La democracia uruguaya ha reajustado los límites de lo posible, y a partir de eso se ha vuelto considerablemente conservadora. A diferencia de las grandes transformaciones que se dieron en el Uruguay de principios del siglo XX, impulsadas por un ejercicio de imaginación radical, hoy es posible constatar que la imaginación política está anémica, y su debilitamiento ha llevado a construir tabúes y a autoimponerse límites que reducen el alcance de lo posible. Lo que denomino el “tabú de los impuestos” ilustra esto en forma paradigmática, ya que todo incremento o generación de nuevos impuestos debe enfrentar una serie de barreras y exigencias de justificación como difícilmente se haya visto antes. A esto cabe agregar que el estrechamiento de las aspiraciones sociales se manifiesta también en la reducción de las transformaciones sociales a meras políticas compensatorias, en particular a transferencias monetarias que son una especie de aspirina para un mal que no es atacado. Ambas situaciones expresan un mismo fenómeno: un reajuste de los límites de nuestro mundo social y, con ello, de aquello que estamos dispuestos a considerar políticamente posible.
Para comprender por qué estos límites tienen tanta fuerza es necesario detenerse en una peculiaridad del mundo que compartimos a través de nuestras acciones, y es que, a diferencia del mundo natural, el mundo social está hecho, en una medida decisiva, de aquello que creemos, aceptamos y justificamos. Hay una diferencia fundamental entre el mundo natural y el mundo social. Podemos ampliar enormemente nuestro conocimiento de la naturaleza y también nuestra capacidad de intervenir en ella, pero las leyes que la gobiernan no se modifican porque cambiemos nuestras creencias acerca de ellas. El mundo social, en cambio, tiene una constitución diferente. Las instituciones, las normas, las prácticas y las relaciones que lo integran existen y se reproducen, al menos en parte, porque hay creencias y justificaciones que las sostienen.
Esta diferencia tiene consecuencias enormes para la vida colectiva. Lo que en una sociedad aparece como posible o imposible, razonable o absurdo, justo o injusto no está establecido de una vez y para siempre, sino que depende del conjunto de razones, creencias, valores y formas de comprendernos a nosotros mismos que hacen inteligible nuestro mundo compartido. Esas justificaciones no solamente nos permiten explicar por qué las cosas son como son, sino que también establecen los límites dentro de los cuales podemos imaginar cómo podrían ser. Justificar un orden social es, por eso, algo más que ofrecer razones para conservarlo; es también delimitar el espacio de las alternativas que podemos concebir frente a él. Por eso, uno de los poderes más importantes que operan en una sociedad es el poder de establecer los límites de lo imaginable.
Hay momentos históricos en que esos límites se hacen particularmente visibles porque se desplazan de manera radical; probablemente el ejemplo más ilustrativo sea la abolición de la esclavitud. Durante buena parte de la historia fue posible considerar que un ser humano podía ser propiedad de otro, y esa relación contaba con instituciones, normas y justificaciones que hacían que pudiera aparecer como parte del orden normal de las cosas. Hoy, por el contrario, la sola idea de que alguien pueda ser propietario de otra persona nos resulta moralmente aberrante. Esto supone una transformación del mundo social dentro del cual esa práctica podía ser considerada justificable.
Algo semejante ha sucedido con la condición de la mujer. Durante siglos pareció natural que estuvieran excluidas de la ciudadanía política, subordinadas jurídicamente a los hombres o privadas de autonomía para tomar decisiones fundamentales sobre sus propias vidas. Muchas de esas exclusiones fueron defendidas apelando precisamente a aquello que una sociedad consideraba natural. Los movimientos feministas fueron modificando esos límites y, al hacerlo, ampliaron de una manera extraordinaria aquello que podía ser legítimamente exigido.
En ambos casos ocurrió algo decisivo: lo que había sido presentado durante siglos como parte del orden natural de las cosas terminó revelándose como una construcción social que podía y debía ser transformada.
Estos ejemplos permiten advertir algo que tendemos a olvidar. Muchas de las cosas que una época considera imposibles no lo son en sentido absoluto, son imposibles dentro de su particular universo de justificaciones. Esto importa porque las justificaciones tienen una relación directa con nuestra imaginación y su alcance. Cuando algunas creencias se encuentran suficientemente arraigadas, no necesitamos defenderlas permanentemente, se convierten en parte del sentido común; comenzamos a organizar nuestras expectativas a partir de ellas y dejamos de percibir como alternativas reales aquellas posibilidades que las cuestionan. De esa forma, el orden social puede llegar a presentarse como si tuviese la misma necesidad que el orden natural.
Es precisamente en este espacio donde la injusticia puede adquirir una de sus formas más persistentes. Una sociedad injusta, además de distribuir de manera desigual recursos, oportunidades, poder o reconocimiento, también limita la capacidad de quienes viven en ella para imaginar alternativas, para comprender ciertas situaciones como injustas y, sobre todo, para reconocerse con derecho a exigir algo diferente. Cuando esto ocurre, la injusticia deja de aparecer como una construcción social transformable y comienza a presentarse simplemente como la realidad.
No necesitamos buscar ejemplos lejanos para advertir este mecanismo, también nuestro presente político está organizado por fronteras de lo imaginable que rara vez reconocemos como tales. En Uruguay, durante las últimas décadas, hemos asistido a un progresivo estrechamiento de aquello que la política considera posible. Los problemas sociales persisten, convivimos con niveles persistentes de pobreza, con desigualdades profundas y con trayectorias vitales extraordinariamente diferentes según el lugar que las personas ocupen en la estructura social. Sin embargo, nuestra disposición a imaginar transformaciones estructurales parece haberse debilitado.
En Uruguay, durante las últimas décadas, hemos asistido a un progresivo estrechamiento de aquello que la política considera posible.
El tabú de los impuestos ofrece un ejemplo especialmente claro. Una herramienta central de cualquier gobierno democrático tiende a ser retirada de la discusión pública, simplemente porque el solo hecho de proponerla comienza a ser considerado políticamente inadmisible. Cuando esto ocurre, nuestro mundo social se estrecha, de tal manera que ese potencial camino de intervención política deja de ser una alternativa para convertirse, poco a poco, en algo que sencillamente queda fuera de lo posible. Se establece así una frontera que una política considerada “responsable” no debería atravesar. Pueden discutirse ajustes, correcciones o modificaciones menores, pero parece haberse instalado un acuerdo previo acerca de los límites dentro de los cuales esa discusión puede desarrollarse. Lo significativo no es solamente el contenido de esa convicción, sino su funcionamiento, ya que estipula qué puede ser propuesto razonablemente y qué queda fuera del horizonte de posibilidades.
La fortaleza de ese límite puede medirse por las condiciones excepcionales que parecen requerirse para desafiarlo. La propuesta de gravar al 1% más rico encuentra su principal justificación pública en el combate a la pobreza infantil. De esta forma, para volver discutible aquello que el tabú ha situado fuera de lo posible no parece bastar con apelar a razones generales de justicia distributiva; es necesario asociarlas a una de las urgencias morales que generan mayor consenso en nuestra sociedad.
Pero hay otro límite del mundo social que me parece todavía más importante, en particular porque se ha impuesto en forma casi imperceptible. Si el tabú de los impuestos restringe los instrumentos disponibles, este segundo límite es todavía más profundo porque restringe los fines mismos de la política. La política uruguaya ha desplazado progresivamente su aspiración de realizar la justicia social pasando de transformar las estructuras que generan injusticia a compensar algunas de sus consecuencias que vulneran los mínimos de dignidad exigibles. Esto se advierte con especial claridad cuando las transferencias dirigidas hacia los sectores más vulnerables son las protagonistas de la estrategia para contrarrestar la pobreza. Discutimos cuánto transferir, a quiénes hacerlo, bajo qué condiciones, mediante qué instrumentos y con qué efectos sobre determinados indicadores. Todas estas son preguntas relevantes, ya que una sociedad decente tiene la obligación de proteger a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y las transferencias de ingresos pueden ser instrumentos relevantes para hacerlo.
El problema comienza cuando esas preguntas sustituyen a otra mucho más incómoda y que es la realmente importante: ¿qué deberíamos transformar para que esas situaciones de vulnerabilidad dejaran de producirse de manera sistemática?
La diferencia es crucial. Cuando la compensación desplaza a la transformación, la injusticia deja de ser lo que la política debe remover y pasa a ser aquello cuyos efectos debe administrar. Una cosa es compensar a las personas por los efectos de estructuras injustas y otra es intervenir sobre las estructuras que producen esas injusticias. Lo primero puede aliviar el sufrimiento, mejorar las condiciones materiales de vida y permitir que muchas personas enfrenten situaciones que de otra manera serían intolerables. Nada de eso puede pasarse por alto, pero una política de justicia no puede agotarse allí.
Uruguay conoce la diferencia entre ambos tipos de intervención. La reforma tributaria iniciada durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud o la creación del Ministerio de Desarrollo Social fueron, con sus virtudes, insuficiencias y problemas, intentos de modificar instituciones importantes de nuestra sociedad. No pretendían únicamente paliar determinadas consecuencias. Aspiraban a transformar las reglas mediante las cuales se distribuían recursos, se asignaban derechos y se garantizaban oportunidades.
La cuestión que debería ocupar el centro de nuestras preocupaciones es preguntarnos por qué hoy resulta tan difícil imaginar transformaciones de una magnitud similar. Tal vez hayamos aceptado demasiado rápidamente que determinadas características de nuestra sociedad constituyen restricciones inevitables. Por esto la preocupación por la pobreza no tematiza las estructuras que la producen, o la búsqueda de reducir la desigualdad no se focaliza en la distribución de riqueza y poder que la reproduce. De esta manera es que hemos terminado administrando una sociedad cuya estructura hemos dejado de discutir.
Ese es, a mi entender, uno de los principales límites de nuestro mundo social; hemos reducido considerablemente lo que estamos dispuestos a imaginar como transformación posible. Los ejemplos históricos nos enseñan algo fundamental: los límites del mundo social pueden ser reajustados y modificados. Una de las tareas fundamentales de la política democrática consiste en resistir que se perciba como inevitable los meros ajustes y modificaciones de lo existente. Una sociedad justa necesita buenos programas sociales, instituciones eficientes y políticas públicas capaces de responder a las urgencias, pero necesita también algo más básico, y es conservar abierta la posibilidad de preguntarse si las reglas fundamentales que organizan la vida colectiva son las que deberían organizarlas.
Ese empobrecimiento de la imaginación no es políticamente neutro. Afecta al conjunto del sistema político, pero alcanza de manera especialmente problemática a quienes llegaron al gobierno prometiendo una sociedad más justa. Si la izquierda renuncia a imaginar transformaciones estructurales, pierde precisamente aquello que históricamente le permitió correr los límites de lo posible. Esto resulta particularmente llamativo en un país cuyo imaginario político fue alimentado por transformaciones que en su momento parecían radicales y que, en más de un caso, convirtieron a Uruguay en un verdadero laboratorio social. Uruguay es difícilmente concebible sin la radicalidad reformista del batllismo y esa es la vara con la que se miden las magras y timoratas intenciones que atestiguamos día a día.
Probablemente el mayor triunfo de una estructura injusta no consista en impedir que intentemos cambiarla, sino en conseguir que dejemos de imaginar que podría ser diferente.
Gustavo Pereira es corresponsable del Instituto de Investigación en Justicia Social y Desigualdades de la Universidad de la República.