El Senado postergó la discusión sobre el proyecto de Justicia Terapéutica, que fue aprobado en la Comisión de Salud este lunes, con los votos del Frente Amplio. El proyecto es una iniciativa del legislador suplente colorado Rodrigo Martínez y fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados a principios de julio.
Según informaron a la diaria fuentes de la bancada oficialista, la decisión se tomó ante la posibilidad de ampliar consensos para fortalecer la iniciativa, por lo que el tema volverá a tratarse en la sesión extraordinaria del 26 de agosto.
El proyecto, de diez artículos, propone la creación de un programa piloto de Justicia terapéutica, por el que unas 40 personas con consumo problemático de drogas, imputadas por delitos leves puedan acceder a un tratamiento como alternativa a la prisión, que podrá concretarse tanto a través de una internación o ser un tratamiento ambulatorio, dependiendo de las definiciones médicas. El programa funcionará por dos años en la órbita del Poder Judicial en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y la Junta Nacional de Drogas.
El objetivo del programa es “reducir el consumo problemático de drogas” que afecta a un 85% de las personas privadas de libertad y evitar la reincidencia, que ronda el 65%. Con base en las experiencias en Argentina y Estados Unidos, se estima que entre los participantes del programa la reincidencia podría caer en el entorno de un 10%.
Para acceder al programa el imputado debe cumplir con las condiciones establecidas por la vía procesal de la suspensión condicional del proceso –no estar siendo condenado por otras causas y ser imputado por un delito que prevea penas mínimas de hasta tres años–, por lo que el proyecto prevé el restablecimiento de ese mecanismo, que fue derogado por la ley de urgente consideración.
Además, el imputado debe dar su consentimiento de querer acceder al tratamiento en el que será acompañado por un psicólogo y un trabajador social que trabajarán en régimen de confidencialidad. Ese proceso será evaluado periódicamente por un juez de ejecución.
Hasta su tratamiento en el plenario de la cámara baja no se encontraron mayores cuestionamientos al proyecto, salvo algunos planteos instrumentales como la necesidad de revisar la conformación del equipo técnico e incorporar psiquiatras o aspectos más hacia el proyecto del plan como la necesidad de cuidar que no se estandaricen los tratamientos o que el piloto pueda expandirse a personas privadas de libertad.
Sin embargo, en la sesión de la Comisión de Salud del Senado del 4 de agosto, el senador colorado Pedro Bordaberry y el nacionalista Nicolás Martinelli hicieron algunos cuestionamientos sobre la propuesta, lo que finalmente derivó en que el Partido Nacional y el Partido Colorado retiraran su apoyo. Entre los puntos planteados por Bordaberry está su discrepancia con que la implementación de un tratamiento funcione en el ámbito del Poder Judicial, y propuso la convocatoria a la Suprema Corte de Justicia para que opine sobre la iniciativa. Además, cuestionó que el proyecto restablezca la suspensión condicional del proceso porque esa vía procesal plantea otras alternativas al tratamiento médico para evitar la privación de libertad.
El exministro del Interior Nicolás Martinelli dijo que no le parece bien que una ley cree un programa piloto y que al mismo tiempo restablezca la suspensión condicional del proceso, debido a que puede no funcionar el programa y quedar como resabio la vigencia de esa alternativa procesal.
Según supo la diaria, cuando la Suprema Corte de Justicia visitó la comisión, planteó, entre otros aspectos, problemas presupuestales y de recursos humanos, además de cierta indefinición procesal en el proyecto, en particular en lo que refiere al rol del juzgado de ejecución y a la audiencia de seguimiento prevista para controlar el cumplimiento del tratamiento, que no tiene etapas y formas definidas. Como ejemplo, mencionaron que en Libertad hay solo un juzgado de Ejecución para todas las personas que están privadas de libertad.
En diálogo con la diaria, Rodrigo Martínez destacó que hay “un ambiente favorable a la discusión” del proyecto e hizo hincapié en la necesidad de que exista “una nueva perspectiva de Justicia para abordar un tema de seguridad y salud mental, para no seguir replicando la reincidencia delictiva y el aumento de la criminalidad”.
Martínez señaló que el Poder Judicial es un actor fundamental en todos los programas de justicia terapéutica del mundo, y agregó que la suspensión condicional del proceso es algo reclamado por todos los operadores judiciales y por la academia, además de ser una recomendación del Comisionado Parlamentario.
El legislador colorado destacó el rol que juega la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, que apoya técnica y financieramente a 14 países que cuentan con programas similares.