seguridad pública proclamados.
Hay, sin embargo, quienes sostienen que el error ha sido no aplicar más “mano dura”, acusan al sistema judicial de incumplir sus obligaciones y presionan para que continúen el aumento de las penas y la construcción de prisiones. Su programa, más o menos explícito, es incrementar aún más la cantidad de personas privadas de libertad, mantenerlas recluidas por períodos más largos o para siempre, y desentenderse de su bienestar porque merecen ser castigadas.
Como ya se señaló, esa manera de pensar, radicalmente opuesta a la que procura la inclusión, está presente en dirigentes y votantes de todos los partidos. Lo relevante para lograr buenos resultados es la relación de fuerzas entre ambas tendencias, en cada fuerza política y en el conjunto de la sociedad.
