Los conflictos por el contrato entre el Estado uruguayo y la empresa española Cardama tienen una dimensión doble. Por un lado, en el terreno jurídico, está todo lo relacionado con la rescisión del contrato y la demanda contra el astillero decididas por el actual Poder Ejecutivo. Por otro lado, están las acciones políticas locales, que lamentablemente alinean a la actual oposición, y muy especialmente al Partido Nacional (PN), con los intereses de Cardama.
La semana pasada, el PN decidió no participar en un encuentro convocado por el presidente Yamandú Orsi para intercambiar opiniones antes de su intervención de este mes, como representante de Uruguay, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La reunión ya había sido acordada, pero las autoridades nacionalistas se echaron atrás, y luego los partidos Colorado e Independiente se sumaron a un pedido de postergar el encuentro que, en los hechos, parece conducir a que solo haya algunas charlas bilaterales.
El motivo invocado por el presidente del Directorio del PN, Álvaro Delgado, y por otros dirigentes de esa fuerza política, fue que el Frente Amplio (FA) había insultado a Luis Lacalle Pou cuando evaluó las conclusiones de la comisión investigadora parlamentaria sobre el caso Cardama.
Delgado habló de “adjetivos” y “agravios denigratorios” contra el expresidente de la República, pero lo que se dijo en la conferencia de prensa realizada por el FA el lunes 24 de agosto fue que Lacalle Pou había sido “el primer responsable político” de la situación investigada “por haber respaldado políticamente todo el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas” a Cardama.
Se hunden solos
El PN sostiene que la actuación del Poder Ejecutivo anterior en ese proceso fue correcta, pero al mismo tiempo considera ofensivo que se le atribuya la responsabilidad que, obviamente, le corresponde. Y no solo defiende a Lacalle Pou: niega incluso que algún otro jerarca del período pasado haya incumplido su deber de defender los intereses nacionales. No quiere, por supuesto, que se hable de corrupción, pero tampoco acepta que hayan existido omisiones, incompetencias o ingenuidades. En esa línea, para negar hasta la posibilidad de que el gobierno de Lacalle Pou haya sido engañado, alega que tampoco actuó mal Cardama y que lo único reprochable en esta historia es la demanda contra esa empresa.
Lo más insólito es que, para exculpar a Cardama, termina cuestionando al gobierno de Lacalle Pou. El contrato que la empresa española firmó con el Estado uruguayo, en diciembre de 2023, estableció que para los conflictos por “asuntos técnicos” se podía apelar a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Francia, y que por cualquier otra controversia sobre “la interpretación, aplicación y ejecución” del acuerdo las partes se someterían “a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Montevideo, Uruguay”.
No es pertinente, por lo tanto, que ahora Cardama quiera dejar sin efecto su compromiso, alegando que lo técnico y lo no técnico son “materias intrínsecamente conexas e inseparables”, con la pretensión de que todo el asunto se dirima en París.
La precaución de asignar competencias a las instituciones uruguayas solo puede ser atribuida a una iniciativa del gobierno anterior. Lo menos que podría hacer el PN es defender lo que dice el contrato firmado durante la presidencia de Lacalle Pou, con Javier García como ministro de Defensa Nacional, y rechazar el intento de darle intervención a la CCI. Sin embargo, da por válido el cuestionamiento de Cardama a lo que acordó con autoridades nacionalistas. A cada paso, aumenta las sospechas en vez de disiparlas.
