Hasta entrado marzo nada se salía del libreto. Polémicas entre el ahora gobierno y la administración saliente del Frente Amplio (FA) en varios ministerios y discusiones por el aumento de tarifas que la administración del saliente Tabaré Vázquez se negó a aplicar, bajo el argumento de que no era necesario.
La discusión se laudó el 11 de marzo, cuando el nuevo gobierno anunció dichos aumentos y además redujo dos de los cuatro puntos de descuento de IVA que se aplicaban para las tarjetas de crédito y débito.
El mismo día, el gobierno emitió el llamado decreto de “austeridad fiscal” (90/020) que limitaba el máximo de ejecución presupuestal a 85% en los ministerios y establecía restricciones para la renovación de vacantes y contratos durante todo 2020. La normativa fue polémica desde el inicio (al igual que sus excepciones) y trajo aparejados muchos debates y conflictos en el sector público.
- Leé todas las notas de la edición especial de fin de año
Estas discusiones, que por entonces generaron fuertes críticas desde la oposición, pasarían a un segundo plano tan sólo dos días después, cuando se detectaron los primeros cuatro casos de coronavirus en Uruguay. Luego de eso ya nada volvió a ser igual.
A la vez que el país se paralizó a través de un confinamiento voluntario masivo, la economía cayó abruptamente, apareció un sinfín de ollas populares por todo el país y más de 176.000 trabajadores fueron a seguro de paro en marzo y abril. Mientras tanto, gobierno y oposición continuaron con sus choques, ahora sobre las medidas económicas y sociales para paliar los efectos de la crisis.
Para definir medidas sanitarias sobre cómo contener el avance de la pandemia hubo otro tipo de consensos, y a eso ayudó que el gobierno creara a mediados de abril el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). Este cuerpo comenzó a funcionar en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y terminaría resultando un actor clave a la hora de enfrentar la pandemia.
Mientras, la vida política del país seguía. El 9 de abril el gobierno dio a conocer una segunda versión del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) –el primero se había hecho en enero– y el 23 de ese mes lo introdujo en el Parlamento para que comenzara a ser tratado por el Senado. Esto le valió las críticas del Frente Amplio (FA), que consideró que si bien la iniciativa había sido anunciada por Lacalle Pou ya desde la campaña, las prioridades del país habían cambiado.
Olla popular en Agraciada y Zufriategui, en el barrio Paso Molino. El 5 de octubre
Foto: .
Conforme pasaron los meses, la situación de la pandemia fue mejorando al punto de que a lo largo de junio Uruguay llegó a tener apenas 12 casos activos y no registró nuevas infecciones por algunos días. Para ese momento la mayor preocupación eran los brotes en centros de salud y en algunos departamentos fronterizos como Rivera y Treinta y Tres.
A nivel político, la LUC fue mutando en algunos de sus aspectos –por ejemplo, quedó por el camino la desmonopolización de los combustibles–, y si bien la oposición no votó la norma, sí acompañó algunos artículos.
Con esa ley ya aprobada comenzaron a aparecer los primeros temblores dentro de la coalición. Una serie de hechos terminaron con la renuncia de Ernesto Talvi primero como canciller de la República y luego al Senado y a la actividad política. El resultado fue la llegada del embajador Francisco Bustillo al Ministerio de Relaciones Exteriores, que le dio a Lacalle Pou una influencia mucho más directa sobre un área clave del Estado.
El otro hito legislativo del gobierno fue la aprobación de la ley de presupuesto quinquenal, que puso nuevamente a prueba la coalición de gobierno y llevó más de cuatro meses. El proyecto final incluyó sorpresas como la eliminación del monopolio de la venta de combustible en puertos y aeropuertos, y desde el FA se sostuvo que se abrió la puerta hacia la efectiva desmonopolización que meses atrás había sido dejada de lado durante el tratamiento de la LUC. Además de la discusión de la política económica del gobierno, el debate también estuvo marcado por los intentos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de hacerse con la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que terminó derivando en un acuerdo entre el gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo.
En el medio del tratamiento presupuestal, las aplazadas elecciones departamentales dieron lugar a una nueva configuración del esquema político del país. Los blancos salieron fortalecidos de la contienda. Recuperaron tres gobiernos departamentales y no perdieron ninguno. El FA, a pesar de haber sido derrotado en tres departamentos que gobernaba (Paysandú, Rocha y Río Negro), logró retener los más importantes, Canelones y Montevideo, en este último sobradamente frente a toda la coalición multicolor, que estrenaba su alianza explícita bajo el paraguas del Partido Independiente con la candidatura única de Laura Raffo. Carolina Cosse, quien había sido derrotada por Daniel Martínez en las elecciones internas el año anterior, esta vez venció al ex intendente y lo dejó por fuera de su aspiración de ser reelegido. En la disputa frenteamplista tampoco pudo con la ex ministra de Industria el médico Álvaro Villar, que se ubicó en segundo lugar. El resultado de las elecciones fue un poco más agrio para el Partido Colorado, que debió contentarse con mantener el gobierno de Rivera, y absolutamente amargo para Cabildo Abierto, cuyo caudal electoral fue muy inferior al de las elecciones nacionales.
Marcha en bici No a la LUC, afuera del Palacio Legislativo. El 30 de abril.
Foto: .
Una vez concluida la votación de las departamentales, el Senado decidió no dar lugar a la suspensión de los fueros del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en una sesión que meses atrás hubiera sido impredecible. Mientras que el sector colorado Ciudadanos votó favorablemente al desafuero junto con el FA, Manini Ríos, que durante la campaña dijo que votaría a favor, cambió su postura argumentando que la izquierda quería impedir luego su reingreso a la cámara.
Días después, los ex presidentes Julio María Sanguinetti y José Mujica dieron el toque conciliador del año con un abrazo al renunciar de forma conjunta a la Cámara de Senadores.
Mientras el Parlamento continuaba avanzando en la negociación del presupuesto y el gobierno daba a conocer las primeras auditorías de los gobiernos frenteamplistas –sin grandes revelaciones–, comenzaba a fermentarse en la izquierda política y social la idea de llevar a referéndum la LUC o al menos buena parte de su articulado.
La primera propuesta formal nació del PIT-CNT, que luego debió discutir en la Intersocial –un conjunto de organizaciones y colectivos sociales que comenzaron a articular declaraciones y medidas conjuntas este año– si se debía derogar toda la ley o sólo parte de ella. Esta ardua negociación tuvo tal magnitud que no fue posible llegar a un acuerdo con todos los integrantes de la intersocial, aunque sí con sus organizaciones más numerosas. A su vez, el FA también dio su debate y debió replegarse a lo resuelto por la Intersocial en aras de buscar acuerdos con el movimiento popular, aunque ello implicó proponer la derogación de algunos artículos que sus propios legisladores habían votado. La campaña de recolección de firmas se lanzó oficialmente recién esta semana.
Para el FA, uno de los hechos más importantes ocurrió en diciembre, con la muerte de quien empezara el año siendo presidente, Tabaré Vázquez. El ex mandatario fue una figura relevante en la izquierda hasta sus últimos días, incluso en la definición de la futura presidencia del FA, y su masiva despedida a pesar de las restricciones sanitarias muestra el valor que tuvo tanto para la fuerza política como para el país.
A la par de estos acontecimientos, el tema que había marcado el año comenzaba a complicarse definitivamente. Sin demasiadas alarmas, a mediados de octubre el país superó el récord de casos activos de covid-19 que había alcanzado al inicio de la pandemia. A partir de allí la expansión del virus fue tomando una tendencia creciente, que a principios de noviembre se tornó exponencial y no pararía hasta fines de diciembre.
Seguidores del ex presidente Tabaré Vazquez, frente a su casa.
Foto: .
El 22 de octubre el país alcanzó el “nivel amarillo” de la escala de Harvard, que indica que existe al menos un caso cada 100.000 habitantes. El martes 17 de noviembre Uruguay superó por primera vez los 100 casos diarios de covid-19. De ahí en más la situación sanitaria se fue deteriorando progresivamente hasta llegar a los niveles actuales. El 15 de diciembre Uruguay alcanzó el nivel “naranja”, con más de diez casos positivos cada 100.000 habitantes, y Montevideo llegó a la zona roja (más de 25 casos por 100.000 habitantes) el 22 de diciembre.
Los intentos de contener esta ola se dieron en varias etapas. El 5 de noviembre los integrantes del GACH comunicaron que sería bueno que el país volviera a la zona verde antes de las fiestas de fin de año, pero para el 1° de diciembre la situación estaba mucho más deteriorada. Ese día, Lacalle Pou anunció una serie de medidas para frenar la propagación del virus: entre ellas, el aumento del teletrabajo en las oficinas públicas, el cierre de bares y boliches a medianoche y la prohibición de la actividad deportiva en espacios cerrados, que incluyó los gimnasios.
Las medidas no surtieron efecto. El 16 de diciembre Lacalle Pou hizo otra conferencia para anunciar el envío de un difuso proyecto de ley, tratado en días en el Parlamento, que facultó al Poder Ejecutivo a dispersar aglomeraciones, endureció el cierre de fronteras, incluso prohibiendo la llegada de uruguayos desde el exterior, y mantuvo la mayoría de las medidas anunciadas 15 días atrás.
Con dos departamentos en nivel rojo (Montevideo y Rivera) y jornadas con hasta 754 casos nuevos de covid-19, sin un plan de vacunación y con una economía que fue duramente golpeada y todavía no termina de recuperarse, Uruguay ingresa a 2021 con muchas más incógnitas que las que tenía hace un año cuando la principal incertidumbre era política y pasaba por la novedad de un nuevo gobierno no frenteamplista.