El año pasado la Intendencia de Paysandú (IDP) facilitó el velódromo municipal para utilizarlo como refugio para unas 15 personas en situación de calle. Este año, ante la negativa de la comuna, la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la licenciada en Trabajo Social María Inés Firpo, en un caso inusual, dispuso de una casa de su familia, sin costo.
El fallecimiento en la ciudad de Paysandú de una persona en situación de calle hace algunas semanas disparó, en principio, un furibundo ataque de algunos integrantes del Partido Nacional al Mides y la salida a la opinión pública de actores relevantes en el asunto.
El director de Servicios de la IDP, Carlos Batista, señaló que la institución “no cedió el Velódromo por vandalización y violencia, situaciones que fueron públicas”. Una similar posición esgrimió la directora de Promoción Social, Guadalupe Caballero.
En la reciente visita del presidente Yamandú Orsi a Gallinal, el presidente del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), Nicolás Olivera, dio a los medios su punto de vista sobre la negativa de ceder el Velódromo.
El intendente sostuvo que el Mides “debe liderar la respuesta durante la emergencia nacional, articular con las demás instituciones y garantizar que ninguna persona duerma en la calle durante los días de alerta roja”.
“¿Quién puede decir que no es la referencia el Mides? Si uno habla en Uruguay de personas en situación de calle, no piensa en una intendencia, no piensa en la ANEP, piensa en el Mides”, afirmó. Olivera argumentó que el velódromo, que en otros momentos se facilitó, no tiene las condiciones adecuadas. Ese fue su argumento central, pero otros jerarcas dijeron otras cosas.
Al parecer, la IDP tampoco dispondría de otros inmuebles. Para Olivera, la emergencia nacional obliga a fortalecer la coordinación interinstitucional.
La intendencia no es un actor secundario
En un protocolo del Sistema Nacional de Emergencias del 6 de mayo se manifiesta que el sistema evalúa los “espacios provistos preferentemente por los gobiernos departamentales”. El 1° de julio, Batista dio una versión distinta a la del intendente. En una nota publicada en El Telégrafo, expresó que la IDP no cedió tal infraestructura, debido a “los hechos que fueron de público conocimiento e incluyeron vandalización de las instalaciones, situaciones de violencia entre las personas que pernoctaban en el espacio” y “problemas con los vecinos”.
Batista agregó que “la recuperación de ese espacio costó mucho”. Subrayó que el intendente le habría dado los fundamentos a la directora departamental del ministerio. Entiende que la IDP no fue omisa, ya que “colabora con el traslado de las personas y la disponibilidad de vehículos. Ese es un tema saldado”.
Sin embargo, otros actores vinculados con el programa Alerta Roja señalaron que “no era tan así. En general, el ministerio pone el chofer porque la IDP adujo “que se le complicaba pagar horas extras”. “Hay contradicciones todo el tiempo”, dijo la fuente consultada.
Desde fines del año pasado, la IDP fue esbozando la idea de no prestar el velódromo para que fungiera de refugio para gente en situación de calle.
El 30 de mayo, la directora de Promoción Social, Guadalupe Caballero, informaba desde El Telégrafo que “al retorno de la actual administración nos encontramos que el farol velódromo había dejado de cumplir la función de centro referente de esa zona para pasar a la tarea de refugio de personas en situación de calle”.
“Una vez que cesa la alerta, recuperamos ese espacio, que fue destrozado, no solamente el edificio, sino las cañerías e instalaciones de luz”. Por tal situación, “los vecinos se perdieron de hacer los talleres y distintas actividades”.
La funcionaria sumó más elementos al sostener que “seguimos recibiendo denuncias porque a altas horas de la noche, en el lugar donde antes pernoctaban, ahora se congregan personas que siguen en situación de calle ante el refugio [Santa Elena] desbordado”.
Al finalizar la alerta roja del año pasado, “no había comenzado a funcionar el refugio por 24 horas y se había vuelto costumbre que las personas en situación de calle se quedaran alrededor del salón. En la madrugada del viernes 24 de abril, día del funcionario municipal, ingresaron al local por una abertura, rompieron muebles y se llevaron comestibles que son utilizados en los talleres. En el farol hubo que recolocar la reja y poner vidrios en la banderola, además de reponer la materia prima para las clases. Estas situaciones nos llevan a contratar serenos prácticamente las 24 horas, pero ante cualquier descuido vuelven los robos y la vandalización de los lugares donde se realizan distintos talleres durante el día”, agregó Caballero.
Por otra parte, dijo que “es imposible tener un [vigilante] permanente en cada espacio municipal por los costos que implica. Por eso, apelamos al aporte de los vecinos y que llamen al 911 para que nos avisen. En cualquier caso, entendemos que el problema se traslada de lugar porque cuando se van del farol, siguen siendo personas en situación de calle”.
La funcionaria desliza la responsabilidad hacia la gente en situación de calle. Aunque reconoce que, lamentablemente, en otras dependencias de la IDP tienen “la misma problemática”, como es el caso del “farol, comedor y policlínica Chaplin”. Verificó que “allí pernoctan e insultan a los funcionarios cuando ingresan al día siguiente”.
Por esos días se desató una feroz lluvia que inundó a varias familias de ciertas zonas. Y a diferencia de situaciones anteriores, según fuentes institucionales, la IDP no albergó a gente en el velódromo, familias que, a diferencia de la que está en “en situación de calle”, lo hacían transitoriamente. Tampoco ofreció alternativas, siendo que el presidente del Cecoed es el propio intendente departamental y el tema requiere del concurso de una diversidad de actores (Mides, Policía, ASSE, Intendencia, etcétera).
Más allá de esta situación puntual surgida por la imposibilidad de usar el velódromo el año pasado, que de alguna manera se suplieron provisoriamente con la casa que puso a disposición la directora, el Mides cuenta con presupuesto para atender a casi 170 personas en situación de calle al tiempo que procura un nuevo refugio, sustitutivo del Santa Elena.
